Baladre

Hace más de tres años se aprobó la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, conocida junto con las reformas introducidas en el Código Penal como leyes mordaza. Desde antes de su entrada en vigor y a lo largo de estos años, multitud de colectivos sociales venimos denunciando que el objetivo de estas leyes es criminalizar la protesta social pacífica y amedrentar a la ciudadanía con la amenaza de duras sanciones económicas. Hace unos meses Amnistía Internacional hacía balance de la situación y constataba “cómo una legislación que ha ampliado la potestad sancionadora de la Administración y aumentado el margen de discrecionalidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado, sin introducir mecanismos de control adecuados, ataca a las formas legítimas de protesta y del derecho a la libertad de expresión e información”.