Pensionista por Incapacidad Permanente Total y, sin embargo, Lanbide retirada su acceso a la RGI por compartir vivienda con otra persona. La Ley 14/2022 del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos criminaliza la convivencia y ha generado un clima de sospecha y persecución sobre quienes dependen de la RGI.
Hace unos días una persona falleció en las oficinas de Lanbide en Zalla, Bizkaia. Se trata de un hombre perceptor de la RGI al que se le imponían cursos de reinserción laboral pese a su mal estado de salud. El hombre, padre de familia, acudió a las oficinas para tratar de justificar su incapacidad, pero no se tomó en consideración su situación. En ese mismo momento, a las puertas de las oficinas, sufrió un infarto que causó su muerte.
La “Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria” y la “plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales, Berri-Otxoak” denuncian ante la oficina de Lanbide en el barrio bilbaino de Miribilla los recortes y la criminalización en el acceso a los derechos sociales.
«Vacunación» en Barakaldo contra el virus de los recortes sociales. Desde hace un mes, en concreto el miércoles 6 de noviembre, y durante como mínimo 4 meses, no se tramita ya ninguna ayuda de emergencia en Barakaldo ante los servicios sociales municipales.
Lanbide criminaliza la pobreza y recorta prestaciones sociales
El Servicio Vasco de Empleo ha implementado una nueva medida que busca criminalizar y estigmatizar a quienes perciben prestaciones sociales; además de promover los registros de la Ertzaintza en los hogares de las familias perceptoras.
alternativasnoviolentas.org. Juan Carlos Rois.- Acabar con los maltratos sociales e institucionales contra las personas pobres.
El próximo 17 de octubre está declarado por la ONU como Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Desnudos ante el Gobierno Vasco en denuncia de la criminalización de la pobreza y por la aplicación de la Ley Mordaza a quienes denuncian los recortes sociales y el despilfarro en gasto militar.
Kakitzat.- En un contexto de crisis económica e incrementos alarmantes del coste de la vida la propuesta del Gobierno Vasco es impulsar la criminalización de la pobreza y aplicar la Ley Mordaza a los colectivos que denuncian las insuficientes partidas para sanidad, educación, vivienda o prestaciones sociales.
Sin duda nuestras compas de Berri Otxoak sintetizan en tres movilizaciones el momento en el que estamos viviendo. Unos servicios sociales "raquíticos" y saturados, unos equipos de gobierno de cualquier institución, bien local, provincial, autonómica, etc.. que recorta y recorta mientras sus sueldos son desorbitantes y como guinda de este “pastelón” está la criminalización de las personas excluidas hasta límites inconcebibles. Al final cuanta razón tienen, “no hay tanto pan para tanto chorizo”.
Protesta ante la decisión del Gobierno Vasco y Lanbide de continuar con su campaña de criminalización de la pobreza.
Lanbide, el “Guantánamo de los derechos Sociales”
Lanbide está imponiendo, a través un cuerpo policial como la Ertzaintza, el acceso al domicilio de las personas solicitantes o titulares de las prestaciones sociales. Sin orden judicial o amparo legal se está irrumpiendo en la totalidad de hogares, comprobando enseres y llegando hasta revisar armarios y cuartos de baño.Una veintena de familias barakaldesas pensionistas, desempleadas o con empleos en precario han sufrido ya este atropello y vulneración de derechos.
No a la criminalización de la pobreza, no a esta ley de Garantía de IngresosEl pasado 29 de marzo de 2023, entró en vigor la ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, que supone la derogación total de la actual legislación de la RGI, PCV, Convenios de Inclusión Activa y AES, que estaba en vigor desde 2008.Ley que salió adelante el pasado 29 de diciembre de 2022 con los votos favorables de PNV, PSE y Elkarrekin Podemos y con la abstención de EH Bildu.
Hace unas semanas se aprobó la reforma de la RGI presentada por la derecha vasca (PNV-PSE) con el apoyo de Podemos y la abstención de EH Bildu.
pikaramagazine.com. Miriam Najibi Goñi.- AMUGE y la asociación de juventud gitana Romi Berriak denuncian el trato humillante recibido por siete mujeres gitanas en dos conocidas tiendas de Bilbao.
El Gobierno Vasco y Lanbide impulsan una nueva campaña de criminalización de la pobreza. La Ertzaintza se está personando en la totalidad de domicilios de las familias perceptoras de las prestaciones sociales: complemento de pensiones, renta de garantía de ingresos e incentivos al empleo. Sin orden judicial o amparo legal se está irrumpiendo en la totalidad de hogares, comprobando enseres y llegando hasta revisar armarios.
