Trabajo esclavo en la industria cárnica alemana

Solapas principales

Barracones donde viven las trabajadoras de la fresa en Oldenburgo. Foto: ALSOEl COVID-19 parece haber sacado a la luz la industria cárnica alemana. No a nosotras. Os traemos un artículo de Gido, una compa de ALSO, para la revista de Soberanía Alimentaria, dónde ya nos explicaba cual el era el "milagro" de esta industria, el trabajo esclavo.

Guido Grüner. ALSO Oldemburgo.- ¿Cómo se vive en Alemania trabajando en la agroindustria? La Asociación de Ayuda al Desempleado de la ciudad de Oldemburgo (ALSO), lleva unos años profundizando a través de testimonios directos en las condiciones laborales que ofrecen las empresas y mataderos que exportan carne y que la distribuyen en las grandes superficies, algunas tan conocidas como Lidl o ALDI.

Desde hace 35 años, en ALSO luchamos de forma autogestionada contra los bajos ingresos de personas empleadas y desempleadas, el trabajo precario, el trato denigrante y la privación de derechos en el supuesto Estado «social» de Alemania. Con la huelga de suministro de leche de 2008 y 2009 empezamos a colaborar con el campesinado de nuestra región. Compartimos con él la percepción de que la agricultura sostenible implica garantizar salarios justos y que los salarios miserables forman parte de la estrategia de las grandes cadenas de supermercados y la industria alimentaria para alcanzar mayores cuotas de mercado con alimentos a bajo precio. El precio real de esa alimentación lo pagan las personas, los animales y la naturaleza.

En 2013 y 2014, apoyamos las investigaciones sobre la competitividad en la industria alimentaria alemana que realizó el sindicato francés Confédération Paysanne. Uno de los aspectos más significativos de esta competitividad es la explotación extrema de las personas, la vida aislada a la que son sometidas y su enorme dependencia del trabajo, tanto es así que podemos hablar de «trabajo esclavo».

Desde finales de 2015, organizamos asesorías y apoyos dirigidos a trabajadores y trabajadoras de la industria alimentaria, enfocados al cumplimiento de los derechos sociales y al acceso al sistema de salud, escuelas y guarderías, donde es frecuente encontrar enormes dificultades burocráticas. En su mayoría, se trata de personas que trabajan en los grandes mataderos de aves Heidemark y PHW/Wiesenhof y en los mataderos de cerdos Danish Crown, Tönnies, Vion, Westfleisch, que también sacrifican ganado bovino en menor proporción. Estas empresas exportan sus productos al resto del mundo y dentro de Alemania son distribuidos por las cadenas de supermercados Aldi, Edeka, Lidl y Rewe, que controlan más del 90 % de la venta al por menor y encabezan la lucha por mayores cuotas de mercado mediante políticas de precios bajos.

NUESTRAS OBSERVACIONES EN LA BAJA SAJONIA

La explotación y el trato inhumano sufridos por el colectivo migrante que trabaja en la industria alimentaria alemana alcanzó cotas tan elevadas que en 2013 dejó de poder ocultarse semejante realidad. A raíz de las protestas de sindicatos, iglesias y otras entidades, junto con numerosos informes de prensa sobre las condiciones de trabajo y vivienda de la industria cárnica en el sur de Oldemburgo, en 2014 se redactaron nuevas leyes con el fin de alcanzar unos estándares mínimos de calidad habitacional y laboral. Recientemente, en julio de 2017, ha entrado en vigor la Ley de Garantías de los Trabajadores del Sector Cárnico, que introduce la responsabilidad general de las empresas frente a las cotizaciones a la seguridad social y pone fin, al menos aparentemente, a una situación insostenible. Pero ¿qué sucede en realidad? ¿Llega a ser efectiva esta nueva ley?

Estos acuerdos de mínimos suponen, al menos, la asunción de nuevos estándares. Con las nuevas normativas sobre el salario mínimo, actualmente nadie podrá considerar aceptables remuneraciones en torno a los 9 €/hora. En cuanto al tema habitacional, sobre el papel nos encontramos con unos requerimientos más que miserables: 1 baño y 1 ducha con agua fría y caliente por cada 8 personas y 1 lavabo por cada 4 personas. Sin embargo, por nuestra experiencia y la de otros centros de consultoría y sindicatos con los que estamos en contacto, podemos afirmar que ni siquiera se llegan a alcanzar estos estándares.

DERECHO LABORAL = DERECHO DE EXPLOTACIÓN

El derecho laboral posibilita una ingente cantidad de maneras de presionar a los trabajadores. Para empezar, prácticamente todos los contratos laborales están limitados a unos pocos meses; incluso en fábricas donde se produce todo el año, a menudo su duración coincide con el periodo de prueba. El resultado: quien no sea diligente, quien se queje o se enferme se va a la calle, ya que durante el periodo de prueba no es necesario justificar el motivo de despido y puede darse casi de un día para otro.

A causa de la permisividad con las horas extras y la posición desfavorable de personas migrantes frente a europeas, nos encontramos con nóminas que superan las 200 horas mensuales (a menudo 240 e incluso 280 horas), resultado de trabajar 6 días a la semana en turnos de más de 14 horas. Quienes trabajan en mataderos y salas de despiece sufren una presión inmensa fruto de la velocidad exigida. «Lo primero que aprendí a decir en alemán fue más rápido», nos dijo una trabajadora. Nos hemos encontrado casos de personas que han trabajado en cámaras frigoríficas durante años, bajo una enorme presión laboral, empapadas, con frío, ruido, luces de neón deslumbrantes y padeciendo dolores en músculos y articulaciones hasta no poder más.

Parece existir una estrategia para arrastrar a la clase trabajadora a un estado de docilidad permanente, aumentando el miedo a la pérdida de trabajo y manteniendo así altos grados de eficiencia en la producción de alimentos. Un ejemplo de ello es la sanción que impuso la Agencia Federal de Empleo a una trabajadora que renunció a su trabajo. Aun habiendo presentando un informe pormenorizado explicando los motivos de su renuncia, la sanción fue de 12 meses sin prestación a causa del «desempleo autoimpuesto». Esta decisión de la Agencia de Empleo fue ilegal, pero concuerda con nuestras experiencias.

CAOS, PRESIÓN Y SOMETIMIENTO

A través de contratos de trabajo temporal y de contratos por prestación de servicios, las responsabilidades de los grupos empresariales como empleadores quedan prácticamente reducidas a cero, ya que no siempre quedan bien definidas. ¿Ante quién se debe notificar la baja por enfermedad? ¿Quién asigna cada puesto de trabajo y en qué lugar de la empresa en concreto? ¿Quién da la jornada laboral por finalizada? ¿Quién declara y quién depone las bajas por maternidad? Bajo esta incertidumbre desaparecen, por poner algún ejemplo, comprobantes médicos de baja por enfermedad, o se traspapelan hojas con nuevos encargos que implican posteriormente despidos por descuido o por absentismo laboral.

Encontramos numerosos casos de penalizaciones por supuestas infracciones de las normativas sanitarias, que no quedan demostradas. No es habitual encontrar oposición a estas argucias legales debido al miedo al despido, ni siquiera a pesar de las últimas modificaciones de la ley que las declara ilegales. Las empresas se sirven de estos trucos para eludir el pago del sueldo mínimo obligado por ley. Otra práctica habitual de la que dan cuenta trabajadores y trabajadoras de esta región, consiste en que los capataces exijan un pago, generalmente de 500 €, a quienes deseen firmar un contrato de trabajo.

La implantación del salario mínimo en el sector agrario tuvo una respuesta «creativa» por parte de las empresas. Como la nueva ley establece sueldos por hora bien definidos, sin ningún margen a la interpretación, se comenzó a emplear unidades o kilogramos para referirse a los remuneraciones de determinados trabajos. Paralelamente a la instauración del salario mínimo, los precios para el alojamiento de los trabajadores subieron de 100-150 € a 250-300 € mensuales.

Parece existir una estrategia para arrastrar a la clase trabajadora a un estado de docilidad permanente, aumentando el miedo a la pérdida de trabajo y manteniendo así altos grados de eficiencia en la producción de alimentos.

TRASLADO DE AVES A RITMO MILITAR

Tema aparte son las compañías de servicios del sector avícola, especialmente las empresas de vacunación, traslado, carga y descarga de aves. En Baja Sajonia, cada año permanecen encerradas en corrales cerca de 300 millones de aves que deben llegar al matadero en un tiempo determinado. Frecuentemente las personas empleadas se trasladan en minibuses visitando granjas esparcidas por toda la región. Casi nunca cuentan con prendas de protección por su elevado precio, han de lidiar con las heridas que les producen los pavos cuando los agarran. Además, deben permanecer horas y horas bajo condiciones de calor y humedad en los corrales, con los efectos que el aire cargado de amoniaco produce en la piel y en las vías respiratorias.

Algunas empresas ni siquiera realizan contratos laborales y las nóminas suelen brillar por su ausencia, muchas horas que deberían ser pagadas simplemente no se pagan; los días libres, los fines de semana o los pluses de nocturnidad son también inexistentes y aun cuando constan sobre el papel acaban también por no pagarse.

A todo esto hay que sumar que las personas trabajadoras sufren insultos racistas de los capataces y en algunos casos, según sus propias declaraciones, incluso llegan a ser golpeadas por ellos. Así informaban, por ejemplo, en una subcontrata de Vion en Emstek. En general, hay una inmensa presión en el ambiente de trabajo, pero cuando se les pregunta a las empresas del sector la respuesta es que «los trabajadores nunca están satisfechos con nada».

SITUACIÓN HABITACIONAL, SALUD, EDUCACIÓN Y GARANTÍAS SOCIALES

Granero y cría de aves de engorde en Ahlhorn. Foto: ALSO.Vivir en los alojamientos de la empresa empleadora depende de la buena conducta en el trabajo, lo que supone una mordaza adicional. No se dispone de contratos de alquiler y la cama cuesta entre 200 y 300 euros al mes, que se obtienen directamente del sueldo. Un ejemplo es el llamado Parque Residencial Ahlhorn, un terreno del ejército alemán adquirido por la empresa Erdbeerhof Osterloh, que usa los cuarteles como viviendas. Sus inquilinos no tienen libertad para recibir visitas y está todo vallado. Además, una conocida consejera regional tiene prohibida la entrada a este lugar.

En otro alojamiento de trabajadores del centro de Vechta las habitaciones son de 17 m² a los que hay que restar el espacio para una cabina de ducha. A pesar de haber sufrido goteras, su precio asciende a 500 € al mes. Hay una cantidad muy considerable de familias que viven en alojamientos mal aislados, con un sistema de calefacción deficiente y con moho. Muchas personas pagan una especie de suplemento de alquiler de en torno a 100 € para alojarse en otro sitio, ya que cuando hay demasiadas personas en una casa, el arrendador no otorga el certificado de registro, un documento fundamental para realizar cualquier trámite administrativo en Alemania.

Si no se cuenta con un servicio de traducción e interpretación no es posible proporcionar servicios sanitarios o educativos a migrantes. Beneficiarse de un tratamiento en condiciones o tramitar una baja laboral sin una buena comunicación entre personal sanitario y paciente es inviable, pero la tarifa no oficial del servicio de traducción es de aproximadamente 50 €. Nos llegó un caso en el que no se llevó a cabo el tratamiento prescrito a un paciente porque en los centros de rehabilitación de Oldemburgo no se hablaba búlgaro.

REFORMAS URGENTES Y ACCIÓN CIUDADANA

Nos encontramos ante una situación de falta absoluta de perspectivas para la gran mayoría de las personas trabajadoras, un panorama difícil de abordar si no se llevan a cabo algunas reformas urgentes:

  • Un plan regional de construcción de viviendas y cooperativas de viviendas para las familias, con alquileres asequibles orientados a la vida digna y no al mercado inmobiliario.
  • Acceso al servicio de traducción e interpretación en los organismos públicos y en los servicios de salud, educación y de asistencia social.
  • Conciencia sobre los mecanismos de exclusión y trato racista contra la población migrante, por ejemplo, la falta de oferta de viviendas, que la margina en lugares poco habitables.
  • Una política europea que acabe con la concentración monopolística de las cadenas de producción y procesamiento de alimentos responsable de estas injusticias.

En la zona sur de Oldemburgo la creación de asesorías móviles y multilingües está siendo de mucha utilidad. Las personas responsables del asesoramiento denuncian estas situaciones en los medios de comunicación y hacen más difícil que la clase política y la administración miren hacia otro lado.

El colectivo Meine Landwirtschaft (Mi Agricultura), una coalición de ecologistas, campesinado crítico y organizaciones de consumo, apoya esta lucha contra la explotación laboral. Entre sus últimas acciones encontramos la participación en la «Semana Verde» contra la Feria Anual de la Agroindustria y otras acciones bajo el lema «¡Estamos hartos!», en solidaridad con la población migrante. De igual manera, las secciones del sector agrícola (IG BAU) y de la industria alimentaria (NGG) de los sindicatos de trabajadores, así como las redes de apoyo y asesoría (Faire Mobilität) también participan de este amplio movimiento solidario. La solidaridad es, entre otros, una herramienta fundamental para erradicar estas prácticas y para acabar también con una competitividad destructiva y voraz.

(Traducción de Juan Martínez Márquez)

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