La Fábrica de lo Social. arainfo.org.- Ante la falta de soluciones desde el aparato institucional, ¿qué estrategias se puede tomar para garantizar el derecho a la vivienda? Para ser eficaz, ¿hay alguna alternativa a convertirlo en un derecho autotutelado? Nos referimos a la organización popular dirigida al aseguramiento propio del derecho a la vivienda sin esperar a las instituciones.

En última instancia, se trata de la reivindicación de la prioridad de la vida sobre los intereses económicos, del acceso a derechos sobre la dependencia de criterios mercantiles.

El 25 de mayo se ejecutó el desahucio de un piso en el centro de Zaragoza para entregárselo a Buildingcenter, sociedad de CaixaBank. Tras la violenta actuación policial, una persona de las decenas que protestaban contra el desahucio fue trasladada al hospital. Mariano, cuya tienda entró en bancarrota, perdió la vivienda en la que había residido durante 25 años y con la que había avalado su negocio. En el proceso, la entidad financiera se negó a facilitar una vivienda digna a su hogar, finalmente desahuciado. Pero el caso de Mariano no es ninguna excepción. En Aragón, el precio del alquiler ha crecido tres veces más que los salarios mientras que, en 2020, en Zaragoza había tan sólo un 0,35% de viviendas en alquiler social por habitante. Para los hogares que no pueden hacer uso de un patrimonio familiar y en ausencia de un parque de vivienda pública homologable al del resto de países europeos, tan sólo queda la opción de un mercado de la vivienda “sin restricciones”. Como consecuencia, todos los días se producen desahucios. La vivienda ha subido 17 puestos en seis meses en la lista de los principales problemas del Estado español, hasta alcanzar el quinto lugar, pero en los medios de comunicación tan sólo se oye hablar de la okupación. Según datos del CGPJ, en 2021, en los territorios del Estado, el número de desahucios multiplicó por 180 al número de ocupaciones de vivienda habitual de hogares. Conviene aclarar, además, que cuando se da este segundo caso (siempre en propiedades vacías, con frecuencia propiedad de entidades financieras que especulan con ellas), no estamos hablando de okupación sino de allanamiento de morada. En tal caso no es preciso ningún procedimiento judicial para que la policía expulse del domicilio a quienes cometen este delito flagrante. ¿Cómo podemos explicar, entonces, semejante desencuentro entre realidad y representación mediática?

En 2002, el 14% de los hogares no tenían ninguna vivienda en propiedad. Quince años después, en 2017, este porcentaje ha crecido hasta el 18%. En el mismo período, el porcentaje de hogares con tres o más viviendas en propiedad ha aumentado desde el 9% hasta el 20%. Paralelamente, numerosos fondos de inversión han entrado en este juego inmobiliario, si bien con una presencia porcentualmente muy inferior a la de los hogares propietarios. No estamos, por tanto, en una sociedad del 1% contra el 99%. La misma dinámica que ha expuesto a una población cada vez mayor al mercado del alquiler privado, a un lado del juego inmobiliario, ha facilitado la concentración de viviendas en una élite rentista cada vez mayor, en el otro lado del mismo juego. Al respecto, y en lo que constituye el acta de defunción de la meritocracia, dos tercios de los hogares con más de tres viviendas heredaron al menos una de ellas. Esta élite rentista no se distribuye aleatoriamente por la sociedad, sino que está compuesta fundamentalmente por clases medias-altas. El alquiler organiza la transferencia continua de rentas desde las clases populares hacia las clases medias y altas, definidas por la propiedad de la vivienda y unos ingresos que, incluso antes de recibir las rentas del alquiler, superan notablemente a los de las inquilinas. Hay pocos mecanismos tan claros de reproducción ampliada de la desigualdad. En este contexto, los movimientos por el derecho a la vivienda llevan casi dos décadas reclamando la desmercantilización de este bien fundamental como condición para una vida digna. Frente a estas reivindicaciones, el bloque propietario defiende sus privilegios mediante los numerosos medios a su disposición: desde su sobrerrepresentación en los medios de comunicación hasta su impunidad para contratar a escuadrones parapoliciales que desalojan violentamente a hogares cuyo derecho a la vivienda es vulnerado. Es en este contexto donde adquieren sentido las campañas contra la okupación, el silencio sobre los desahucios y las dificultades para consolidar avances legales que garanticen el acceso a una vivienda en condiciones de estabilidad y seguridad. Pero, ¿cómo se ha gestado la concentración de la propiedad inmobiliaria en esa élite rentista? ¿De qué modo han llegado a alcanzar una posición de poder tan privilegiada?

A partir de 2008, en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria, los desahucios sí coparon las imágenes de los medios de comunicación. Entre 2008 y 2019, 1.710.963 personas perdieron sus viviendas en un total de 684.385 desahucios. Desde entonces, y según los datos del CGPJ, entre 2020 y 2021 se han sumado 79.567 desahucios más. En este período, el protagonismo de los desahucios por impago de hipotecas ha sido reemplazado por el de los derivados del impago del alquiler. La explicación de este cambio está en el conjunto de decisiones políticas diseñadas para recuperar la rentabilidad en el mercado inmobiliario, hundida entre 2008 y 2013 por los efectos del estallido de la burbuja. En primer lugar, el rescate bancario, muy especialmente la compra con dinero público de sus activos inmobiliarios tóxicos a través de la SAREB (o banco malo). A continuación, la venta a bajo precio de esos activos a fondos de inversión y particulares en el momento de mayor devaluación de los mismos. Paralelamente, el uso de todos los medios públicos para garantizar el desahucio de quienes no podían afrontar el pago de sus viviendas; conjuntamente con el abandono de la política de vivienda pública durante este período, también en Aragón. Sobre esto último, valga decir que en el Estado español contamos un 2,5% de vivienda en alquiler social, frente al 9,2% de media en la Unión Europea. Finalmente, toda una batería legislativa ha garantizado la rentabilidad del negocio del alquiler. Destaca ahí la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013, que incrementó el poder de negociación de los propietarios sobre las inquilinas. A partir de ese año, los precios comenzaron a subir por razones fácilmente comprensibles: una población cada vez más amplia sin acceso a la propiedad (por haber sido desahuciada o no tener los medios para acceder a una hipoteca) comenzó a competir por unas viviendas en alquiler escasas y privadas, lo cual disparó los precios. La mayoría de estas viviendas eran (y son) propiedad de fondos de inversión y, sobre todo, de clases medias-altas que aprovecharon para comprar barato tras la burbuja y, en la nueva fase alcista, obtener grandes rentabilidades con el alquiler, a costa del empobrecimiento de los no propietarios.

En suma, hogares rentistas y fondos de inversión son amparados por la legislación pese al daño social que provocan, mientras en los medios de comunicación se mantiene la okupación como el gran problema que envuelve el conflicto por el acceso a la vivienda. Si la administración actúa en favor del mercado y tan insuficientemente en políticas de vivienda, ¿con qué legitimidad se pretende criticar la okupación? ¿Qué alternativa tienen los hogares desahuciados? La razón por la que estas noticias reciben tanta difusión se debe a que la inversión de las familias en vivienda ha sido la principal forma de riqueza en el Estado español, por lo que se pretende alinear la postura de todos los hogares propietarios con la de quienes acaparan más viviendas. El derecho a la propiedad privada con el que se trata de rebatir el de la vivienda no implica solamente ignorar las desigualdades sociales vinculándolas a causas individuales. Invocar ese derecho sirve también para mantener estas desigualdades. En este contexto, la Ley de Vivienda recién publicada, si bien supone un avance, apenas cuestiona el tratamiento de la vivienda como bien de inversión, reproduciendo las dificultades de acceso a la misma, y mantiene vías de escape a los mecanismos que incorpora. Por eso la ley puede ser un punto de partida, nunca de llegada, y deberá ser llenada de contenido por la presión de los movimientos por el derecho a la vivienda. Además de reconocer el derecho a la vivienda hace falta que se dediquen recursos necesarios para su efectividad real. En un proceso de mercantilización al alza conforme a las políticas neoliberales, es importante identificar los discursos que insisten en que los derechos deben ser “garantizados” a través de la privatización o la colaboración público-privada. Por ejemplo, los anuncios electorales de Pedro Sánchez sobre la construcción de vivienda asequible requieren de matización. A priori, la promoción de vivienda para alquiler asequible es una operación por la que, excusándose como medida de protección social, se traslada el dinero público a manos privadas. Si para la construir vivienda el Estado garantiza la financiación de la construcción sobre suelo público, ¿para qué se entrega la gestión de tales alquileres asequibles a las inmobiliarias por plazos de 75 años? La promoción de estas viviendas termina por asegurar la rentabilidad del sector inmobiliario, manteniendo sus beneficios, antes que establecer una alternativa al margen del mercado. En realidad, la única posibilidad que se deja para una estancia permanente (ya que los albergues se llenan y son temporales) es la obra social de las entidades financieras. Esto implica otra vía de traslado de dinero público a grandes corporaciones que, además, se lucran con la vivienda a las que se traslada a las personas desahuciadas. El objetivo de estas obras sociales no es otro que enmascarar el daño social generado por las entidades financieras a las que pertenecen. Las entidades obtienen mediante los desahucios aquellas viviendas con potencial de explotación y colocan a las personas en las que no resultan atractivas para el mercado. De ese modo, su acción se enmarca también en los procesos de gentrificación. Además, a pesar de priorizar los criterios de rentabilidad sobre las necesidades del bienestar de los hogares desahuciados, estas entidades hacen alarde de su “compromiso social”, reconocimiento que se les otorga desde los medios de comunicación, la administración y/u otras instituciones. El problema de la obra social consiste en que, para el sector más vulnerado, el acceso a la vivienda depende de la voluntad de unas entidades que les convierten en meros beneficiarios pasivos.

Ante la falta de soluciones desde el aparato institucional, ¿qué estrategias se puede tomar para garantizar el derecho a la vivienda? Para ser eficaz, ¿hay alguna alternativa a convertirlo en un derecho autotutelado? Nos referimos a la organización popular dirigida al aseguramiento propio del derecho a la vivienda sin esperar a las instituciones. En última instancia, se trata de la reivindicación de la prioridad de la vida sobre los intereses económicos, del acceso a derechos sobre la dependencia de criterios mercantiles. Para hablar sobre todo esto y formularnos las preguntas que debemos responder ya, nos vemos este jueves 8 de junio, a partir de las 19.00. Hablaremos con Pablo Carmona, autor de “La democracia de propietarios” en La Montonera (Calle San Pablo, 26). Estáis invitadas.

Artículo de Alberto Millán y Daniel Sorando, integrantes de La Fábrica de lo Social.