desinformemonos.org. Alicia Alonso.- El día 20 de enero, Tony Chavero, preso en la cárcel de Teixeiro en A Coruña, inició una huelga de hambre (hasta el 30 de enero) para protestar por el abandono sanitario y la dignidad de las personas presas. Se suma así a la huelga de hambre que Pope (que estuvo preso durante 25 años) mantuvo frente al Congreso de los Diputados a finales de diciembre del año pasado contra la desatención sanitaria en las prisiones.
Asociaciones de sanidad penitenciaria, colectivos de derechos humanos y grupos de apoyo a personas presas llevan años denunciando la desatención médica estructural en las prisiones españolas y la progresiva normalización del sufrimiento de las personas privadas de libertad.
Según una queja presentada al Defensor del Pueblo por la Asociación de Derecho Penitenciario ASDEPRES, el pasado 21 de diciembre, falleció una persona presa en el Centro Penitenciario de Tenerife II, en circunstancias que deben ser esclarecidas y vinculadas a una presunta desatención médica. Según los testimonios, Simon Cajetan Adu Okole, de origen nigeriano, había solicitado a finales de noviembre del año pasado ser atendido por el servicio médico debido a una fuerte congestión. Con el paso de los días, sin la atención adecuada, lejos de mejorar, su estado de salud se agravó. El 19 de diciembre, al encontrarse en mal estado activó el timbre de alarma durante la noche sin recibir respuesta. Ante la inacción, fueron otros presos quienes comenzaron a golpear las puertas y a gritar pidiendo auxilio. La escena se repitió la noche siguiente, entre el 20 y el 21 de diciembre. A la mañana siguiente, en el horario del desayuno, Simon fue trasladado en silla de ruedas desde su celda al servicio médico donde presumiblemente falleció.
Este relato, estremecedor en sí mismo, adquiere una gravedad aún mayor si tenemos en cuenta que el Centro Penitenciario de Tenerife II ya había sido objeto de advertencias por parte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura tras su visita en 2022. En sus recomendaciones se señalaba la necesidad urgente de cubrir la subdirección médica, dotar de estabilidad a la plantilla sanitaria, mejorar los registros de fallecimientos y recabar con rapidez los informes definitivos de las autopsias. También se recordaba el deber legal de garantizar a las personas presas una atención sanitaria equivalente a la del conjunto de la población. Tres años después, todo indica que esas advertencias han caído en saco roto.
Pero hay una dimensión más preocupante: la sanidad penitenciaria en España funciona al margen de la ley. La Ley 16/2003,de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, establece de forma clara que las comunidades autónomas deben asumir las competencias en materia de sanidad penitenciaria para garantizar una atención equivalente a la del resto de la población. Han pasado más de veinte años desde su aprobación. Salvo en Cataluña, Navarra y el País Vasco, el mandato legal sigue sin cumplirse.
Esta dejación no es neutra. Mantener la sanidad penitenciaria fuera de los sistemas autonómicos de salud implica servicios infradotados, escasez de personal, plantillas envejecidas, falta de especialistas, escasa coordinación con la red pública, una atención fragmentada que llega tarde o no llega y una dependencia excesiva del personal de vigilancia para activar la asistencia médica. No es una anomalía técnica: es una decisión política sostenida en el tiempo por gobiernos de distinto signo, con la complicidad pasiva de las comunidades autónomas.
Mientras tanto, el artículo 208 del Reglamento Penitenciario sigue proclamando que las personas privadas de libertad tienen derecho a una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población. Una equivalencia que, en la práctica, se incumple de forma sistemática. En prisión, enfermar es un riesgo añadido. Pedir atención médica, una carrera de obstáculos. Y morir, con demasiada frecuencia, una cuestión mal documentada y peor investigada. A ello se suma una preocupante falta de transparencia cuando se produce una muerte bajo custodia: silencio, ausencia de información pública y familias —cuando las hay— obligadas a luchar para conocer qué ocurrió.
La situación se agrava cuando la persona fallecida es migrante y carece de redes de apoyo en el exterior. Sin familiares que reclamen, sin colectivos que acompañen desde el primer momento, el riesgo de que esta muerte pase desapercibida es mayor. La muerte se convierte en un expediente más, en una estadística opaca, en un trámite administrativo.
Las cárceles no pueden seguir siendo espacios de excepción sanitaria y jurídica. No pueden convertirse en lugares donde el dolor se gestiona por turnos, donde la atención médica depende de la insistencia, del ruido o de la suerte. La pregunta no es solo cómo murió Simon Cajetan Adu Okole. La pregunta es también, cuántas muertes más harán falta para que la desatención médica en prisión deje de ser una advertencia ignorada y pase a ser, de una vez, una prioridad política y social.