En mañana del jueves 13 de diciembre diferentes colectivos sociales han desarrollado una movilización en denuncia de la vulneración de derechos que ha sufrido una trabajadora de hogar por parte del Servicio Vasco de Empleo.

El desahucio de una familia que estaba previsto para el martes 12 de diciembre, ha sido paralizado por un mes desde el juzgado de primera instancia de Barakaldo. Plazo de tiempo por el que se ha de buscar una alternativa habitacional para A. E., de 59 años y su hijo D. R. de 32 años.

Bajo el lema “Huele mal la gestión municipal” se ha desarrollado una iniciativa contra el inminente desahucio de una familia barakaldesa en paro; a la cual no se ofrece ninguna alternativa habitacional desde el equipo de gobierno del consistorio (PNV) o el partido (PSE) que gestiona el Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide.

La pobreza tiene rostro de mujer

EL pasado 30 de noviembre se ha presentado ante la oficina de Lanbide en el barrio barakaldés de Beurko la resolución del Defensor del Pueblo contra los recortes que ha padecido una vecina del municipio, con menores a cargo. El Servicio Vasco de Empleo reclamaba a esta mujer el abono de 12.000 euros.
Pasados varios años, estamos hablando de un expediente incoado en abril del 2014. El Ararteko ha dictaminado que no existe amparo normativo para el requerimiento realizado por Lanbide. En más, remarca que “la reclamante cumplía los requisitos para ser perceptora de las prestaciones y encontrarse, además, en situación de riesgo de exclusión social”.

En la mañana del 4 de noviembre se ha desarrollado una concentración ante el Ayuntamiento de Barakaldo en recuerdo de la persona sin hogar que falleció el pasado domingo en un cajero del barrio barakaldés de Bagatza.

Iniciativa con el ánimo de denunciar la falta de recursos para atender a las personas sin-hogar de la localidad. En concreto, solo se permiten 7 días de estancia en el albergue municipal; pasado este periodo de tiempo se debe abandonar este recurso para volver a malvivir durante 3 meses en la calle si se quiere volver a optar a este mínimo espacio asistencial.

Hace más de tres años se aprobó la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, conocida junto con las reformas introducidas en el Código Penal como leyes mordaza. Desde antes de su entrada en vigor y a lo largo de estos años, multitud de colectivos sociales venimos denunciando que el objetivo de estas leyes es criminalizar la protesta social pacífica y amedrentar a la ciudadanía con la amenaza de duras sanciones económicas. Hace unos meses Amnistía Internacional hacía balance de la situación y constataba “cómo una legislación que ha ampliado la potestad sancionadora de la Administración y aumentado el margen de discrecionalidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado, sin introducir mecanismos de control adecuados, ataca a las formas legítimas de protesta y del derecho a la libertad de expresión e información”.

El viernes 9 de noviembre se realizó un  acto en recuerdo de Amaia Egaña. Vecina de Barakaldo que se suicidó un día como hoy cuando la comitiva judicial la iba a desahuciar de su vivienda en el barrio barakaldés de Urban.

Concentración contra la implantación de la “Huella Digital” en las oficinas de Lanbide en el barrio barakaldés de Cruces. Durante 6 meses se han recogido los datos biométricos de 8.325 personas en las 10 oficinas de Lanbide habilitas en la CAPV. Lejos de las 10.000 unidades de convivencia que se había marcado el Gobierno Vasco como objetivo.

La pobreza un problema de derechos humanos

En el pasado “Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza” diferentes colectivos, entidades sociales, sindicatos y asociaciones vecinales han realizado una manifestación en Bilbo con el objetivo de visibilizar las situaciones de pobreza que existen en Euskadi; reivindicar que existan medios efectivos de lucha contra la pobreza; y demandar un compromiso claro a las instituciones vascas.

Durante esta semana hemos realizado dos iniciativas para denunciar los recortes de Lanbide y el abultado sueldo de la Alcadesa de Barakaldo, Amaia del Campo.

En la mañana del 2 de octubre, martes de esta semana, se ha realizado una protesta frente al ayuntamiento para denunciar la falta de medios para atender a las personas sin-hogar de Barakaldo y la normativa en la que se basa para acoger a estas personas en el albergue municipal.

El 26 de septiembre se ha presentado la resolución emitida por la “Agencia de Protección de Datos” ante el procedimiento utilizado por Lanbide para el acceso a datos y ficheros confidenciales

Varias familias denunciaron ante la “Agencia de Protección de Datos” la exigencia de Lanbide a firmar -y dar consentimiento- al escrito denominado “Autorización para consultar datos en ficheros”.

El pasado martes 18 de septiembre hemos realizado un acto simbólico para recordar el décimo aniversario del inicio de la actual crisis mundial y denunciar las políticas basadas en recortes sociales por parte de las instituciones públicas y más concretamente por el Ayuntamiento de Barakaldo