El proyecto comunitario del Parke, en el que participan vecinas y vecinos del barrio, colectivos sociales, se ha manifestado este lunes 29 de diciembre, a las 18:00 horas, desde la plaza Poeta Miguel Hernández hasta la plaza de la Paciencia Infinita, frente al Ayuntamiento de Alfafar (Valencia).
La movilización ha querido denunciar una situación de “acoso y derribo institucional” contra varias iniciativas sociales que, tras la DANA, se han convertido en una respuesta organizada y esperanzada frente a la exclusión.
En un comunicado, el proyecto señala que tres iniciativas comunitarias, como son el supermercado social, los centros de día y una cooperativa social de inserción, se encuentran amenazadas por inspecciones, impagos y advertencias de cierre, pese a haber sostenido a cientos de familias en los meses más duros posteriores a la catástrofe del 29 de octubre de 2024.
El supermercado social del Parke nació a los pocos días de la barrancada, ante lo que sus promotores describen como un escenario de abandono institucional en los municipios arrasados. Desde entonces, ha permitido garantizar el acceso a la alimentación y a otros bienes básicos a miles de familias, canalizando también donaciones de ropa, electrodomésticos, muebles, medicinas y ayudas económicas.
Actualmente atiende a unas 300 familias cada semana, una realidad que evidencia que muchas personas se ven obligadas a “elegir entre pagar el alquiler, la alimentación, la luz, el agua, el transporte o las necesidades escolares”, según subrayan. Facilitar parte de estas necesidades no es, insisten, una acción asistencial, sino una manera concreta de hacer efectivos los derechos humanos en contextos de vulnerabilidad.
Tras un año de funcionamiento, denuncian que el proyecto se enfrenta ahora a inspecciones y amenazas de cierre, una situación que interpretan como un cuestionamiento de una iniciativa comunitaria que visibiliza la exclusión social existente.
Junto al supermercado social, los centros de día del Parke, uno dirigido a infancia y otro a jóvenes en procesos de inserción sociolaboral, funcionan desde principios de los años noventa y han garantizado atención socioeducativa incluso en los momentos más críticos. “Jamás se interrumpió el trabajo educativo”, recuerdan, subrayando que tras la DANA la intervención continuó en la calle, en viviendas y en locales acondicionados por el Kolectivo de Jóvenes.
Pese a esta trayectoria, los centros acumulan ocho meses sin recibir la financiación correspondiente por parte de la Generalitat Valenciana, a pesar de existir un concierto en vigor. Según denuncian, exigencias administrativas ya resueltas se están utilizando como cortapisas para el impago, poniendo en riesgo un servicio esencial para muchas familias.
Fuente: noticiasobreras.es/