«Vacunación» en Barakaldo contra el virus de los recortes sociales. Desde hace un mes, en concreto el miércoles 6 de noviembre, y durante como mínimo 4 meses, no se tramita ya ninguna ayuda de emergencia en Barakaldo ante los servicios sociales municipales.
Decisión que se adopta en una localidad donde el 10,1% de los hogares sufren situaciones de pobreza grave, 2.000 familias son atendidas por el Banco de alimentos y 100 personas duermen en sus calles
Acuerdo ilegal y que contraviene la normativa actualmente vigente
Personas ataviadas con vestimenta médica, estetoscopios, jeringuillas gigantes e instrumental quirúrgico instalarán un hospital de campaña ante el edificio consistorial para, de este modo, “prevenir y vacunar a las familias barakaldesas contra la lacra de recortes a las ayudas de emergencia”.
Hay que tener en cuenta que desde hace un mes, en concreto el miércoles 6 de noviembre, y durante como mínimo 4 meses, no se tramita ya ninguna ayuda de emergencia en Barakaldo ante los servicios sociales municipales.
Decisión que se adopta en una localidad donde el 10,1% de los hogares sufren situaciones de pobreza grave, 2.000 familias son atendidas por el Banco de alimentos y 100 personas duermen en sus calles
Acuerdo ilegal y que contraviene la normativa actualmente vigente. La “Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”; la cual regula las garantías mínimas que corresponden a la ciudadanía respecto a sus relaciones con las instituciones. Reconoce como derechos de las personas en sus diligencias con las Administraciones Públicas el poder comunicarse sin un límite de tiempo, pudiendo establecerse esta relación en cualquier momento de los 12 meses del año.
Las personas concentradas han exigido, a la alcaldesa Amaia del Campo y al concejal de Acción Social Mikel Antizar que «reviertan su actual política de recortes, sean consecuente con la situación que vive la localidad, garanticen los derechos y necesidades de todas las familias del municipio y cumplan las leyes que amparan a la población más vulnerable en materia de vivienda, salud y cobertura de sus necesidades más básicas».
Movilización contra los recortes en el contexto del “Día de los Derechos Humanos”
Lanbide sigue con su política de recortes al modificar la fórmula de cálculo de las cuantías de los denominados estímulos al empleo: 8.000 personas trabajadoras empobrecidas percibirán 100 euros mensuales, menos aún estando en la misma situación de precariedad que hace un mes. Además, implementa una nueva medida que busca criminalizar y estigmatizar a quienes perciben prestaciones sociales: el buzón “antifraude”; además de promover los registros de la Ertzaintza en los hogares de las familias perceptoras.
Lanbide vulnera los derechos humanos
Berri-Otxoak, Plataforma contra la precariedad, la pobreza y en defensa de los derechos sociales, realiza una protesta en el contexto del “Día de los Derechos Humanos” ante la Delegación del Gobierno Vasco en Bilbao en denuncia de la campana de criminalización y recortes que aplica Lanbide a miles de personas empobrecidas, con empleos precarios y salarios de miseria.
Lanbide vulnera los derechos humanos al seguir con su política de recortes, tanto al recortar las cuantías de los incentivos al empleo como aplicar, además, nuevas medidas que buscan criminalizar y estigmatizar a quienes perciben prestaciones sociales.
Lanbide modifica la fórmula de cálculo de las cuantías de los denominados estímulos al empleo, esto supondrá recortar a 8.030 personas trabajadoras con empleos en precario 100 euros mensuales en su prestación, cuando éstas se encuentran en la misma situación de precariedad laboral.
Lanbide aplica, además, nuevas medidas que buscan criminalizar y estigmatizar a quienes reciben prestaciones sociales, como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Las últimas iniciativas del Gobierno Vasco para criminalizar a las familias en situación de pobreza son un «buzón antifraude» y promover los registros de la Ertzaintza en los hogares de las familias perceptoras de prestaciones sociales.
El «buzón antifraude», y los registros de la Ertzaintza, vinculan a las familias perceptoras de prestaciones sociales con el fraude, a pesar de que, según datos del propio Gobierno Vasco, éste es prácticamente inexistente, con una tasa del 0,2%.
Ante esta situación y para denunciar la imposibilidad de llegar a fin de mes y los recortes sufridos por las personas trabajadoras precarias y empobrecidas exigimos al Gobierno Vasco la defensa de los derechos humanos y el cese inmediato de sus políticas de recortes y la criminalización de la pobreza.