catalunyaplural.cat. Albert Sales Campos.-El desconocimiento y la opacidad con que se trata la cuestión penitenciaria dificulta sobremanera que los debates públicos vayan más allá del repertorio argumental del populismo punitivo.

“¡Cuidado, qué esto no es un patio de escuela!” es lo que me dijo un funcionario la primera vez que pisé un módulo de un centro penitenciario. Es obvio que una cárcel es un establecimiento sustancialmente más complejo, más violento y más peligroso que una escuela, pero tampoco tenemos demasiada información de lo que ocurre dentro, de cómo se organiza o de quiénes son las personas que la habitan.

Porque por la escuela pasa todo el mundo, pero por la cárcel sólo una parte muy pequeña de la población etiquetada como delincuente y, en consecuencia, situada por la sociedad fuera de los límites de la normalidad.

A pesar de ser central en nuestra forma de entender el castigo y la gestión del delito, el conocimiento que tenemos del sistema penitenciario responde más a imágenes estereotipadas inspiradas por el mundo del cine que a la realidad. Ni en medio de una pandemia global, el confinamiento dentro del confinamiento mereció mucha repercusión. Hay que rebuscar entre miles de piezas comunicativas para encontrar algunas referidas a brotes de covid en las cárceles catalanas, y la información sobre cómo se gestionó la situación es más bien escasa. Pasábamos el día leyendo y escuchando noticias sobre su impacto en centros de salud y en hospitales, en los puestos de trabajo, en el comercio y la hostelería o en la cultura… preocupándonos por la educación e indignándonos por las informaciones que llegaban de las residencias… Pero lo que ocurría en los centros penitenciarios parece que sólo interesó a las poco más de 7.000 personas presas y a sus familias, y a cerca de 4.500 personas que trabajan en ellas y su entorno.

Deben ocurrir hechos muy excepcionales para que las tensiones y los debates sobre las prisiones ocupen espacio mediático. Estas semanas, el asesinato de una trabajadora de la cocina del centro de Mas Enric ha provocado las protestas de trabajadoras y trabajadores del sistema penitenciario catalán que reclaman mayor seguridad y denuncian un incremento de la tensión y de la violencia en los centros. El desconocimiento y la opacidad con que se trata la cuestión penitenciaria dificulta sobremanera que los debates públicos vayan más allá del repertorio argumental del populismo punitivo.

En unas décadas, los países europeos han pasado de cuestionar la efectividad de la reclusión penitenciaria para combatir el delito a incrementar a la población recluida y convertirla en el eje central de los mecanismos de control penal. Hasta los años 80 del pasado siglo, el encarcelamiento recibía críticas por su falta de eficacia a la hora de reducir la delincuencia. Estudios realizados en Europa y en Estados Unidos apuntaban que, cuanto más largos eran los períodos de privación de libertad, más se potenciaban las causas estructurales del delito y que el ambiente que se vivía en las prisiones dificultaba la reinserción. Pero el auge del populismo punitivo convirtió la afirmación “la cárcel no funciona” en “no funciona porque es demasiado blanda”. De preguntarnos si alargar las penas tenía ningún impacto en la criminalidad hemos pasado a pedir penas cada vez más duras por todo tipo de hechos delictivos, y en lugar de plantearnos si el ambiente de los penales contribuía a objetivos reeducativos y resocializadores cargamos contra los nuevos centros por ser demasiado cómodos.

La hegemonía de estos discursos punitivistas deja en un muy escondido segundo plano las evidencias generadas por la investigación criminológica. Sabemos que en la mayoría de tipologías delictivas el endurecimiento de penas no ha tenido ningún impacto a la hora de reducir los hechos delictivos, y también sabemos que cuanto más largo es el período de privación de libertad y la falta de contacto con el resto de la sociedad más altas son las probabilidades de reincidencia. En un estudio realizado por el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE) se analizaban la trayectoria de las 3.814 personas excarceladas en 2015 del sistema penitenciario catalán para concluir que la tasa de reincidencia en los cinco años siguientes al cumplimiento de condena había sido del 21%, confirmando la tendencia a la baja del 40% del año 2008. También expone que los delitos contra la libertad sexual fueron los que registraron una menor tasa de reincidencia (5,3%), mientras que los delitos no violentos contra la propiedad son los que mantienen mayores tasas (38,4%). El mismo informe advierte que la reincidencia se reduce cuando las personas finalizan la condena en medio abierto: es decir, gozar de permisos y progresar a tercer grado, teniendo la opción de reconstruir el propio proyecto de vida antes de la libertad definitiva favorece el desistimiento y la reinserción.

Los discursos punitivistas asumen el axioma de que cualquier beneficio hacia los penados perjudica, de forma directa o indirecta, a las víctimas, al tiempo que ignora la dureza de la privación de libertad con afirmaciones como “claro que delinquen, las cárceles son como hoteles” o “mejor estar en prisión y comer tres veces al día que vivir en la calle”. Por el contrario, estudios comparativos realizados en Reino Unido y en los países nórdicos u otros similares que ha llevado a cabo el Grupo de Investigación en Criminología y Sistema Penal de la Universidad Pompeu Fabra señalan que la percepción subjetiva del encarcelamiento está mucho más condicionada por las relaciones humanas y el ambiente dentro del centro (entre los internos y con los equipos profesionales) y con poder mantener el contacto con el exterior que por las comodidades del equipamiento.

No hay duda de que la seguridad de las personas que trabajan en las cárceles y la de los internos y las internas es un tema primordial, pero no podemos detenernos debatiendo sobre las medidas de contención de las tensiones. Un modelo penitenciario basado en las evidencias debería potenciar un análisis objetivo y transparente de los riesgos y apostar por el medio abierto.

Albert Sales Campos es Doctor en Criminologia e investigador en el lnstitut Metròpoli.