La “Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria” y la “plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales, Berri-Otxoak” denuncian ante la oficina de Lanbide en el barrio bilbaino de Miribilla los recortes y la criminalización en el acceso a los derechos sociales.
«Vacunación» en Barakaldo contra el virus de los recortes sociales. Desde hace un mes, en concreto el miércoles 6 de noviembre, y durante como mínimo 4 meses, no se tramita ya ninguna ayuda de emergencia en Barakaldo ante los servicios sociales municipales.
Lanbide asfixia los derechos sociales de las personas trabajadoras más empobrecidas. Representación del “estrangulamiento de los derechos sociales” que asisten a las personas que peores condiciones laborales tienen.
Lanbide criminaliza la pobreza y recorta prestaciones sociales
El Servicio Vasco de Empleo ha implementado una nueva medida que busca criminalizar y estigmatizar a quienes perciben prestaciones sociales; además de promover los registros de la Ertzaintza en los hogares de las familias perceptoras.
El Gobierno Vasco recorta a 8.030 personas trabajadoras en 100 euros su prestación mediante los recortes aplicados por Lanbide a los incentivos al empleo de la RGI. Lanbide sigue con su política de recortes al modificar la fórmula de cálculo de las cuantías de los denominados estímulos al empleo: 8.000 personas trabajadoras empobrecidas percibirán 100 euros mensuales menos aun estando en la misma situación de precariedad que hace un mes.
Desnudos ante el Gobierno Vasco en denuncia de la criminalización de la pobreza y por la aplicación de la Ley Mordaza a quienes denuncian los recortes sociales y el despilfarro en gasto militar.
Kakitzat.- En un contexto de crisis económica e incrementos alarmantes del coste de la vida la propuesta del Gobierno Vasco es impulsar la criminalización de la pobreza y aplicar la Ley Mordaza a los colectivos que denuncian las insuficientes partidas para sanidad, educación, vivienda o prestaciones sociales.
Organizaciones vecinales y sociales de Bizkaia se manifiestan en el “Día Internacional contra la Pobreza”
Sin duda nuestras compas de Berri Otxoak sintetizan en tres movilizaciones el momento en el que estamos viviendo. Unos servicios sociales "raquíticos" y saturados, unos equipos de gobierno de cualquier institución, bien local, provincial, autonómica, etc.. que recorta y recorta mientras sus sueldos son desorbitantes y como guinda de este “pastelón” está la criminalización de las personas excluidas hasta límites inconcebibles. Al final cuanta razón tienen, “no hay tanto pan para tanto chorizo”.
El Gobierno Vasco -en base a sus diferentes reformas y aplicación de las Leyes aprobadas el pasado año sobre el acceso a las diferentes prestaciones sociales existentes en la Comunidad Autónoma-, ha acordado este año recortar el acceso a las ayudas de emergencia.
La plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales Berri-Otxoak protesta ante la “inocentada” de los recortes sociales.
Protestan en pañales ante el Gobierno Vasco en denuncia de la criminalización de la pobreza y por la aplicación de la Ley Mordaza a quienes denuncian los recortes sociales y el despilfarro en gasto militar y obras faraónicas.
Etxebide dificulta el acceso a la vivienda a las familias precarizadas y empobrecidas.
El Decreto que desarrolla la Ley de Vivienda en la CAV contempla un importante recorte en el acceso a las prestaciones destinadas a pagar el alquiler.Desaparece la Prestación Complementaria de Vivienda de Lanbide y las Ayudas de Emergencia de los servicios sociales para instaurar una única ayuda para el alquiler: la Prestación Económica de Vivienda.
Protesta ante la decisión del Gobierno Vasco y Lanbide de continuar con su campaña de criminalización de la pobreza.
Lanbide, el “Guantánamo de los derechos Sociales”
Lanbide está imponiendo, a través un cuerpo policial como la Ertzaintza, el acceso al domicilio de las personas solicitantes o titulares de las prestaciones sociales. Sin orden judicial o amparo legal se está irrumpiendo en la totalidad de hogares, comprobando enseres y llegando hasta revisar armarios y cuartos de baño.Una veintena de familias barakaldesas pensionistas, desempleadas o con empleos en precario han sufrido ya este atropello y vulneración de derechos.
