Concejal de Acción Social recorta ilegalmente las Ayudas de Emergencia Social

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Momento de la acciónMikel Antizar, concejal de Acción Social, recorta ilegalmente las Ayudas de Emergencia Social (AES)

Las familias solicitantes de las ayudas de emergencia en Barakaldo son coaccionadas a elegir entre los conceptos de acceso a la vivienda o la cobertura de necesidades básicas: alimentación, atención sanitaria no cubierta por Osakidetza como dentista u oculista o los gastos de comunidad, luz y agua.

El actual formulario de solicitud, además de haberse realizado sin la previa aprobación mediante Decreto de Alcaldía, viola el principio de jerarquía normativa contradiciendo lo estipulado en la ORDEN de 10 de marzo de 2021 “por la que se establecen, para el año 2021, las cuantías máximas para cada uno de los gastos específicos contemplados en las Ayudas de Emergencia Social y se señalan los criterios para su distribución”.

Berri-Otxoak solicitará el amparo del Defensor del Pueblo-Ararteko para revertir la política de recortes realizada por el Departamento de Acción Social, dirigido por Mikel Antizar, debido a esta vulneración de derechos y lo ya establecido en la “Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social” del Gobierno Vasco que regula las ayudas de emergencia social.

La plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak ha denunciado ante al edificio consistorial los recortes y las malas prácticas que está realizando el área de Acción Social, encabezada por el concejal delegado Mikel Antizar, en las Ayudas de Emergencia Social (AES).

Durante el plazo de solicitud del año 2020, la asociación contra la pobreza comprobó gracias a los testimonios de muchas de las familias solicitantes que éstas estaban siendo obligadas, vía telefónica y/o envío postal con un formulario de solicitud ya cumplimentado por el propio ayuntamiento, para que eligieran solo algunos de entre todos los conceptos (vivienda, alimentación, comunidad, gastos sanitarios no cubiertos por Osakidetza, etc.) que cubren estas ayudas; cuando estaban en su pleno derecho de solicitar la cobertura de cada una de sus necesidades.

La coacción a las familias solicitantes de las AES se intensifica en Barakaldo. La entidad barakaldesa remarca que «el área de Acción Social ha llevado la imposición un paso más allá al introducir una cláusula en el actual formulario de solicitud de las ayudas de emergencia donde se obliga a escoger entre priorizar el acceso a la vivienda o la alimentación o la luz o el agua o el dentista».

La inclusión de esta cláusula que consta en el actual formulario de solicitud, además de haberse realizado sin la previa aprobación en un Decreto de Alcaldía, viola el principio de jerarquía normativa contradiciendo lo estipulado en la ORDEN de 10 de marzo de 2021, de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo y de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, donde queda reflejado que la persona solicitante no tiene por qué elegir entre los diferentes conceptos (vivienda, alimentación, comunidad, necesidades básicas, etc.) que cubren estas ayudas, si no que puede realizarla para todos ellos.

Por estos motivos, la plataforma barakaldesa por los derechos sociales, Berri-Otxoak, solicitará el amparo del Defensor del Pueblo-Ararteko para revertir la política de recortes realizada por el Departamento de Acción Social, dirigido por Mikel Antizar, debido a la vulneración de los derechos recogidos en la “Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social” del Gobierno Vasco que regula las ayudas de emergencia social.

Desde Berri-Otxoak se denuncia que este radical recorte en la formulario de acceso a las ayudas de emergencia tiene como motivo mantener congelado el presupuesto dedicado a las ayudas económicas municipales, que «desde hace 8 años se mantiene en 960.000€, aunque la crisis provocada por la pandemia del covid-19 haya conllevado un aumento del 30% en el número de familias solicitantes respecto al 2021”.

Integrantes de la asociación contra la exclusión remarcan que, sin embargo, “los salarios del equipo de gobierno conformado por una veintena de personas se ha incrementado este año en un 3%; sólo los sueldos de alcaldesa y concejales liberados pasa a ser de 1,13 millones de euros, Seguridad Social a parte”.

Momento de la acción

El concejal habla de mejoras y las familias denuncian recortes

Hemos realizado una parodia de las recientes declaraciones de Mikel Antizar concejal de Acción Social del Ayuntamiento, sobre la presunta mejora e inversión en prestaciones sociales de cara al futuro, mientras que decenas de familias al día de hoy se quejan del trato y de los recortes de las partidas destinadas a las Ayudas de Emergencia Social y de los criterios para concederlas.

Familias solicitantes de ayudas sociales municipales denuncian recortes mientras Antizar declara mejoras

El concejal del Ayuntamiento de Barakaldo ha hecho público el balance de concesiones y desistimientos de Ayudas de Emergencia Social (AES) en Barakaldo durante el año 2020 sin haber contestado por escrito ni en tiempo a los recursos que interpusieron varias familias tras haberles sido denegadas sus solicitudes.

El Ayuntamiento se aferra a un límite patrimonial ilegal para vulnerar el derecho a percibir las AES.

El supuesto refuerzo de plantilla en los servicios municipales anunciado por Antizar ha resultado ineficaz para su descongestión

La supresión del «cheque-comida» el pasado 2020 ha aumentado las colas del hambre ante las entidades benéficas que reparten alimentos y la mendicidad en las calles principales de la localidad.

Berri-Otxoak ha exigido al responsable del área de Acción Social coherencia y el acatamiento de la ley que ampara a la población más vulnerable de Barakaldo.

Activistas de la plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak han denunciado frente al ayuntamiento de Barakaldo las vulneraciones de derechos que están padeciendo familias solicitantes de ayudas de emergencia municipales a través del área de Acción Social, encabezada por el concejal jeltzale Mikel Antizar.

De hecho, Antizar hizo público recientemente el balance de concesiones y desistimientos de Ayudas de Emergencia Social (AES) en Barakaldo durante el año 2020 sin haber contestado por escrito ni en tiempo a los recursos que interpusieron varias familias tras haberles sido denegadas sus solicitudes, cuando cumplieron con los plazos de entrega de documentación y de contestación en forma a los requerimientos demandados por Acción Social.

«El departamento de Acción Social ha dado por cerrado el plazo de solicitudes de ayudas de emergencia el año pasado sin haber dado una respuesta argumentada y por escrito (obligación recogida en la «Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas») a aquellas familias en situación de escasez económica que presentaron un recurso tras la denegación de sus solicitudes. Vista la situación, no creemos que los datos publicados puedan ser consecuentes con la realidad, ya que se están omitiendo casos con la intención de edulcorarla»

Parece que ni el conocimiento público de un cuantioso remanente del año anterior consigue cambiar la actitud del equipo de gobierno local, que sigue sin incrementar el presupuesto destinado a Acción Social, ni respeta algunos de los derechos amparados por ley que protegen a la ciudadanía, ni acata las resoluciones y recomendaciones que el Ararteko le ha dirigido expresamente en reiteradas ocasiones.

Berri-Otxoak constata desde su punto de información que «son numerosas las familias a las que se les vienen denegando el acceso a las ayudas de emergencia bajo el argumento de que exceden límites patrimoniales recogidos en un Decreto de Alcaldía que contravienen los límites estipulados en leyes de rango superior, como la “Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social”, por lo que, lógicamente, han recurrido la denegación de su solicitud. Hasta el mismo Ararteko dirigió una recomendación expresa al Ayuntamiento de Barakaldo reprobando el uso de este criterio particular para denegar solicitudes».

Otra de las cuestiones que constata la plataforma contra la exclusión social es que los servicios sociales municipales están colapsados, pese a que Antizar haya anunciado recientemente el supuesto refuerzo de su plantilla.

«La concesión de citas para la tramitación de las ayudas de emergencia a cinco meses vista (en septiembre), la demora de ocho meses para el reconocimiento de situaciones de dependencia de personas mayores y la ausencia de atención inmediata para casos urgentes de carencia de recursos, los cuales han aumentado producto de la pandemia y son atendidos con un retraso de al menos dos meses, evidencian que este colapso es innegable. No observamos mejoras en la atención o una reducción notoria en tiempos de espera para las familias usuarias, por lo que las medidas tomadas son insuficientes», han declarado.

Frente a los datos de desempleo arrojados por Lanbide y al incremento en el número de familias que carecen de cualquier cobertura, subsidio o prestación, el colectivo tampoco atisba a comprender la causa de que los «cheques-comida» hayan sido suprimidos antes de que las familias beneficiadas pudiesen suplir autónomamente una necesidad tan básica como es la alimentación.

«A lo largo del año 2020, más de 600 familias de Barakaldo necesitaron los «cheque-comida» para cubrir su necesidad de alimentos tras haberse quedado en paro. Al ser suprimido, cientos de ellas se encuentran sin garantías de poder cubrir sus necesidades alimentarias más básicas, como lo acreditan las colas del hambre semanales ante las entidades benéficas que reparten alimentos en el municipio y el aumento de la mendicidad en calles centrales y entradas de supermercados», han relatado.

Desde Berri-Otxoak han exigido al concejal Mikel Antizar que «sea consecuente con la situación que vive la localidad, que cumpla sus afirmaciones y fundamentalmente, que cumpla las leyes que amparan a la población más vulnerable».

Barakaldo, 3 de mayo de 2021

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