Comunicaciones OLCA, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Santiago, Chile.- Durante el mes de septiembre, la minera estatal CODELCO y su par ecuatoriano ENAMI, ingresaron al cantón Ecológico de Cotacachi con un contingente militar para viabilizar estudios mineros, resistidos por las comunidades locales hace ya más de tres décadas.

Intag en la provincia de Imbabura, Ecuador, cerró filas en torno a la protección y salvaguarda de su territorio desde que la megaminería química comenzó a hacer sondajes y exploraciones. La misma Codelco fue expulsada del territorio en 1997 y luego en 2011, corriendo igual suerte transnacionales canadienses atraídas por el componente mineral de las tierras.

Sin embargo, pese a que las comunidades lograron que se declarara a la zona como catón Ecológico y que referendos locales dieran cuentas de una arrasadora mayoría que cree en un desarrollo a escala humana y sin depredar el entorno, hay empresas como Codelco que insisten en no respetar la autodeterminación territorial e imponer una actividad repudiada por más de tres décadas.

Es por ello que el 15 de septiembre, luego de haber intentado ingresar con trabajadores sociales, ofertas varias y los diversos mecanismos que se utilizan para quebrantar la voluntad ciudadana, llegó al lugar blindado por fuerzas militares que se han quedado en el lugar, amedrentando a las comunidades, interviniendo las reuniones, y promoviendo actitudes matonescas que motivaron la indignación de más de 100 organizaciones de América Latina, la mayoría chilenas, pues entienden que Codelco es una empresa estatal, y es por tanto el Estado de Chile que está incitando la represión, el miedo y el desdén de la soberanía, de un pueblo hermano.

Frente a esto, redactaron una carta, que se adjunta, para mostrar su solidaridad con las comunidades violentadas por Codelco y Enami-Ecuador, declararse en estado de alerta frente al accionar de la minera estatal, y respaldar el derecho a la autodeterminación de los pueblos, suscrito por Chile en acuerdos internacionales, pero claramente vulnerado con esta grave forma de operar en Ecuador.

Lucio Cuenca, de OLCA, una de las organizaciones impulsoras de la iniciativa, señaló que “la apuesta por la vida de las comunidades de Intag, su inquebrantable voluntad de defender el territorio pese a las cientos de ofertas y amenazas que han recibido a lo largo de los años, no puede tener este tipo de respuesta de una empresa estatal chilena, es grave e impresentable, por lo mismo debemos pronunciarnos, difundir lo que está sucediendo y restituir el sentido común frente a la ceguera con la que está operando la megaminería en el continente”.