Colapso en los servicios sociales
Protesta contra la demora en la apertura del plazo de solicitudes a las Ayudas de Emergencia Social (AES) en Barakaldo. 3.200 familias barakaldesas llevan esperando más de cuatro meses el día que dé comienzo el plazo de solicitudes para acceder a las ayudas de emergencia en la localidad.A este retraso se añade la demora del procedimiento (atención, apertura de expediente, tramitación y concesión) que puede superar los siete meses hasta la percepción de la prestación solicitada.
Decimocuarta “txorizada popular contra los recortes” coincidiendo con las fiestas populares del barrio barakaldés de San Vicente. 3.000 familias llevan esperando más de tres meses para poder solicitar una ayuda de emergencia social en Barakaldo. 
Cero grados y lluvia continua: el invierno alcanza a un centenar de personas en Barakaldo durmiendo en la calle. Barakaldo no garantiza unos mínimos recursos sociales a las personas sin hogar del municipio: 100 personas malviven en las calles de Barakaldo debido a la nula voluntad política municipal para garantizar su acceso a una vivienda digna.Desde hace más de dos años Barakaldo mantiene cerrado el recurso para mujeres sin hogar de la localidad. 
El contraste más brutal: 8.711 millones de beneficios bancarios frente a 895 personas sin techo. Los colectivos lo llaman “pobreza institucionalizada”. 
Denuncia de los recortes al derecho efectivo a una vivienda digna en Barakaldo. Mientras Barakaldo es declarado como zona tensionada de vivienda, se recorta diariamente el acceso a una vivienda digna. 
En el marco de las fiestas del barrio barakaldés de Rontegi “txorizada popular contra los recortes”. Esta iniciativa surge para denunciar que Barakaldo deja a familias vulnerables sin ayudas sociales, mientras la espera se prolonga más de nueve meses: pasados 9 meses las ayudas en algunos casos aún no han sido tramitadas ni abonadas, lo que supone un retraso inaceptable que castiga a quienes más lo necesitan. 
Al llegar estas fechas hay cosas que se convierten en estacionales, la vuelta al cole y al empleo, el otoño, o lo que queda de él, y la reapertura de la oficina de información alternativa de las prestaciones sociales de Barakaldo. Con esta serán ya 28 los años que llevan desde Berri Otxoak abriendo este recurso social. Y como ya es habitual lo presentando el balance del año pasado. 
Esta mañana, mientras se celebra el último Pleno del curso parlamentario en Gasteiz, las organizaciones Berri-Otxoak, el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria y Argilan-ESK han denunciado públicamente lo que consideran una “operación de ingeniería legal para dejar fuera de la RGI a quienes más la necesitan”. 
Protesta contra el recorte de cuantías, endurecimiento de requisitos y retraso en la apertura del plazo de solicitudes para el acceso a las ayudas de emergencia. 
140 personas sin hogar sobreviven en las calles de Barakaldo porque el gobierno municipal no garantiza su derecho a una vivienda digna. 
Mientras Barakaldo es declarado como zona tensionada de vivienda, se recorta diariamente el acceso a una vivienda digna. Denuncia de las trabas a las ayudas económicas destinadas a garantizar el acceso y/o mantenimiento de la residencia habitual que gestiona el Departamento de Acción Social. 
Pensionista por Incapacidad Permanente Total y, sin embargo, Lanbide retirada su acceso a la RGI por compartir vivienda con otra persona. La Ley 14/2022 del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos criminaliza la convivencia y ha generado un clima de sospecha y persecución sobre quienes dependen de la RGI. 
Berri-Otxoak denuncia que 3.200 familias barakaldesas llevan más de tres meses esperando.
Las plataformas contra la exclusión social y por los derechos sociales Argilan-ESK y Berri-Otxoak junto al Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria se concentran ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para presentar la sentencia que anula artículos del Decreto 173/2023 que desarrolla la nueva Ley de RGI y que recorta derechos sociales. Esta resolución judicial da amparo a la denuncia contra la normativa que desarrolla la nueva Ley de RGI al introducir cambios sustanciales que suponen un recorte de derechos para las personas perceptoras y vulnerar derechos fundamentales. De forma silenciosa, se están aprobando varias reformas que recortan las prestaciones en el acceso a la vivienda y restringen las mismas para las personas y unidades de convivencia más precarizadas, empobrecidas y vulnerables. 
Decimotercera “txorizada popular contra los recortes sociales” en las fiestas del barrio barakaldés de San Bizente. 