15-M RONDA. En pocas palabras.- En el Estado español hay 12,5 millones de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social, esto es, 200.000 personas menos que en el año 2023, la cifra más baja desde 2014. Sin embargo, 4,1 millones de personas viven en hogares con ingresos inferiores a 644 € al mes por unidad de consumo. Además, la tasa de pobreza infantil en el Estado español es la más alta de la Unión Europea con 2,3 millones de niñas, niños y adolescentes empobrecidas.

Y todo ello, a pesar que el estado del bienestar evitó que 11,1 millones de personas en el Estado español entrasen en pobreza en 2024. Aun así, los datos alertan sobre una problemática estructural, ya que al menos 1 de cada 4 personas se ha mantenido en riesgo de pobreza y/o exclusión social en la última década.

Sin las transferencias del Estado, pensiones, ayudas por familia/hijos e hijas, para la vivienda, o los estudios, y prestaciones por desempleo, por vejez, por supervivencia, por enfermedad, por invalidez, y de garantía de renta (Ingreso Mínimo Vital y rentas autonómicas), la tasa de pobreza sería más del doble, subiría del 19,7 % al 42,6 %, esto es, 2,6 millones de personas más estarían en situación de pobreza severa.

Esta situación nos mantiene aún muy alejados de los compromisos internacionales adquiridos por los sucesivos Gobiernos en el marco de la Agenda 2030. En el caso de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, 2,8 millones de personas deberían haber salido en el año 2024, y sólo lo han hecho 200.000 personas.

La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social es mayor en las familias con menores, 3 de cada 10 personas en hogares con menores. Especialmente delicadas son las cifras de los hogares monomarentales, más de la mitad está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, el 50,3 %, y de las familias numerosas 49,1 %.

La mejoría tampoco llega por igual a toda la población. Cabe destacar el aumento de la brecha de género entre las personas en pobreza, o la situación de la población migrante extracomunitaria, más de la mitad se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.

Sin embargo, si nos fijamos en otros países de la UE, como Francia o Irlanda, vemos que el efecto protector del Estado Español es menor. Esto es más evidente en el caso de la pobreza infantil, las ayudas y prestaciones reducen la tasa de pobreza infantil un 20,2 %, menos de la mitad que lo hace la media europea (41,9 %).

Por lo tanto, existe margen de mejora en el alcance y la dotación de las políticas sociales, sobre todo en un contexto donde se sitúa al Estado español como la economía desarrollada que más crece, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

El acceso a una vivienda, un año más, es un factor de empobrecimiento y desigualdad para una gran parte de la población, debido especialmente a la crisis de los precios de los alquileres. El gasto en vivienda se lleva más de un tercio de los ingresos de las personas pobres 35,5 %, que disponen de 333 € de media tras pagar el alquiler, y de 370 € una vez abonada la cuota de la hipoteca.

Si hablamos de pobreza energética, el 17,6 % de la población no pudo permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, aumentado un 65,9 % respecto al año 2014 y prácticamente se triplica desde el año 2008, sube un 196,3 %.

Hay una estrecha relación de la discapacidad con la pobreza. Así, el 32,9 % de las personas con discapacidad está en situación de pobreza y/o exclusión social, siendo especialmente grave durante la edad laboral, el 40,7 % de las personas con discapacidad de entre 16 a 64 años está en riesgo de pobreza y/o exclusión social.

Ante esta situación, urge aprobar en la presente legislatura un pacto de estado contra la pobreza que se encuentra parado en el Congreso. Esta iniciativa debe contener medidas que garanticen ingresos dignos en todas las etapas de la vida -entre ellas la prestación universal por crianza-, acceso a una vivienda digna, empleo de calidad, educación inclusiva, políticas de cuidados y corresponsabilidad, propuestas para luchar contra la aporofobia (miedo a los y las pobres) y fomento de la gobernanza.