Concentración ante la Delegación del Gobierno Vasco en Bilbao en denuncia de los recortes contemplados en el anteproyecto de modificación de la actual legislación de la RGI; la cual recorta derechos y endure requisitos de acceso a la RGI.
ARGITAN, (Centro Asesor de la Mujer de Barakaldo y Berri Otxoak), nos hemos concentrado para denunciar la situación por la que atraviesan dos vecinas de Barakaldo, alojadas en precario en un refugio para mujeres víctimas de violencia machista, una de ellas lleva ya más de 8 meses, y ambas no han recibido ninguna propuesta de acceso a una vivienda digna a pesar de su situación.
Nos hemos concentrado esta mañana para exigir que se retire el nuevo borrador de la ley por la que se sustentara la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Personas «viviendo» en estancias de cartón denuncian los nuevos recortes que promueve Idoia Mendia, Consejera de Empleo y Trabajo, en la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).
Denuncia de los recortes que sufren mujeres con menores a cargo
Hemos instalado varios retretes y cien rollos de papel higiénico ante la oficina de Lanbide en Beurko para denunciar la instrucción emitida por la consejera de Trabajo y Empleo Idioa Mendia.
Activistas marcharon desnudas en un barril desde la Delegación del Gobierno Vasco hasta la Tesorería General de la Seguridad Social para denunciar las demoras, burocracia, trabas en el acceso y recortes que aplican ambas administraciones a las familias solicitantes del IMV.
Una mujer barakaldesa víctima de violencia machista con tres hijos menores será desahuciada dentro de un mes por el Gobierno vasco. Nuevamente se comprueba que es papel mojado el supuesto protocolo anti-desahucios acordado en 2013 y actualizado en febrero de 2019, creado a raíz del suicidio de la vecina de Barakaldo Amaia Egaña cuando iba a ser desahuciada.
Argitan y Berri-Otxoak denuncian el intento del Gobierno Vasco de desahuciar en Barakaldo a una mujer con cuatro hijos víctima del machismo.
Colectivos sociales, asociaciones de mujeres y agrupaciones feministas piden el amparo del Ararteko ante la vulneración de derechos que supone una instrucción de Lanbide.
Protestan desnudos ante Gobierno Vasco por los recortes sociales y el despilfarro en gasto militar y obras faraónicas. En un contexto de crisis económica y socio-sanitaria producto de la pandemia del Covid-19; el anteproyecto de presupuestos elaborado por el Gobierno Vasco para el año 2021 contempla insuficientes partidas presupuestarias para sanidad, vivienda, prestaciones sociales y educación. Se mantienen los recortes en la cuantía de la RGI establecida por normativa o el recorte de 33 millones de euros para el área de vivienda. Las partidas presupuestarias destinadas a las obras del tren de alta velocidad (TAV) suponen un desembolso de 294 millones de euros para el conjunto de la CAPV y otros 58 para el ramal guipuzcoano. A sumar los 100 millones de euros en subvenciones a la industria militar vasca.
Estos últimos días hemos conocido con gran consternación la propuesta de presupuestos para el 2021 del gobierno central, tanto para la Comunidad Autónoma Vasca como para la Comunidad Foral de Navarra. De los 570 millones de € destinados a la CAV, al TAV van destinados la friolera de 294, es decir el 51,5 %. En cuanto a Navarra, de los 87 millones de € presupuestados 62 millones de € van al TAV, es decir el 62,67 %.
Denunciamos la actitud del Servicio Vasco de Vivienda Etxebide y Lanbide por negar protección y ayuda a una mujer maltratada. El caso, con sentencia judicial por violencia de género y medias de protección a la víctima, ha motivado una resolución del Ararteko. Etxebide niega a la mujer su inscripción en el registro de solicitantes de vivienda protegida y, como consecuencia, Lanbide reclama a la víctima 3.800 euros.
Berri-Otxoak reclama servicios sociales presenciales en lugar de virtuales del mismo modo que funcionan los supermercados. La plataforma contra la exclusión social exige al Ayuntamiento que ofrezca atención en persona a los ciudadanos sin recursos y sin conocimientos de informática. El Consistorio pretende que familias en situación de pobreza gestionen por internet las ayudas sociales. Berri-Otxoak reclama un plan de contingencia y recursos económicos extraordinarios por parte de las instituciones para atender a las familias que sufren precariedad y pobreza.
Hace años hubo una campaña para promocionar la CAPV que decía “Ven y cuéntalo”. Hablaba de las montañas, el paisaje y la gastronomía vascas que sin duda son, en su mayoría, estupendas. Esta semana, por desgracia, muchas personas han aprendido que todos los montes vascos no son idílicos y algunos son literalmente basura.
Se ha desarrollado una concentración ante la vivienda que el Gobierno Vasco pretende desahuciar a una mujer con dos niños víctima de violencia machista. Ni el Ayuntamiento ni el Ejecutivo autonómico han ofrecido una solución a la familia.
El martes 26 de noviembre comienzó el plazo para la decisión judicial del día de desalojo, a dictaminar por el juzgado de primera instancia de lo civil de Barakaldo.
Cada semana se producen una media de cuatro desahucios en Barakaldo, localidad que ya acumula más de 1.500 desahucios desde que, el 9 de noviembre de 2012, se quitara la vida la vecina Amaia Egaña cuando la comitiva judicial procedía al desalojo de su piso.
La justicia condena en 244 ocasiones a Lanbide por su política de recortes y malas prácticas. Son 244 resoluciones contrarias a los intereses de Lanbide en el periodo de los últimos 30 meses, hasta junio de 2019.
En el primer semestre de 2019 se ha registrado cada mes cerca de una decena de sentencias contrarias al Servicio Vasco de Empleo. Ante esta evidencia Lanbide debe cesar en su dinámica de recortes y criminalización de las familias en situación de pobreza.
