15-M RONDA. En pocas palabras.- En el Estado español, donde uno de cada tres niños y niñas está en riesgo de pobreza o exclusión social, esto es, 2,8 millones de niñas y niños, las consecuencias del incremento de precios en alimentación y suministros básicos están teniendo un efecto añadido en los hogares con infancia, en los que los gastos de alimentación y transporte se incrementan notablemente respecto a otros tipos de hogares.

Ecologistas en Acción.- Organizaciones sociales, ambientales, ONG y sindicatos solicitan al Gobierno la prohibición de los cortes de suministros esenciales a personas en situación de vulnerabilidad y la aplicación del principio de precaución, entre otras medidas urgentes para abordar la pobreza energética. Asimismo, las organizaciones demandan que se garantice el acceso a los suministros básicos como un derecho permanente.
Presentación demanda ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para denunciar el reglamento que desarrolla la nueva Ley de RGI
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