Inminente desalojo de una mujer víctima de violencia machista y sus hijos

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Momento de la concentraciónUna protesta exige al Ayuntamiento una “solución digna” frente al desahucio de una madre con hijos de 6 y 15 años víctima del machismo. El desahucio ha sido instado por la sociedad pública de alquiler Alokabide de Gobierno Vasco. Feministas y activistas antipobreza denuncian la inacción de las instituciones ante estos casos pese al protocolo interinstitucional antidesahucios de 2013 tras el suicidio de Amaia Egaña. La resolución se conoce después de que otra familia, de cinco miembros, entre ellos tres mujeres adultas y una niña de dos años, haya sido desalojada de su piso de Rontegi este pasado miércoles 12 de febrero por no poder hacer frente a su hipoteca.

Integrantes de organizaciones feministas y contra la pobreza se han concentrado en Barakaldo para exigir al Ayuntamiento “una solución digna” al caso de una mujer de 41 años víctima de violencia machista y sus hijos de 6 y 15 años que serán desahuciados el próximo 26 de febrero por orden judicial a instancias del Gobierno Vasco.

La movilización se ha realizado ante el edificio consistorial, en donde los participantes han mostrado carteles con frases como ‘Por el derecho a techo, no más vecinos desahuciados’ o ‘Ni casas sin gente ni gente sin casas’ o ‘No desahucios. ¡Por el derecho a una vivienda digna!’.

La asociación Centro Asesor de la Mujer Argitan y la plataforma contra la pobreza Berri-Otxoak han denunciado que “las Administraciones públicas, al promover o permitir estos desalojos, incumplen las resoluciones de las Naciones Unidas y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que exigen una vivienda alternativa cuando afecte a familias en situación de precariedad y, especialmente, cuando hay menores perjudicados”.

Al respecto, han destacado que “las instituciones no han ofrecido a las víctimas una solución definitiva y digna durante el último año y medio del proceso, a pesar de la situación de violencia machista probada documentalmente y pese a los intentos repetidos de la damnificada por buscar una salida”.

El juzgado de primera instancia número 1 de Barakaldo ha fijado para el miércoles día 26 a las 9.15 horas el denominado ‘lanzamiento’ o desalojo de estas tres personas, con “auxilio de la fuerza pública” si se considera “necesario”. La vivienda, en el número 5 de la calle La Felicidad, del barrio de Bagatza, ha sido reclamada por la Sociedad Pública de Alquiler Alokabide, del Ejecutivo autonómico, que sólo en 2018 desahució a 184 familias vascas.

La resolución se conoce después de que otra familia, de cinco miembros, entre ellos tres mujeres adultas y una niña de dos años, haya sido desalojada de su piso de Rontegi este pasado miércoles 12 de febrero por no poder hacer frente a su hipoteca. La familia afectada, que ni siquiera ha podido rescatar sus enseres, ha pasado las primeras horas del desahucio intentando localizar un lugar donde dormir.

El desahucio fijado para finales de este mes fue inicialmente anunciado para el verano, pero se aplazó el 30 julio. Antes y tras esta medida judicial, la mujer ha intentado repetidamente reunirse y obtener una propuesta institucional, pero “ni los servicios sociales del Ayuntamiento ni Alokabide, no han atendido durante meses a la familia, pese a las solicitudes de la mujer que, si nada lo soluciona, se quedará en la calle con sus dos hijos”.

Esta madre lleva ya un año y medio intentado que los recursos sociales del Ayuntamiento de Barakaldo o el Servicio Vasco de Vivienda regularicen su situación y el uso de la vivienda en la que reside. En este sentido, y por sugerencia de la oficina del Ararteko, ha remitido en dos ocasiones un escrito dirigido a la Sociedad Pública de Vivienda Etxebide, de Gobierno Vasco, en mayo del 2018 y el pasado 18 de noviembre. No ha tenido respuesta.

Argitan y Berri-Otxoak han recordado que cada semana se producen una media de cuatro desalojos en Barakaldo, localidad que ya acumula más de 1.500 desahucios desde que, el 9 de noviembre de 2012, se quitara la vida la vecina Amaia Egaña en el mismo momento en el que comitiva judicial procedía a ejecutar la expulsión de su piso en el barrio de Desierto.

Nuevamente se comprueba que es papel mojado el supuesto protocolo antidesahucios acordado en 2013, a raíz de la muerte de Amaia Egaña, por el Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, y renovado este pasado mes de febrero”. De acuerdo al compromiso de actuación para estas situaciones, los servicios sociales de base deben “dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente” cuando hay familias vulnerables afectadas por una situación de desahucio, y garantizar el acceso a un alojamiento de urgencia.

ARGITAN / Berri Otxoak

Barakaldo, 18 de febrero de 2020.

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