La tasa de contagio que soporta el barrio es casi el doble que la media de Barakaldo. Berri-Otxoak exige al Ayuntamiento medidas extraordinarias urgentes frente a las malas condiciones económicas y de vivienda en el distrito de Lutxana-Burtzeña. El barrio tiene la tasa más importante en todo el área metropolitana, sólo por detrás de Basauri-Ariz, y por delante del bilbaino distrito de Txurdinaga.

Berri-Otxoak ha expresado su alarma ante los datos que revelan que el distrito con menos renta y más desempleo de Barakaldo, el correspondiente a Lutxana-Burtzeña, padece una tasa del coronavirus Covid-19 que prácticamente duplica la media de la localidad y multiplica hasta 3,5 veces la incidencia en otros barrios barakaldeses.

En concreto, de acuerdo a la información oficial del Gobierno Vasco, la zona de salud de Lutxana-Burtzeña padece una tasa de contagio de 875 por cada 100.000 habitantes, lo que supone un 175% más que la media de Barakaldo, actualmente está en 499. Además, el distrito multiplica hasta 3,5 veces la incidencia en otras zonas de la localidad. Así, en la zona de salud de Rontegi la tasa es de 248, en Zuazo está en 379, en Zaballa se sitúa en 405, en La Paz llega a 495, en San Vicente sube a 639 y Urban (Desierto) se queda en 781.

“La pandemia no afecta a ricos y pobres por igual, como ya se ha demostrado en otros países y ahora observamos con gran preocupación en el caso de Lutxana-Burtzeña”, ha advertido Berri-Otxoak. “Por eso exigimos al Ayuntamiento y al Gobierno Vasco una investigación inmediata del caso y medidas extraordinarias urgentes porque una tasa del 875 es muy importante para una barriada de 6.632 habitantes que además soporta peores condiciones en cuanto a vivienda, servicios, empleo y precariedad que el resto de Barakaldo”.

La plataforma contra la exclusión ha recordado al respecto que el propio Ayuntamiento ha realizado un estudio que revela que el distrito de Lutxana-Burtzeña tiene una renta familiar, con 14.951 euros por persona, frente a los 16.776 de media de Barakaldo.

Lo mismo ocurre con el desempleo: mientras en Lutxana era el 22,7%, la media barakaldesa estaba en el 18,6, una penalización para Lutxana-Burtzeña que también confirman los datos del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide. Además, Lutxana es donde más pisos pequeños hay.

“No tenemos confirmación de los motivos para la grave incidencia del coronavirus Covid-19 en la zona de salud de Lutxana-Burtzeña, pero las instituciones tienen la obligación de tomar medidas para evitar que el barrio, que desde hace décadas padece la precariedad y el abandono institucional, sufra también de manera extraordinaria esta pandemia. Los informes en Estados Unidos, entre otros países, señalan que el virus está atacando y matando más en las minorías, con menos capacidad económica. Barakaldo debe garantizar que no se da una situación de este tipo en la localidad”, ha señalado Berri-Otxoak.

La plataforma ha recordado además sus denuncias sobre las dificultades que las instituciones ponen para que las familias más desfavorecidas puedan acceder a las prestaciones sociales y evitar los riesgos de contagiarse por el virus.

Así, Berri-Otxoak ha reiterado su exigencia de que el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Barakaldo aprueben de “manera automática y de forma provisional” todas las peticiones de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de ayudas de emergencia social. En la actualidad, pese a la cuarentena y la prohibición de salir a la calle, se exige a las familias que gestionen certificados que, en el caso del Ayuntamiento, pueden ser hasta una treintena en seis organismos públicos y privados diferentes.

“La cuarentena está causando un triple perjuicio a las personas y familias más empobrecidas: es mucho más difícil acceder a los servicios sociales y prestaciones de Ayuntamientos y Gobierno Vasco, además tienen que vivir aislados en viviendas pequeñas y en malas condiciones, y, para agravar más la situación, la precariedad laboral y el paro les afecta más”.

“La plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak considera que el Gobierno Vasco, la Diputación y los Ayuntamientos tienen la obligación legal y moral de asegurar que las familias más desfavorecidas, que suponen decenas de miles de menores, víctimas de malos tratos o viudas, pensionistas con escasos recursos, personas desempleadas o empleos precarios, no van a sufrir aún más porque la Administración no sabe ni puede gestionar adecuadamente la situación de emergencia que está suponiendo la pandemia”.

Al respecto, ha alertado nuevamente de la situación particular de Barakaldo, en donde “el Ayuntamiento, además de no reforzar el equipo de trabajadoras sociales, como hacen otros municipios, exige hasta 30 certificados diferentes y al menos seis instituciones y empresas distintas para tramitar las ayudas de emergencia social, a sabiendas de que es totalmente imposible cumplir estas condiciones en mitad de la cuarentena”.

Barakaldo, 12 de abril de 2020.