Tras la denuncia realizada por diferentes entidades sociales, grupos de mujeres y asociaciones feministas, el Ararteko hace público que «actúa de oficio ante la nueva instrucción aprobada por Lanbide». El Ararteko inició, hace unas semanas, un expediente de oficio al conocer la aprobación por parte de Lanbide de la Instrucción JAR-DBE-023, sobre la «fecha en la que da comienzo el cómputo máximo de tiempo que establece el artículo 5.2 del Decreto 147/2010, para las unidades de convivencia con menores a cargo».

A la defensoría del pueblo le preocupa que, tal y como está redactada la Instrucción, se aplique a todas las unidades de convivencia (UC) con menores a cargo. El Ararteko cuestiona, con base al principio de jerarquía normativa, que se pueda limitar el reconocimiento de las unidades de convivencia especiales mediante una instrucción interna de Lanbide.

Ocho días después de que varias asociaciones de mujeres, agrupaciones feministas y colectivos sociales se concentraran a las puertas del edificio Albia en Bilbo para solicitar el amparo del Defensor del Pueblo-Ararteko, el organismo ha declarado iniciar un expediente de oficio al conocer la aprobación por parte de Lanbide de la Instrucción JAR-DBE-023 sobre la «fecha en la que da comienzo el cómputo máximo de tiempo que establece el artículo 5.2 del Decreto 147/2010, para las unidades de convivencia con menores a cargo».

El defensor del pueblo vasco ha manifestado su preocupación porque tal y como está redactada la instrucción podría aplicarse a todas las familias, principalmente mujeres con menores a cargo, de forma que la edad de la criatura no pudiera ser superior a 24 meses contados desde el nacimiento o adopción.

Al mismo tiempo, el Ararteko cuestiona, con base en el principio de jerarquía normativa, que se pueda limitar el reconocimiento de las unidades de convivencia especiales mediante una instrucción interna de Lanbide, teniendo en cuenta el contenido del artículo 9 de la Ley de Garantía de Ingresos y su desarrollo reglamentario. Normativa que dispone que personas con menores de edad a su cargo (sin limitación alguna en la edad de menor) podrán formar una unidad de convivencia diferenciada de la unidad convivencial que reside en la misma vivienda por un periodo máximo de 12 meses, excepcionalmente prorrogable por un nuevo periodo de 12 meses.

Este recorte afecta de forma especial a madres solteras, separadas, divorciadas o viudas que tienen o adoptan una niña o niño con una edad superior a 24 meses.

Las entidades sociales ya remarcaron que esta instrucción desprotege por una parte a las niñas y niños menores al pasar por alto la “recomendación general del Ararteko 2/2015, de 8 de abril, sobre la obligada consideración al interés superior del menor en las políticas públicas y, en especial, en el sistema de garantía de ingresos”, además de varias sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

Por otra parte, este nuevo recorte de derechos lo sufrirán principalmente aquellas mujeres que se ven obligadas a volver a casa de sus familiares más directos por no poder hacer frente a empleos precarios, abusivos alquileres y alto coste de la cesta de la compra o recursos básicos como la luz.

“A pesar de las campañas institucionales de respeto a los derechos de las mujeres o contra la violencia machista, a la hora de la verdad los servicios públicos, como Lanbide, no tienen en cuenta las situaciones concretas y reales que sufren las mujeres: precariedad y feminización de la pobreza”, han advertido estas organizaciones sociales.

A esto debemos añadir un hecho muy grave. Tras hacerse público el cambio de criterio establecido en la mencionada Instrucción, la viceconsejera segunda y consejera de Trabajo y Empleo Idoia Mendia negó reiteradamente en consulta parlamentaria un cambio en el criterio de interpretación y aplicación del decreto por parte de Lanbide.

“Este caso es la gota que colma el vaso en relación a la actuación del Gobierno Vasco y sus agencias hacia los derechos de las mujeres. No es un caso puntual; Lanbide ha negado y sigue negando repetidamente la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a mujeres que han visto vulnerados sus derechos o han sufrido violencia machista y hasta la fecha, la entidad goza de total impunidad sin que nadie tome decisiones políticas que fuercen un cambio en su actuación”, han denunciado.

Colectivos sociales, asociaciones de mujeres, entidades contra la pobreza y organizaciones feministas:

La Posada de los Abrazos, la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia, la organización Mujeres del Mundo-Babel, el Colectivo Trabajadoras No Domesticadas, el Centro Asesor de la Mujer Argitan, la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak, la oficina de derechos sociales ODS de Bilbao la Vieja y Santurtzi, el grupo Langile Autodefentsa Sarea, la entidad Plataforma Kaleratzerik EZ! Bizkaia (Stop Desahucios) y SOS Racismo.

Bilbao, 17 de marzo de 2021