Balance del punto de información de Berri-Otxoak
Las consultas sobre ayudas sociales se disparan un 8% y el nuevo Ingreso Mínimo Vital ya acumula un centenar de quejas por incumplimientos. Llevamos 23 años en funcionamiento y en total hemos atendido a 12.914 familias. Ofrecemos asesoramiento frente a la “falta de información” del Ayuntamiento y Lanbide sobre cómo acceder a las prestaciones sociales y la Renta de Garantía de Ingreso (RGI).


El Ayuntamiento deja con 30 euros para vivir a una mujer al exigirle un alquiler de 495 euros por un piso social aunque su salario es de 525. La vecina de Lutxana sufre un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre debido a la cuarentena por el covid-19.
Se ha procedido a la desinfección de Lanbide para protestar por los recortes aplicados a las familias empobrecidas del municipio, decenas de personas de la localidad se están encontrando con la imposibilidad de acceder al Ingreso mínimo Vital al negarse Lanbide a tramitar las solicitudes.
Bajo el lema “En la lucha contra la precariedad y la pobreza cada minuto cuenta”, nos hemos concentrado para exigir medidas urgentes, inmediatas y concretas que palien la actual situación de incremento de los índices de precariedad, pobreza y desempleo en la localidad.
Este sábado se ha desarrollado la vigésimo séptima “Marcha por Ezkerraldea”. Mediante la cual se ha exigido medidas urgentes, inmediatas y concretas que den respuesta a las elevadas tasas de paro, precariedad y pobreza que padece la comarca, en el actual contexto de la pandemia del Covid-19.Hay que tener en cuenta que en la Margen Izquierda 20.626 personas están desempleadas y 7.874 afectadas por un ERTE.
La obligatoriedad de las mascarillas supone un grave impacto económico para las familias empobrecidas y exigimos su distribución gratuita
Se ha realizado una movilización ante el Ayuntamiento de Barakaldo ante el desamparo que sufren cientos de familias de la localidad. Iniciativa para denunciar que las familias se encuentran con que no existe atención presencial; no hay protocoles de actuación con carácter de urgencia; o se exige una ingente documentación, que en numerosos casos es imposible de conseguir en las actuales circunstancias.
Denunciamos que el Ayuntamiento y Lanbide “hacen oídos sordos” a las peticiones del Ararteko sobre ayudas sociales y RGI. La defensoría del pueblo pide que se flexibilice la presentación de documentación. Berri-Otxoak, al igual que el Ararteko, advierte de la exclusión que genera a familias sin recursos la falta de atención presencial y la exigencia de realizar gestiones por internet. La plataforma pide que se refuerce la atención presencial, con mayores horarios y espacios que garanticen la protección frente al virus para usuarios y trabajadores de Lanbide. 
El movimiento de pensionistas de Bizkaia, ante el 1º de mayo de 2020Este primero de Mayo es un primero de Mayo extraordinario; la pandemia del COVID-19 nos ha confinado en nuestras casas y no podemos manifestar en la calle nuestras reivindicaciones y solidaridad con las trabajadoras y trabajadores de todo el mundo.
Pretendemos paliar, dentro de nuestras posibilidades, la falta de información que se ofrece desde el Ayuntamiento de Barakaldo y Lanbide
La tasa de contagio que soporta el barrio es casi el doble que la media de Barakaldo. Berri-Otxoak exige al Ayuntamiento medidas extraordinarias urgentes frente a las malas condiciones económicas y de vivienda en el distrito de Lutxana-Burtzeña. El barrio tiene la tasa más importante en todo el área metropolitana, sólo por detrás de Basauri-Ariz, y por delante del bilbaino distrito de Txurdinaga.
Exigen a Lanbide flexibilizar las condiciones de acceso a la RGI durante la cuarentena que perjudican a decenas de miles de familias.Ante la actual situación de aumento de las situaciones de desempleo y pobreza es necesario que se aprueben de forma automática, urgente e inmediata las solicitudes y que no haya suspensiones porque no se pueden presentar ni recursos ni alegaciones durante esta etapa de aislamiento obligatorio.
Exigimos al Ayuntamiento que anule el recibo de alquiler de los pisos sociales municipales durante la crisis del Covid-19. La medida del aplazamiento de los recibos es un parche e insuficiente y un problema para los próximos meses. Porque las familias afectadas ya contaban con escasos recursos económicos y son las que se verán especialmente perjudicadas por los efectos de la pandemia. Por este motivo se exige al Ayuntamiento un #PlanDeChoqueSocial para habilitar más recursos para ayudar a hacer frente a esta crisis a mujeres con menores a su cargo, viudas, pensionistas con bajos ingresos, personas sin hogar y familias en situación de precariedad.