Esta mañana, mientras se celebra el último Pleno del curso parlamentario en Gasteiz, las organizaciones Berri-Otxoak, el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria y Argilan-ESK han denunciado públicamente lo que consideran una “operación de ingeniería legal para dejar fuera de la RGI a quienes más la necesitan”.

El PNV y el PSE-PSOE han impulsado una reforma encubierta del reglamento de la RGI, que busca reactivar el artículo 2.2 del Decreto 173/2023, ya anulado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y que impedía el acceso a la prestación si no se disponía de un “título legal de vivienda”.

Ese artículo fue tumbado judicialmente tras una demanda presentada por los colectivos sociales el pasado verano. El fallo del tribunal, hecho público en febrero de 2025, estableció que para acceder a la RGI bastaba el empadronamiento, sin necesidad de aportar contrato de alquiler, propiedad u otra justificación legal. La medida supuso un alivio para muchas personas en situación de exclusión, sin hogar, o viviendo en condiciones informales.

Pero la alegría ha durado poco.

Una reforma “por la puerta de atrás”

En lugar de asumir el fallo judicial, el Ejecutivo vasco ha optado por reintroducir el artículo anulado a través de una maniobra legislativa “de tapadillo”. Hoy se inicia la tramitación de la llamada “Proposición de Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo”, en cuya Disposición Adicional Cuarta se cuela el polémico texto eliminado por la justicia.

El objetivo: modificar el artículo 13 de la Ley 14/2022, que regula la RGI, para volver a exigir la presentación de un título legal de ocupación. La forma: una proposición parlamentaria firmada por los dos partidos del Gobierno (PNV y PSE), en lugar de un proyecto de ley del Ejecutivo, lo que les evita presentar memorias económicas o estudios de impacto. Una estrategia habitual cuando se quiere reformar sin demasiadas explicaciones.

Un golpe para las personas más vulnerables

La reactivación del artículo 2.2 supone, según los colectivos denunciantes, “expulsar de la RGI a las personas que viven sin contrato, en habitaciones subarrendadas, en lonjas, en casas ocupadas o en situación de sinhogarismo”.

Durante los últimos cinco meses, afirman, los datos de Lanbide no han reflejado ni un aumento del fraude ni conflictos legales con propietarios, lo que desmiente el argumento del Gobierno de que la medida crea “inseguridad jurídica”.

La sentencia del TSJPV, recuerdan, no ha provocado “ningún desorden en el sistema”, más allá del incómodo precedente de tener que reconocer que las personas pobres también tienen derecho a ser protegidas por la ley.

Una ley para excluir, no para garantizar

“Es una trampa legal disfrazada de técnica legislativa. Una ley de vivienda que reforma la de la RGI sin decirlo abiertamente. Un parche que impone otra vez lo que ya se anuló”, denuncian los colectivos. Y añaden: “El Gobierno Vasco no tolera que los más pobres puedan acceder a su red de protección sin pasar por un filtro que excluye a quienes no pueden demostrar legalmente dónde viven.”

Más allá del plano jurídico, la denuncia lanza una acusación política directa: “El tándem PNV-PSE ha decidido alinearse con el discurso aporófobo y xenófobo, tan celebrado por PP y Vox, y ahora tan normalizado en buena parte de la sociedad vasca.”

En definitiva, los colectivos acusan al Gobierno Vasco de “declarar la guerra entre penúltimos y últimos”, enfrentando a los más vulnerables entre sí, y utilizando la RGI como una herramienta de exclusión y castigo.

Lo que se vota hoy en el Parlamento no es solo una ley de vivienda. Es una línea roja. Y ya ha sido cruzada.

El tándem PNV-PSE/PSOE plantea de tapadillo una reforma del reglamento de la RGI, limitando su acceso a esta prestación a las personas más vulnerables

El 6 del pasado mes de febrero, BERRI-OTXOAK, el SINDICATO SOCIALISTA DE VIVIENDA DE EUSKAL HERRIAK y ARGILAN-ESK hacíamos una rueda de prensa en Bilbao para informar que habíamos conseguido que el Tribunal de Justicia del País Vasco nos diera la razón a la demanda judicial interpuesta en el verano de 2024, en la que pedíamos la anulación del art.2.2. del Decreto 173/2023, que establece el Reglamento de la RGI. Mediante dicha sentencia desaparecía el art.2.2. No tendrá la consideración de domicilio el uso sin título válido en derecho de un establecimiento de alojamiento, de una vivienda o de un alojamiento dotacional, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación de las instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal en relación con las personas sin domicilio. Sin perjuicio de cualquier título válido en derecho, a los efectos de este artículo se considerará suficiente la autorización para el empadronamiento de una persona emitida por otra residente en el mismo domicilio. Es decir, desde hace 5 meses las personas solicitantes de la RGI no tienen que presentar ningún título legal para demostrar que residen en una vivienda, salvo el empadronamiento.

El Gobierno Vasco salió en tromba en febrero, para manifestar que reformaría la Ley 14/2022, que regula la RGI, incluyendo en ella, literalmente, el anulado art. 2.2. del Decreto 173/2023. Efectivamente, piensa hacerlo a través de la Proposición de Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, que se va a votar para iniciar su procedimiento legal, en el último Pleno del Parlamento Vasco de este curso 2024-2025, el próximo miércoles 25 de junio.

La modalidad utilizada por los partidos políticos PNV y PSE-PSOE, autores de esta iniciativa legal, en lugar del propio Gobierno Vasco, estrategia que usan quienes son mayoría parlamentaria y gubernamental, para librarse de tener que presentar memorias, como la económica y otras, que siempre resultan comprometidas, supone incluir de tapadillo en la Disposición Adicional cuarta de la nueva ley el texto del anulado art.2.2, estableciendo que, el mismo deberá incluirse en el art.13 (Domicilio) de la Ley 14/2022, que regula la RGI desde el 29 de marzo de 2023, en que entró en vigor.

De esta forma, los colectivos más vulnerables que han podido acceder al derecho a percibir la RGI, en los últimos meses, verán que, cuando se apruebe la nueva ley que ahora empieza su tramitación y que está previsto que será a finales del año en curso, volverán a ver que su vida se convierte en un pozo de angustia y exclusión social, pues de nuevo se quedarán excluidos de la RGI, principal prestación social del Gobierno Vasco.

La treta legal puesta en marcha por el PNV y el PSE, para evitar verse obligados a abrir el melón de la reforma de la Ley de la RGI, es una verdadera afrenta llevada a cabo por quienes tienen poder de manipular las reglas del funcionamiento democrático a su antojo. Pero todavía es más preocupante que al GV le pueda salir gratis esta reforma legal. No vale su argumento de que se ha limitado sólo a devolver la redacción original del Reglamento de la RGI (artículo 2.2 del Decreto 173/2023). La realidad ha demostrado (ver estadísticas mensuales de Lanbide de los últimos 5 meses) que no ha pasado nada distinto a los cambios ya registrados desde 2024, en que se activó el nuevo Reglamento. Qué sepamos, ni se ha producido ninguna inseguridad jurídica de las personas propietarias de pisos en alquiler, ni ha aumentado el fraude, ni nada de nada.

El único que se ha sentido perjudicado en estos meses ha sido el GV por no haber podido llevar su nueva legislación de la RGI, implantada el 29 de marzo de 2023, hasta su último objetivo, que es expulsar de la RGI a aquel tipo de personas que, desde su punto de vista, aplaudido en esto por el PP y VOX y, por desgracia, por parte de nuestra sociedad en la que ha calado la aporofobia y la xenofobia, que jamás deberían tener cabida en nuestra red de protección social vasca.

En definitiva, el Gobierno Vasco, es decir, el tándem PNV-PSE, se ha apuntado a echar más leña al fuego desatado para declarar la guerra entre las penúltimas contra las últimas personas vulnerables de nuestra sociedad.

Berri-Otxoak, Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria y Argilan-ESK