30 Organizaciones sociales, políticas y sindicales de Bizkaia hemos convocado una Manifestación el Domingo 23 de Febrero, que partirá de la Plaza Moyua de Bilbao a las 12:00 h. en denuncia de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal, que restringen libertades de la ciudadanía y, al mismo tiempo,  criminaliza la protesta. Tratan de legitimar la represión recortando los derechos fundamentales de manifestación, reunión, opinión, información y huelga, lo que supone un estado de excepción permanente.

Quieren ampliar la relación de delitos a los repertorios de lucha utilizados por los movimientos sociales en los últimos años: la paralización de desahucios, la ocupación de sucursales bancarias, las sentadas, la difusión de convocatorias por redes sociales, la solidaridad con las personas migrantes, etc.  Estas acciones podrán ser definidas como atentados contra la autoridad.

No es un endurecimiento más, sino  un cambio cualitativo. La mera palabra del policía será suficiente como prueba de cargo, será Juez y parte.  Si además se quiere recurrir la sanción a posteriori en un juzgado, habrá que pagar las nuevas tarifas de la Ley de Tasas Judiciales aprobada hace un año.  Se obstaculiza de esta forma la apelación a la justicia, por lo que estaremos en una situación "muy cercana" a la indefensión y la arbitrariedad.

Comunicado. La ley mordaza: una ley para acabar con la protesta.

Diferentes Organizaciones Sociales en Bizkaia nos sumamos a la campaña de movilización que en estas fechas se llevan a cabo en diferentes puntos del estado español en denuncia de las políticas legislativas que restringen libertades de la ciudadanía y, al mismo tiempo, criminalizan la protesta ciudadana y social.

En esta ocasión denunciamos las atroces reformas que se están tramitando: el Código Penal y la Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana (ley mordaza).

Se busca empeorar la baja calidad de la democracia que padecemos. No solo no nos escuchan, quieren criminalizar la protesta. Se trata de legitimar la represión recortando los derechos fundamentales de manifestación, reunión, opinión, información y huelga, lo que supone un estado de excepción permanente.

Esta Ley introduce, con la excusa de proteger la seguridad ciudadana, un mecanismo para que el Gobierno utilice de manera arbitraria las multas administrativas, con el fin de castigar aquellas opiniones y actos que al poder político y económico le parezcan inadecuadas, incorrectas, inaceptables o peligrosas, aunque esas opiniones no sean constitutivas de delito.

Es lo que se denomina represión de baja intensidad: se identifica a quienes protestan, en vez de cargar en su contra, y a posteriori se les envía una multa a casa con la intención de que tras varias multas al cabo del año, de varios cientos o miles de euros, se les quiten las ganas de manifestarse. La policía no deja además de reservarse el derecho a hacer uso de la represión por cualquier otro medio incluyendo los más duros cuando lo considere necesario.

Las sanciones anunciadas por insultar a un policía irán de 1.000 a 30.000 €. Por realizar un escrache, grabar a policías durante su actuación si se considera que compromete su trabajo o realizar concentraciones frente al Congreso podrán alcanzar 600.000 €. Incluso podrán multarse supuestos que antes no eran sancionables como participar en concentraciones no comunicadas a Delegación de Gobierno.

Además la utilizan como excusa para reformar el Código Penal, donde se amplía la relación de delitos que apuntan a los repertorios de lucha utilizados por los movimientos sociales en los últimos años: la paralización de desahucios, la ocupación de sucursales bancarias, las sentadas, la difusión de convocatorias por redes sociales, la solidaridad con las personas migrantes , etc. Estas acciones podrán ser definidas como atentados contra la autoridad.

No debemos interpretar todos estos cambios como un mero endurecimiento más sino como un cambio cualitativo. Solo como ejemplo, actualmente insultar a un policía se juzga en un juicio de faltas, con garantías procesales ante un juez, donde debe probarse que efectivamente ese insulto ha existido. Sin embargo, una vez que se aprueben las reformas, las multas este tipo de faltas castigadas por procedimiento administrativo deberán ser primero pagadas tras recibir la pertinente notificación. La mera palabra del policía será suficiente como prueba de cargo, será Juez y parte. Si además se quiere recurrir la sanción a posteriori en un juzgado habrá que pagar las nuevas tarifas de la Ley de Tasas Judiciales aprobada hace un año. Se obstaculiza de esta forma la apelación a la justicia por lo que estamos en una situación "muy cercana" a la indefensión y la arbitrariedad.

Se trata de un cambio de régimen, de un intento de golpe de estado hacia un totalitarismo de nuevo cuño, una suerte de neofranquismo.

El 23 de Febrero te esperamos en la Plaza Moyúa a las 12:00 h. NO TE CALLES, A LA CALLE

Colectivos convocantes:

Aralar, Berri Otxoak, Amnistía Internacional, Antikapitalistak, Asamblea Antifascista de Basauri , Bilgune Feminista, CGT-LKN Bizkaia, Desazkundea, Economistas sin fronteras, Ecuador Etxea,  Ezker Anitza - IU, EKologistak Martxan, EQUO, ESK, Ezker Batua-Berdeak, Kakitzat, Gazteak CC.OO., Gazte Komunistak, Greenpeace, Hika Ateneo, Ideasur Gernika, Ikasle Ekintza, M15M Bizkaia, Mbolo Moy Doole (Plataforma de sin papeles), PCE-EPK, P.A.H. Kaleratzerik Ez, Republicanos, Sagarrak Ekologista Taldea, SORTU, SOS Racismo Bizkaia.

BERRI-OTXOAK (Plataforma Contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales)