15-M Ronda. En pocas palabras.- Ya se sabe cuánto le costó de media a la Sanidad Pública en el primer año de la pandemia cada ingreso por COVID. Por paciente 5.822 €, esto es, casi 6.000 € cada ingreso en planta, y a cada paciente que ingresó en la UCI, 19.000 €.

Son datos del Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada. Nadie pagó un euro por atenderlo en el hospital, lo atendieron igual que si hubiese tenido medios económicos, gracias a la Seguridad Social, y eso se paga con los impuestos. Por ello, ¿a quiénes quieren beneficiar aquellos que hablan de bajadas fiscales? (Programa Hora 25. Cadena Ser)

Es evidente que el actual sistema tributario se caracteriza por una apremiante falta de suficiencia, una muy deficiente equidad y un nivel de economía sumergida y fraude fiscal muy superior al de los países de nuestro entorno. Y tiene consecuencias gravísimas en términos económicos y sociales.

Entre 2007 y 2021, el impuesto cuya recaudación ha crecido más fue el IRPF, el que pagan las personas asalariadas, que aumentó el 39,2%, seguido por el más regresivo e injusto para la gente, el IVA, que lo hizo en un 29,8%. Mientras tanto, el impuesto de sociedades disminuyó su recaudación un 40,6 %.

Si España hubiese recaudado durante este período el 40,5% del PIB como la media de la eurozona, se habrían obtenido 1,23 billones de euros adicionales, un 18% más.

Si se hubiera mantenido el porcentaje de aportación tributaria de las empresas que había en 2007 –un 4,2% del PIB– habríamos ingresado en estos 13 años casi 349.000 millones de euros más por esta vía. Para que podamos medir la magnitud de esta cantidad, basta decir que, si se hubiese dedicado a sanidad, los presupuestos hubieran podido ser un 33% superiores a los efectivamente consignados.

La información de la Agencia Tributaria indica que las 122 grandes multinacionales con matriz española lograron en 2017 un beneficio de 91.808 millones y pagaron por este impuesto 17.063 millones en todo el mundo, un 18,6%.

El resultado final de esta injusta situación es que el promedio pagado por 57 grandes empresas multinacionales españolas en impuesto sobre beneficios en todo el mundo es del 3,7% mientras que un mileurista tributaba en IRPF algo más del doble (7,8%) y una persona que cobrase el salario medio, cuatro veces más (14,9%). Según el sindicato de Hacienda, Gestha, las grandes empresas son las que acumulan actualmente el 72% de toda la evasión fiscal del Estado español.

¿Y los bancos? Porque ya es hora de que nos devuelvan el coste del rescate. Para ello bastaría con modificar el tributo que grava los depósitos a un misérrimo tipo impositivo del 0,03% hasta llegar al 1%. Ello supondría una recaudación adicional de 12.000 millones al año. Dado que el coste actual del rescate bancario (incluyendo Sareb) asciende a 94.500 millones de euros, permitiría recuperar este importe en ocho años.

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, un 81,4% de los españoles considera que los impuestos no se cobran con justicia porque no pagan más quienes más tienen. Además, más del 90% de los ciudadanos cree que en España existe mucho o bastante fraude fiscal y un 61% considera que la Administración hace pocos o muy pocos esfuerzos para evitarlo.

En España se defraudan 91.600 millones de euros al año. Unos 60.600 millones en impuestos evadidos y unos 31.000 millones en cuotas defraudadas a la Seguridad Social. ¿Es eso mucho? Si hacemos números, significa que cada persona que no defrauda paga 2.000 euros al año para tapar el agujero que provocan los defraudadores. Según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, unos 31.800 millones de euros por encima de la media de la economía sumergida a nivel europeo.

Si nos preguntamos quiénes defraudan más en España, la respuesta es, las familias adineradas, las grandes empresas multinacionales españolas y los bancos.

A esta minoría le viene fenomenal el actual estado de recaudación e incluso pagar menos, para seguir enriqueciéndose, no le viene nada bien que le exijan pagar más impuestos y para ello cuenta con el partido del PP, Ciudadano y Vox que defienden sus intereses.