pikaramagazine.com. Vivi Alfonsín Rodríguez.- Las nuevas medidas implicarán un claro empeoramiento de los procesos para las solicitantes de asilo, así como un radical retroceso en unos derechos ya menguados. No podemos dejarnos solas frente a la opresión.
Durante los últimos días de este año, si nada ni nadie lo remedia, se suscribirá el nuevo PEMA. La firma, bajo presidencia española del Consejo de la Unión Europea, quedará un tanto soterrada; de un lado, por una clara voluntad de desinformación urdida en aras de hacer pasar el acuerdo como un avance en términos humanitarios. Del otro, por el contexto político que la envuelve, donde el genocidio que el Estado colonial de Israel sigue cometiendo contra el pueblo palestino supone el hito histórico de mayor relevancia.
La última reunión de los firmantes, sostenida el pasado 7 de diciembre, culminó a altas horas de la noche y sin cerrar algunos puntos del nuevo tratado, ordenado bajo cinco piezas legislativas en las que todavía no existe una perspectiva unánime. Pero en lo que sí estuvieron de acuerdo fue en la reforma que modifica el Reglamento EURODAC, la base de datos dactiloscópicos que se emplea para el control de las personas solicitantes de asilo. Un registro biométrico cuyo supuesto objetivo es ayudar a los Estados miembros a garantizar un mejor seguimiento de los solicitantes y personas en situación administrativa irregular, pero que, en realidad, opera como un arma para justificar detenciones y deportaciones arbitrarias, ya que “permite que los servicios de seguridad, la consulten con fines de investigación, detección y prevención de los delitos de terrorismo o de delitos graves”. Factores que, aplicados con el sesgo racista que caracteriza la gestión migratoria, son una puerta abierta a la perpetuación de abusos contra personas migrantes y desplazadas, incluso menores de edad.
En el siguiente encuentro, previsto para el día 18, se espera un acercamiento definitivo de las posturas sobre los cuatro puntos restantes. El Reglamento para la gestión de asilo y migración, que sustituirá al actual sistema de Dublín; el Reglamento de control, que implica la gestión de las fronteras; el Reglamento sobre procedimientos de asilo, que afectará aspectos cruciales tales como su duración; y el Reglamento sobre situaciones de crisis y fuerza mayor.
Las nuevas medidas implicarán un claro empeoramiento de los procesos para las solicitantes de asilo, así como un radical retroceso en unos derechos ya menguados. No supone ningún progreso en comparación con el vigente Reglamento de Dublín, mecanismo que determina a qué Estado corresponde examinar una solicitud de asilo según las circunstancias de acceso a los países miembros, y que suele ser aquel por el que la persona ingresó a la Unión Europea. Se amplía a dos años el período de responsabilidad del país de llegada para quienes entren por la frontera exterior, pero se reducirá a 15 meses tras un rechazo en el procedimiento fronterizo, y se reducirá a 12 meses para las personas rescatadas en el mar. A pesar del cúmulo de regresiones que se dispone a poner en práctica, el PEMA habría sido una oportunidad inigualable para mejorar dicho mecanismo, atendiendo a parámetros lógicos de reagrupación familiar. Sin embargo, las propuestas efectuadas en este sentido han sido rechazadas, incluida una definición de familia más amplia para permitir la unificación familiar entre hermanos y hermanas. Por otra parte, los firmantes han coincidido en una urgente necesidad de incrementar las obligaciones de las solicitantes para con las autoridades competentes, previniendo lo que consideran situaciones de abuso respecto de los países de acogida. Al tiempo que han recalcado la tensión que se percibe entre los Estados negociadores en cuanto a la carga económica y administrativa que supone la gestión migratoria.
Pero todo ello no es más que la representación formal que legitimará, de una vez por todas, disfrazada de tecnicismos y de la gastada retórica de los derechos humanos, una escalada de violencia institucional en el control migratorio. Para empezar, el PEMA traslada la gestión de los procedimientos de asilo a los pasos fronterizos, lo que supone, per se, que las personas, incluso si son menores de edad, quedarán inmediatamente arrestadas en estos nuevos dispositivos carcelarios, en este no-lugar sin ley. Esto reduce el acceso a asistencia jurídica, incluidos los recursos de apelación, y las exenciones para personas vulnerables, sea cual sea su edad. Según la organización Save the Children, una de cada cuatro personas que llega a Europa en estas circunstancias es una criatura, y diversos organismos internacionales coinciden en que el número de mujeres desplazadas alcanza, como mínimo, la mitad del total. Así como coinciden en que la crisis medioambiental y la escalada de violencia debida a los conflictos bélicos enquistados para lucro del norte global, continuarán impulsando los movimientos humanos, a pesar de que solo el 40 por ciento busca refugio fuera de su país.
En lugar de destinar medios que agilicen la gestión de solicitudes de asilo y la conviertan en un trámite justo y transparente, los nuevos procedimientos se realizarán con recursos económicos diezmados y menos garantías legales, transformados una tarea más dentro de la inmensa lista de atribuciones que se le está otorgando a las fronteras, convertidas ya en campos de detención. En este sentido, el nuevo tratado aplicará el concepto de “tercer país seguro”, entendiéndose por tales aquellos territorios extraeuropeos, principalmente de los Balcanes y el norte de África, reconvertidos en fronteras externalizadas de los otros miembros de la UE. Esto, a pesar de que el 85 por ciento de las personas refugiadas en el mundo se encuentra fuera del continente. Y todo ello será gestionado por conglomerados económicos dedicados a la tecnología de control migratorio, la aplicación de inteligencia artificial para los cribados y la propia gestión de las vidas y muertes en las fronteras. Empresas españolas como Indra, Isdefe, pero también aliados como Israel Aerospace Industries, universidades y entes públicos como el Ministerio de Interior o la Guardia Civil, Frontex; y las arcas de los países que se lucran con este negocio, dotado con un presupuesto de la UE de 93 billones de euros, solo entre 2021 y 2027. En suma, el proyecto encierra un cinismo insoportable.
La exigencia de responsabilidades políticas ante la masacre de Melilla debería haber sido un asunto prioritario para cualquier proyecto transfeminista
Hace pocos días, con motivo de la concesión del Premio Nobel de la Paz 2023 a Narges Mohammadi, su marido, el periodista Taghi Rahmani, ofreció unas declaraciones que me hicieron reflexionar, precisamente, en torno al compromiso político del feminismo con determinadas causas. Rahmani declaraba que, en Irán, las manifestaciones de apoyo a Mohammadi, encarcelada nuevamente desde 2021 por la publicación del libro Tortura blanca, así como la lucha por los derechos y libertades civiles, son usadas actualmente por las autoridades para acusar a las personas manifestantes de ser proisraelís. Su denuncia desvelaba una terrible apropiación del sentido político de estas luchas. Una macabra estrategia de descrédito ante la opinión internacional. Pensé en lo sola que estaba Mohammadi, a pesar de todo. En lo solas que están tantas mujeres condenadas, estén presas o no, por motivos políticos. Y pensé, sobre todo, en que no debíamos permitirnos formar parte de los elementos que reproducen esa soledad. Porque la cuestión es que Narges Mohammadi es una activista reconocida, las cámaras y micrófonos de la prensa mundial reportan su caso. Algunos medios lo usan, claro está, para intentar encubrir su islamofobia, pero ni siquiera eso basta para frenar la violencia que se vierte contra ella y su familia, incluidos, por descontado, sus hijos, con los que no tiene contacto desde hace 22 meses. ¿Qué quedará, entonces, para una mujer anónima, para una familia desconocida, con menores y personas ancianas a su cargo, que intente apelar al derecho internacional para solicitar asilo tras las infranqueables fronteras de Europa? ¿Qué podremos decirles mañana, si no atendemos a la mínima responsabilidad política que tenemos hoy hacia ellas desde una perspectiva transfeminista?
Así mismo, ¿qué diremos a las madres, hermanas e hijas de los hombres que son asesinados en el tránsito migratorio y en las propias fronteras de los países donde vivimos? Y ante la asimilación de la ideología que animaliza y brutaliza sus cuerpos y sus formas de vida, sabiendo que sustenta gran parte relato hegemónico contra las personas no blancas, incluido el genocidio contra el pueblo palestino. La exigencia de responsabilidades políticas ante la masacre de Melilla debería haber sido un asunto prioritario para cualquier proyecto transfeminista. Esta exigencia debió llegar suficientemente lejos y ser suficientemente arriesgada para asegurar la salida de Grande-Marlaska del Consejo de Ministros y la apertura de una comisión de investigación. Pero no fue así. En la misma línea, la aprobación de la regularización extraordinaria, impulsada por Regularización Ya, que persigue solventar la irregularidad administrativa a la que el Estado español somete a más de medio millón de personas, mayoritariamente mujeres con niñes a su cargo, debería suponer otra urgencia común.
Decía Gloria Anzaldúa que “la bestia sombra y su ayudante desconocimientos (la ignorancia que cultivamos en orden de permanecer irresponsables y alejarnos del conocimiento), están tenazmente aferrados a nosotros y nosotras”. Añado, que, a veces, vivimos en la inocente convicción de que ese desconocimiento nos protegerá. Pero sabemos que no es cierto. Que, si algo nos ha enseñado este recorrido dispar y contencioso andado hasta aquí, es que no podemos dejarnos solas frente a la opresión. Por eso, ante la rúbrica del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo de la UE, que ocurrirá con el beneplácito del Parlamento y la Comisión europeas, pero, sobre todo, bajo presidencia española del Consejo de la UE, debemos despertar una reacción transfeminista que, como mínimo, se encuentre a la altura de nuestra oposición y nuestra rabia.
Debemos, en primer lugar, estar informadas, asumir como propia la necesidad de conocer y estar al tanto de esta realidad que es el marco legislativo que permitirá legitimar para siempre la tortura, el maltrato y la muerte de miles de mujeres, criaturas y hombres inocentes. En segundo lugar, colocarlo en la agenda política del feminismo nacional, tomar partido por ello y demandar a nuestras representantes parlamentarias que prioricen y se adhieran a esta causa. Estamos cansadas de escuchar lo difícil que se vuelve mantener ciertos compromisos radicales una vez se pisan las mullidas alfombras del Congreso. Durante la pasada legislatura, solo la diputada María Dantas se atrevió a desafiar ese poder, y, ahora, el deber recae también sobre quienes estamos convencidas de la injusticia flagrante que supone este pacto.
“La maldición de la negra roca”, como definía la poeta palestina Fadwa Tuqan una parte de la realidad devastada de su pueblo, asediado y masacrado durante décadas por el colonialismo israelí con la traicionera connivencia de un mundo que, o se ha beneficiado de ello o ha encontrado múltiples formas de mirar para otro lado, parece más vigente que nunca. En su poema “La Roca”, Tuqan consigue mostrarnos, de manera precisa y desgarradora, la inmensidad del peso que cargan consigo. La roca se convierte en un hecho material y político, en un grávido castigo y en una separación abismal. La que distingue a quienes tienen derecho a la vida de las condenadas a muerte. La que disocia a quienes observamos con las manos cruzadas de las que atraviesan el solitario corredor de la destrucción. Pero no se trata de una distinción casual. El ordenamiento presente del mundo responde a intereses económicos que se han convertido en consuetudinarios, dragando históricamente los derechos de unas personas hacia los privilegios de otras a través de la herida colonial. Bajo el paradigma del transfeminismo, sabemos que no es posible hacer nada más que acercarnos a quienes carga la roca e intentar levantar una mínima parte del peso que acarrean consigo. Que la ética del camino que hemos elegido no puede seguir reproduciendo gestos supremacistas ni de corte caritativo, sino que consiste, única y radicalmente, en asumir nuestra parte de responsabilidad.