Demanda a lanbide por vulneración de derechos y por las malas prácticas que ha sufrido

Solapas principales

Concentración delante de la oficina de LanbideEn la mañana del 23 de enero Sonia -mujer de Portugalete a cargo de trillizos de 6 años- ha presentado la demanda que ha cursado ante los tribunales contra Lanbide por los recortes, vulneración de derechos y malas prácticas que ha sufrido.

Hay que tener en cuenta que el Servicio Vasco de Empleo exigía a esta mujer una serie de documentos; los cuales había solicitado y estaba a la espera de ser remitidos desde los juzgados de Barakaldo. Sin embargo a pesar de saber que los documentos solicitados se estaban tramitando, Lanbide decidió retirar las prestaciones a las cuales tenía derecho.

Producto de esta situación no pudo hacer frente al alquiler de la vivienda donde residía, y se vio inmersa en un proceso de desahucio.

Comunicado

Una mujer lleva a los tribunales a lanbide por su política de recortes

  • Colectivos sociales y feministas, junto con Sonia, madre de trillizos menores de edad, denunciamos las malas prácticas de Lanbide que llevaron a esta familia a un proceso de desahucio y una grave situación de vulnerabilidad y que a la espera de que se señale nuevamente una fecha, se resolverá en un “Juicio Contencioso-administrativo” en los Juzgados de Gasteiz.
  • A pesar de las dificultades de las personas perceptoras de llegar a lo Contencioso-Administrativo, Lanbide y por tanto la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales ha sido condenada en el último año y medio en 172 ocasiones, debido a sus malas prácticas y a que sus procedimientos no se ajustan a derecho.
  • Por todo lo citado anteriormente, denunciamos la campaña de criminalización de Lanbide hacia las personas perceptoras de RGI y la desprotección en la que deja a muchas familias, sin tener, además, en cuenta las situaciones de violencia en las que se encuentran muchas mujeres o el interés superior del menor.

Ha pasado más de año y medio desde que Lanbide procedió a suspender a Sonia y sus trillizos de cinco años que están a su cargo la Renta de Garantía de Ingresos y la Prestación Complementaria de Vivienda, el motivo fue no presentar en el plazo que establece Lanbide de dos meses, la demanda de divorcio enfrente a su expareja y padre de sus hijos. Sonia a pesar de haber realizado todos los tramites en tiempo y forma y solicitado justicia gratuita para proceder a la demanda, sufrió un retraso de parte del Colegio de la Abogacía de Bizkaia para asignarle abogado/a de oficio. Pese haber hecho constar está situación a Lanbide en su oficina correspondiente, ante la que hoy nos encontramos, este departamento procedió a la suspensión, provocando que los impagos de alquiler se acumularan y Sonia se viera inmersa en un procedimiento de desahucio con sus tres hijos.

Después de todo este tiempo de espera, Sonia, tras haberse suspendido la fecha de juicio, sigue a la espera de ser citada en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Gasteiz (capital administrativa de la CAPV) frente a Lanbide – Servicio Vasco de Empleo, departamento que pertenece a la Consejería de Empleo y Políticas Sociales que dirige Beatriz Artolazabal.

En 18 meses, este departamento ha sido condenado, según datos oficiales, en 172 ocasiones debido a sus malas prácticas, a pesar de las dificultades de las personas perceptoras de llegar hasta el recurso Contencioso – Administrativo, ya que hay que realizar un largo recorrido administrativo, que supone innumerables gestiones administrativas de cierta complejidad, una larga espera hasta la fecha del juicio y para muchas personas una distancia física, Gasteiz, que dificulta la relación con su letrado, teniendo que realizar varios desplazamientos hasta la capital vasca, cuando se trata de personas que se encuentran en una difícil situación económica. Por lo tanto 172 sentencias condenatorias, a pesar de ser un número muy significativo, ni siquiera representan las malas prácticas de este departamento, que son muchas más.

Todo ello, se debe a una campaña desleal que comienza en esta administración, para criminalizar a las personas perceptoras de RGI y legitimarse de esta manera para hacer recortes en materia de derechos sociales, empeorar un servicio que atiende a una parte de la sociedad vasca que se encuentra en una situación de riesgo, pobreza y emergencia social y en muchas ocasiones, entre las que se encuentran mujeres supervivientes de la violencia machista y menores, frente a los que está institución que se ha definido como “amigable con la infancia” y que como ya le ha interpelado la Oficina del Ararteko en numerosas ocasiones, no tiene en cuenta el interés superior del menor.

Por todos estos motivos, exigimos a Lanbide que revierta su actual política de recortes hacia las personas en paro, con empleos precarios o pensionistas. A la par que demandamos que se respete los derechos de las mujeres afectadas por la pobreza y la violencia sexista.

Asociaciones sociales y colectivos feministas:
Argitan (Centro Asesor de la Mujer de Barakaldo); Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia; Berri-Otxoak (Barakaldo); Mujeres del Mundo; Oficina de Derechos Sociales de Portugalete; Punto de Información sobre RGI (Santurtzi); PAH Kaleratzerik EZ-PAH Bizkaia.

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