La pena es inconstitucional y vulnera los derechos humanos.

 La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha presentado en abril de 2016 la campaña ‘No a la Perpetua’ que tiene como objetivo eliminar la prisión permanente revisable incluida en la última reforma del código penal y cuya supresión será debatida estos días en el Congreso de los Diputados, gracias a una proposición no de ley.

La prisión permanente revisable, término “eufemístico” que el Gobierno ha utilizado para nombrar la cadena perpetua, es ilegal y atenta contra los derechos humanos, además, vulnera la Constitución Española, que prohíbe penas inhumanas y degradantes y dilapida el principio de reinserción social que ha de tener cualquier condena. En un reciente estudio científico realizado por la APDHA, ‘La Sociedad Española frente a su Sistema Penal’, queda claro que el 52,4% de la población se muestra en contra de la cadena perpetua en cuanto se le aporta un elemento de reflexión que desconocían, como es el coste que supone el mantenimiento de una persona presa al año.

Además, la investigación deja claro el desconocimiento que la sociedad tiene del sistema penal, que es considerado “laxo” por parte de la ciudadanía, especialmente por aquellos con menos estudios y que nacieron antes de la democracia. No obstante, España tiene la mayor tasa de personas reclusas de Europa occidental, una media de 10 meses de cumplimiento en las cárceles superior a la de la UE y penas de hasta 40 años en prisión (por concatenación de distintas penas), mucho más elevadas en el tiempo efectivo de cumplimiento que las de los países de nuestro entorno que sí cuentan en sus códigos penales con la cadena perpetua. Estas largas condenas, ya presentes antes de la reforma para delitos muy graves y no graves con reincidencia, es otro de los argumentos en contra de la prisión permanente revisable que sostienen los más de 60 catedráticos de Derecho Penal de 33 universidades españolas.

La prisión permanente revisable tuvo la oposición de seis de los siete grupos parlamentarios existentes en el Congreso en el momento de su aprobación. Y el único grupo a favor está ahora en minoría. Además, cuenta con la oposición del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) por considerarla “inconstitucional” ya que, afirma, cualquier pena debe ir orientada a la reeducación y reinserción social. Por su parte, el Tribunal Supremo ha hecho referencia en varias sentencias a la ilegalidad de las largas condenas y los Servicios de Orientación Jurídica Penitenciaria (SOAJP), dependientes de los colegios de abogados, han mostrado también su desacuerdo diciendo que “la reforma no nos protege más, no nos hace más libres y sí nos convierte en menos civilizados”.

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía lamentamos que esta ley se haya elaborado por meros fines electoralistas y por la alarma social de casos puntuales, máxime cuando la demanda social es ficticia si atendemos al desconocimiento de las penas, a que ya existen condenas superiores a 40 años en el ordenamiento jurídico español (por concatenación de distintas penas) y a que la investigación criminológica demuestra que el aumento de la dureza de las condenas no disuade de cometer delitos.

Planteamos, para reducir la tasa de criminalidad, una de las más bajas de Europa -UE registra 0.92 asesinatos u homicidios por cada 100.000 habitantes, España 0.69- trabajar desde la prevención del delito y con medidas sociales que luchen contra la marginación y la desigualdad, como iniciativas para luchar contra la comisión de delitos.

Por todo ello, la APDHA hace un llamamiento al Gobierno para que no se incorporen a la ley penas que vulnerando la Constitución y los derechos humanos, cuestionen nuestra concepción de Estado social y democrático, deshumanicen nuestra sociedad y nos conduzcan a más violencia de la que pretendían evitar.

Más información: http://www.apdha.org/no-a-la-perpetua/