El contraste más brutal: 8.711 millones de beneficios bancarios frente a 895 personas sin techo. Los colectivos lo llaman “pobreza institucionalizada”.

Esta mañana, mientras se celebra el último Pleno del curso parlamentario en Gasteiz, las organizaciones Berri-Otxoak, el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria y Argilan-ESK han denunciado públicamente lo que consideran una “operación de ingeniería legal para dejar fuera de la RGI a quienes más la necesitan”.

Hace unos días una persona falleció en las oficinas de Lanbide en Zalla, Bizkaia. Se trata de un hombre perceptor de la RGI al que se le imponían cursos de reinserción laboral pese a su mal estado de salud. El hombre, padre de familia, acudió a las oficinas para tratar de justificar su incapacidad, pero no se tomó en consideración su situación. En ese mismo momento, a las puertas de las oficinas, sufrió un infarto que causó su muerte.

Las plataformas contra la exclusión social y por los derechos sociales Argilan-ESK y Berri-Otxoak junto al Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria se concentran ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para presentar la sentencia que anula artículos del Decreto 173/2023 que desarrolla la nueva Ley de RGI y que recorta derechos sociales. Esta resolución judicial da amparo a la denuncia contra la normativa que desarrolla la nueva Ley de RGI al introducir cambios sustanciales que suponen un recorte de derechos para las personas perceptoras y vulnerar derechos fundamentales. De forma silenciosa, se están aprobando varias reformas que recortan las prestaciones en el acceso a la vivienda y restringen las mismas para las personas y unidades de convivencia más precarizadas, empobrecidas y vulnerables.

«Vacunación» en Barakaldo contra el virus de los recortes sociales. Desde hace un mes, en concreto el miércoles 6 de noviembre, y durante como mínimo 4 meses, no se tramita ya ninguna ayuda de emergencia en Barakaldo ante los servicios sociales municipales.

Lanbide asfixia los derechos sociales de las personas trabajadoras más empobrecidas. Representación del “estrangulamiento de los derechos sociales” que asisten a las personas que peores condiciones laborales tienen.

El Gobierno Vasco recorta a 8.030 personas trabajadoras en 100 euros su prestación mediante los recortes aplicados por Lanbide a los incentivos al empleo de la RGI. Lanbide sigue con su política de recortes al modificar la fórmula de cálculo de las cuantías de los denominados estímulos al empleo: 8.000 personas trabajadoras empobrecidas percibirán 100 euros mensuales menos aun estando en la misma situación de precariedad que hace un mes.

ecuadoretxea.org.- Decenas de organizaciones sociales se han movilizado en Bilbao para denunciar los nuevos recortes a las prestaciones sociales para el acceso a la vivienda.

Presentación demanda ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para denunciar el reglamento que desarrolla la nueva Ley de RGI

De forma silenciosa, se están aprobando varias reformas que recortan las prestaciones en el acceso a la vivienda y restringen las mismas para las personas y unidades de convivencia más precarizadas, empobrecidas y vulnerables.

La plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales Berri-Otxoak protesta ante la “inocentada” de los recortes sociales.

Una docena de organizaciones sociales, vecinales y de pensionistas de Bizkaia se manifiestan de forma conjunta en el “Día Internacional contra la Pobreza”.

Protesta ante la decisión del Gobierno Vasco y Lanbide de continuar con su campaña de criminalización de la pobreza.

Presentación del balance de consultas y perfil socioeconómico de las familias que hicieron uso del “Punto de Información sobre Prestaciones y Derechos Sociales” de Barakaldo el pasado curso: 1.216 familias atendidas durante el curso 2022-2023.Este recurso comenzó su actividad el lunes 17 de noviembre de 1997 y por él han pasado ya 16.200 familias a lo largo de estos 26 años.

Lanbide, el “Guantánamo de los derechos Sociales”

Lanbide está imponiendo, a través un cuerpo policial como la Ertzaintza, el acceso al domicilio de las personas solicitantes o titulares de las prestaciones sociales. Sin orden judicial o amparo legal se está irrumpiendo en la totalidad de hogares, comprobando enseres y llegando hasta revisar armarios y cuartos de baño.Una veintena de familias barakaldesas pensionistas, desempleadas o con empleos en precario han sufrido ya este atropello y vulneración de derechos.

No a la criminalización de la pobreza, no a esta ley de Garantía de Ingresos

El pasado 29 de marzo de 2023, entró en vigor la ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, que supone la derogación total de la actual legislación de la RGI, PCV, Convenios de Inclusión Activa y AES, que estaba en vigor desde 2008.Ley que salió adelante el pasado 29 de diciembre de 2022 con los votos favorables de PNV, PSE y Elkarrekin Podemos y con la abstención de EH Bildu.