La plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales Berri-Otxoak protesta ante la “inocentada” de los recortes sociales.

Una docena de organizaciones sociales, vecinales y de pensionistas de Bizkaia se manifiestan de forma conjunta en el “Día Internacional contra la Pobreza”.

Protesta ante la decisión del Gobierno Vasco y Lanbide de continuar con su campaña de criminalización de la pobreza.

Presentación del balance de consultas y perfil socioeconómico de las familias que hicieron uso del “Punto de Información sobre Prestaciones y Derechos Sociales” de Barakaldo el pasado curso: 1.216 familias atendidas durante el curso 2022-2023.Este recurso comenzó su actividad el lunes 17 de noviembre de 1997 y por él han pasado ya 16.200 familias a lo largo de estos 26 años.

El Gobierno Vasco y Lanbide impulsan una nueva campaña de criminalización de la pobreza. La Ertzaintza se está personando en la totalidad de domicilios de las familias perceptoras de las prestaciones sociales: complemento de pensiones, renta de garantía de ingresos e incentivos al empleo. Sin orden judicial o amparo legal se está irrumpiendo en la totalidad de hogares, comprobando enseres y llegando hasta revisar armarios.

ecuadoretxea.org.- Berri-Otxoak alerta que los agentes amenazan con emitir un informe desfavorable, lo que conllevaría la suspensión o denegación del acceso a la RGI, Complemento de Pensiones o los Incentivos al Empleo, si no se les abre la puerta.

Ante la firma entre Gobierno Central y Gobierno Vasco para el traspaso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) denunciamos que Lanbide ha incumplido la legislación, los procedimientos y reglamentos de gestión y acceso al IMV desde hace casi 2 años.

Personas usuarias de la oficina de Lanbide en el barrio barakaldés de Cruces hacen pública la “RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR por parte de la Agencia Española de Protección de Datos contra la entidad IZENPE S.A.”

El juzgado de lo contencioso administrativo de Vitoria-Gasteiz admite demanda contra Lanbide.

Dicho juzgado ha admitido a trámite la denuncia de una persona perceptora de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) residente en Cruces después de que Lanbide hubiera vulnerado y recortado sus derechos.

Nos hemos concentrado frente a Lanbide para escenificar el entierro de derechos sociales que supone la gestión actual del IMV, que esta provocando que centenares de expedientes aún están sin resolver a pesar de haber pasado ya un año de la implantación de esta prestación.

​Denuncia de los recortes que sufren mujeres con menores a cargo Hemos instalado varios retretes y cien rollos de papel higiénico ante la oficina de Lanbide en Beurko para denunciar la instrucción emitida por la consejera de Trabajo y Empleo Idioa Mendia.

Activistas marcharon desnudas en un barril desde la Delegación del Gobierno Vasco hasta la Tesorería General de la Seguridad Social para denunciar las demoras, burocracia, trabas en el acceso y recortes que aplican ambas administraciones a las familias solicitantes del IMV.

Tras la denuncia realizada por diferentes entidades sociales, grupos de mujeres y asociaciones feministas, el Ararteko hace público que «actúa de oficio ante la nueva instrucción aprobada por Lanbide». El Ararteko inició, hace unas semanas, un expediente de oficio al conocer la aprobación por parte de Lanbide de la Instrucción JAR-DBE-023, sobre la «fecha en la que da comienzo el cómputo máximo de tiempo que establece el artículo 5.2 del Decreto 147/2010, para las unidades de convivencia con menores a cargo».

Varias personas vestidas de árbitro proceden a sacar una “tarjeta roja” a Lanbide por incumplir la legislación, los procedimientos y reglamentos de gestión y acceso al Ingreso Mínimo Vital.Lanbide, el organismo gestor del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en la CAV, ha estado delegando desde el primer momento sus funciones en la Seguridad Social. Además de no formalizar las solicitudes del IMV, deniega la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a quienes no lo soliciten previamente.

Organizaciones feministas y por los derechos sociales protestan por el recorte de la RGI a las madres con bebés mayores de 24 meses. Una mujer con una criatura de 25 meses que se haya quedado en paro durante la pandemia y haya tenido que volver a convivir con sus familiares, ya no puede solicitar la renta de garantía de ingresos (RGI). El Gobierno Vasco (Lanbide) reconocía este derecho hasta ahora, por un plazo de 12 meses prorrogables por un año más. Los colectivos sociales exigen la rectificación y explicaciones en el Parlamento Vasco.