La “Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria” y la “plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales, Berri-Otxoak” denuncian ante la oficina de Lanbide en el barrio bilbaino de Miribilla los recortes y la criminalización en el acceso a los derechos sociales.
Protesta contra la vulneración de derechos por parte de Lanbide al recortar las cuantías de los incentivos al empleo y aplicar, además, nuevas medidas que buscan criminalizar y estigmatizar a las personas usuarias y perceptoras de las prestaciones sociales.
La “Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria” y la plataforma Berri-Otxoak se movilizan ante la oficina de Lanbide del barrio de Miribilla
Protesta contra la vulneración de derechos por parte de Lanbide al recortar las cuantías de los incentivos al empleo y aplicar, además, nuevas medidas que buscan criminalizar y estigmatizar a las personas usuarias y perceptoras de las prestaciones sociales
La “Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria”, y la plataforma contra la exclusión y en defensa de los derechos sociales, Berri-Otxoak, protestan contra la campaña de criminalización y recortes que aplica Lanbide a miles de personas empobrecidas, pensionistas o con empleos precarios.
Olentzero y Mari Domingi instalan ante la oficina de Lanbide del barrio bilbaíno de Miribilla un buzón para denunciar el fraude fiscal -nunca perseguido- del gran capital y fortunas, empresarios, principales fábricas vascas, profesiones liberales y compañías que obtienen millonarios beneficios como Kutxabank, bancos, Iberdrola o Repsol.
A lo que debemos sumar que Lanbide ha decido modificar la fórmula de cálculo de las cuantías de los denominados estímulos al empleo lo que supondrá recortar a 8.030 personas trabajadoras con empleos en precario 100 euros mensuales a su prestación, cuando estas personas se encuentran en la misma situación de precariedad laboral.
Las últimas iniciativas del Gobierno Vasco para criminalizar a las familias en situación de pobreza son un «buzón antifraude» y promover los registros de la Ertzaintza en los hogares de las familias perceptoras de prestaciones sociales.
A través de este “buzón antifraude” Lanbide pone alfombra roja a todas aquellas expresiones racistas, machistas y de odio generalizado hacia las personas en situación de pobreza; como ejemplo, cabe señalar que estas denuncias de “fraude” han tenido en muchos casos a mujeres en procesos de ruptura, separación y divorcio como protagonistas o a personas migradas, todas ellas, víctimas del machismo, del racismo y la xenofobia.
De esta manera, Lanbide pone herramientas que facilitan el control, maltrato y acoso que sufren las personas perceptoras de prestaciones sociales por su situación de vulnerabilidad económica, además de las desigualdades estructurales a las que se enfrentan cotidianamente.
El «buzón antifraude», y los registros de la Ertzaintza, vinculan a las familias perceptoras de prestaciones sociales con el fraude y criminalizan y estigmatizan a las personas y a las familias más empobrecidas y vulnerables, a pesar de que, según datos del propio Gobierno Vasco, éste es prácticamente inexistente, con una tasa del 0,2%.
Ante esta situación, para denunciar la imposibilidad de llegar a fin de mes -y los recortes sufridos por las personas trabajadoras precarias y empobrecidas- diferentes entidades sociales aquí presentes exigen la defensa de los derechos sociales y el cese inmediato de las políticas de recortes y criminalización de la pobreza.
Bilbao, jueves 19 de diciembre de 2024