Observatorio Social Serranía de Ronda.- Dónde el Gobierno dice “recomendaciones”, las personas jubiladas decimos “recortes de las pensiones”. Las mentiras sobre la crisis del sistema de pensiones. Nos mienten cuando hablan de las bondades de las pensiones privadas. Las verdaderas razones del ataque a las pensiones públicas. El cuento del factor de sostenibilidad de las pensiones. Los Planes de Pensiones de las Empresas.

Pacto de Toledo, el sistema público de pensiones en venta 1ª Parte

Para poder desmontar los argumentos que afirman que las pensiones públicas peligran hay que comenzar por los momentos históricos que los ha generado.

Para ello es necesario remontarse, por lo menos, a la crisis de los setenta que marcó el final de la economía intervencionista denominada “Keynesiano” esto es, aumentar el gasto público para estimular la producción, la inversión y el empleo. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis de los setenta, las políticas económicas son todas intervencionistas, pero a partir de ahí la relación entre el Estado y la economía empieza a resquebrajarse.

Los poderes económicos introducen otro modelo de economía, el “neoliberalismo”, en el que el Estado tiene un papel muy residual, además se internacionaliza la economía y se desarrollan nuevas tecnologías… La ciudadanía somos el blanco de una muy cuidadosa propaganda por parte de las instituciones financieras privadas: cajas, bancos, aseguradoras, toda la propaganda política se basaba en que supiéramos y nos aterrara la idea de que el sistema público de pensiones estaba a punto del colapso.

El modelo de privatización de las pensiones hoy imperante se inició con el Presidente de Pinochet en 1973 en Chile, y con el Presidente Videla en 1976 en Argentina. En 1981, la dictadura de Pinochet privatizó el sistema de pensiones de reparto, en que las trabajadoras y trabajadores, empresari@s y el gobierno contribuían. Bajo el sistema privatizado, las trabajadoras y trabajadores deben destinar el 10% de sus ingresos a cuentas individuales administradas por empresas privadas conocidas como Administradoras de Fondos de Pensiones, éstas invierten el dinero y les cobran a las trabajadoras y trabajadores una comisión por las transacciones y otras cuotas. Las empresarias y empresarios y el gobierno no contribuyen a las cuentas de las trabajadoras y trabajadores.

En 1990, cuando los países de la Europa del Este volvieron a reintegrarse en el capitalismo, el Banco Mundial exigió como una de las primeras condiciones que privatizaran los sistemas de ayuda a la vejez, ya que tenían unos sistemas de pensiones públicas, y en 1994 marcaba en sus análisis las directrices a través de su documento base que tituló: “Envejecimiento sin crisis”. Los organismos internacionales de la Gobernanza mundial actuaron al unísono. Son aves de mal agüero, pretenden hacernos creer en la inevitabilidad de los recortes.

Los “sesudos estudios” sobre la crisis de las pensiones se han demostrado una y otra vez falsos. El Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, cuyo objetivo es promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas, han pronosticado la quiebra de las pensiones 10 veces en los últimos 14 años. Siempre se han equivocado, pero no hay en su análisis ningún reconocimiento de sus errores. Dando la espalda a la evidencia científica, ellos siguen obsesionados con el “desequilibrio financiero” basado en premisas que son muy cuestionables.

El pastel que quieren repartirse en Europa supera los 2,1 billones de euros; en nuestro país se inyectaría por esta vía a las entidades financieras más de 170.000 millones anuales; es por ello que el FMI alentó el desarrollo de esta comisión porque, “la Comisión del Pacto de Toledo es un foro muy adecuado para consensuar las reformas que deben irse adoptando en orden a garantizar la viabilidad del sistema de pensiones”.

Los gobiernos europeos en su mayoría perfectamente alineados con el capital transnacional, adoptaron en 1997 el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. Este documento se ha convertido en un instrumento contra la “generosidad” de los estados hacia los pensionistas. Posteriormente el Tratado de Lisboa (2007) apuntó claramente hacia la privatización de las pensiones al marcarse como objetivo (objetivo nº 2) “Remover los obstáculos a la movilidad de los trabajadores que puedan derivar de las regulaciones internas de los sistemas de pensiones, incluidos los planes complementarios de pensiones”

Saben desde el principio que juegan con fuego y que van a existir resistencias. Es por ello que en el mismo documento plantean: “Las reformas deben prepararse e implementarse cuidadosamente, esforzándose por lograr una amplia aceptación política y social del fundamento de la reforma”. Tienen miedo de la reacción popular. Y es por ello que han cambiado el tono. Ahora aceptan la revalorización, contradiciendo a sus propios análisis (desde 1995 vienen advirtiendo de la imposibilidad de incrementar las pensiones), la presión popular organizada a través de la COESPE y el movimiento pensionista que lleva más de 150 lunes saliendo a las plazas públicas de todo el país ha sido un factor determinante.

En nuestro país, incluso antes de que el Banco Mundial publicara su informe de 1994, Felipe González aprueba las pensiones privadas en 1988.

Pero aún más sorprende cómo en 1975 José Antonio Herce, uno de los principales expertos en longevidad y pensiones en habla hispana, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, perteneció al Cuerpo de Titulados de la Comisión de la UE entre 1987 y 1991, ya pronosticaba el problema de las pensiones.

Más tarde, en 1995 y 1996, se publicaron el primer informe José Barea Tejeiro, experto en servicios públicos, especialmente en sanidad, pensiones y seguridad social, y dos más de la Caixa. Estos dos últimos informes se atrevieron a afirmar que en 1995 aparecerían las evidencias de que el sistema de pensiones público se vendría abajo y que se manifestaría el primer déficit, que sólo apareció en 2012 a consecuencia del paro generado por la crisis/estafa de 2007.

A estas deudas del Estado con la Seguridad Social, habría que añadir la falta de ingresos derivados de la gestión de los ERTES y las ayudas a autónomos, como consecuencia del COVIT, que el propio ministro eleva a 13.000 millones para el año 2020. Ante esta situación el gobierno contempla en los Presupuesto General del Estado 2021 una trasferencia a la SS de únicamente 14.000 millones de euros, que no cubre ni la mitad de los gastos impropios. Con esta maniobra el gobierno pretende que siga habiendo déficit de la Seguridad Social, que sería del 1,3 % del PIB, lo cual le vale para justificar las reformas urgentes en el sistema público de pensiones, de cara a vender los Planes de Pensiones de Empresa.

Nos mienten también cuando hablan de las bondades de las pensiones privadas

¡¡Los sistemas privados son mejores y más seguros!! La Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, seguía afirmando en 2015 refiriéndose a nuestro país que era necesario: “retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años e incentivar las pensiones privadas, incluso con carácter obligatorio, porque prevé que en el futuro se reducirán los beneficios de los sistemas públicos”.

Hay en marcha desde hace mucho una campaña de “persuasión” orquestada por fondos como BlackRock (la empresa estadounidense más grande del mundo en gestión de inversiones que destina anualmente -reconocido oficialmente- más de un millón y medio de euros para “convencer” a numerosos europarla-mentarios que votaran a favor del Plan Paneuropeo de Pensiones Privadas hace dos años), el Deustsche Bank (compañía alemana global de servicios bancarios y financieros) y entidades como el Bilbao, el Santander o La Caixa, una campaña acompañada de grandes sumas destinadas a “convencer” a múltiples partidos de derechas y no pocos de izquierdas, incluyendo a los grandes sindicatos, de las bondades de la nueva propuesta.

La tan “cacareada” solidez de los sistemas privados se vino abajo en 2009 con la crisis de las hipotecas basura. Los pensionistas, especialmente norteamericanos en aquel momento, perdieron su pensión o vieron su cuantía terriblemente reducida (en más de un 50% de media). Entre un 20 y un 30% de antiguos pensionistas forman parte hoy del ejercito de “homeless” (los sin hogar) que pueblan las ciudades norteamericanas.

En nuestro país, el último gobierno Aznar firmó con los sindicatos mayoritarios en 1996 que una parte de las subidas salariales de los funcionarios públicos fueran obligatoriamente hacia un fondo de pensiones. Fue un desengaño, en el momento de recuperar las cuantías estas eran inferiores a lo que habían aportado las trabajadoras y los trabajadores.

Los mamporreros de la Banca y las compañías de seguros en el gobierno actual (Calviño y Escrivá), van a introducir en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 la potenciación de los Planes de Empleo o Planes de Pensiones de Empresa, para lo cual utilizan la supuesta postura “progresista” de bajar las aportaciones anuales a los planes individuales a 2.000 euros y aumentar la de los planes colectivos de 8.000 a 10.000. Como continuación de esta medida pactarán con sindicatos y empresarios poner los de planes de empleo como alternativa al sistema público de pensiones.

Los planes de pensiones, sean individuales o colectivos, son un negocio para las entidades privadas de gestión a través de comisiones abusivas, los fondos están sujetos a la especulación en bolsa, (en la crisis/estafa del 2008 los fondos a nivel mundial perdieron un 20 % de su valor), las inversiones de los gestores pueden hacerse en actividades no éticas (políticas destructoras del medio ambiente, etc....).

El peligro más evidente es que se plantea en la recomendación 16 del Pacto de Toledo el que se “establezca un sistema de aportaciones en un porcentaje de la base de contingencias comunes...”, es decir que se pretende ir introduciendo en los conceptos cotizables a la seguridad social una parte a una entidad privada, deducida en nómina y por tanto obligatoria.

Pacto de Toledo, el sistema público de pensiones en venta 2ª Parte

El Congreso aprobó el 19 de noviembre de 2020 por mayoría de 262 votos las propuestas de la Comisión del Pacto de Toledo.

En una maniobra que buscaba escamotear a los pensionistas actuales y venideros el debate sobre su futuro; se votaron las resoluciones del Pacto al mismo tiempo que se aprobaba la nueva Ley de Educación. Con la nueva contrarreforma de las pensiones la izquierda en el gobierno coincidió plenamente con la derecha. Mientras el PP y Vox gritaban: “libertad” para hacer negocios con la educación privada-concertada, el partido de Casado coincidía con el PSOE y UP en poner sordina a los resultados de la Comisión del Pacto de Toledo. Los noticiarios pasaron por alto la reforma de las pensiones que afectará a generaciones de españoles. Solo algunas fuerzas progresistas en el parlamento (Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, Candidatura de Unidad Popular) han recogido las propuestas del movimiento pensionista para presentarlas como votos particulares.

Los redactores del Pacto de Toledo no pretenden buscar un equilibrio en el sistema, ni hacer más justas las pensiones. No nos engañemos, el objetivo es reducir la cuantía de las prestaciones públicas y abrir de par en par el mercado de las pensiones privadas (para quien pueda pagarlas).

Los pactos de Toledo, que se constituyeron en 1995, recomendaron que los complementos a mínimos (concepto de prestación no contributiva), se pagaran con los Presupuestos Generales del Estado, hasta 2013 no se imputaron a éstos. La propia Seguridad Social calcula que esto ha supuesto unos 50.000 millones de euros de gasto.

Las recomendaciones de la comisión del Pacto de Toledo ignoran por completo el núcleo central del problema que no es otro que la Reforma laboral de Rajoy. El ejecutivo “progresista” había hecho de ese argumento su caballo de batalla electoral, ahora, alcanzado el gobierno, modulan sus críticas y olvidan sus promesas. También “olvidan” un hecho trascendental; cuando se puso a cero la hucha de las pensiones en 1995 desaparecieron los activos financieros producto de las cotizaciones sociales acumuladas desde los años 50 que estaban depositados en bancos y Cajas de Ahorro y que habían servido entre otras cosas para industrializar el país. Los estudios de CCOO sobre este tema sitúan la deuda entorno al billón de euros que se habían volatizado. ¿Dónde está la crisis?

Los gobiernos provocan el déficit de la Seguridad Social

Los sucesivos gobiernos han saboteado las cuentas de la Seguridad Social para crear entre la población la imagen de que “las pensiones no se podrán pagar” y así facilitar el camino a los buitres de la Banca y Seguros. Según el informe del Tribunal de cuentas de finales de agosto pasado, los pagos indebidos que debería haber soportado el Estado vía presupuestos pero que fueron pagados con nuestras Cotizaciones, más los créditos a las CCAA no reembolsados desde hace 25 años, más las rentas no obtenidas por el uso de los activos propiedad de la Seguridad superan los 103.000 millones de euros. ¿Dónde está la crisis?

El actual sistema de seguridad social se crea en enero de 1967. Entre el período de 1967 a 1989, las cotizaciones sociales financiaron todos los gastos de la asistencia sanitaria (hospitales, centros de salud), servicios sociales, (residencias de ancianos y minusválidos), universidades laborales, etc.; en esa época que la esperanza de vida no llegaba a los 69 años, si solo se hubieran utilizado las cotizaciones sociales para pagar pensiones la caja de la seguridad social hubiera llegado a los años 90 con miles de millones de superávit. En 1989 el gobierno separa la sanidad de los presupuestos de la seguridad social, pero aún se siguieron cargando gastos sanitarios a dichos presupuestos (de hecho incomprensi-blemente el Instituto Nacional de la Seguridad Social sigue gestionando en la actualidad la asistencia sanitaria en vez del Ministerio de Sanidad).

Qué pasa con la constitución de un Fondo de Reserva de la Seguridad Social (FRSS)

Según los acuerdos se debería llenar con los excedentes anuales. Ahora nos proponen que cuando “se alcance el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social” se vuelva a la situación anterior. ¿Cuándo sucederá eso? El Fondo Reserva Seguridad Social fue aprobado por la Ley 24/1997 y estuvo congelado durante el gobierno de Aznar hasta el año 2000 y cuando se comenzó a llenar fue de forma cicatera y miserable; por ejemplo en ese año el superávit de la SS fue de 6.800 millones de euros mientras lo ingresado al FRSS fueron 600 millones. El dinero que se apropió el gobierno Aznar sirvió entre otras cosas para rebajar los impuestos a las grandes fortunas y financiar la guerra de Irak.

Entre el 2000 y el 2011 las aportaciones que se hicieron al Fondo Reserva Seguridad Social fueron inferiores en cuantía al excedente producido. Análisis realizados por expertos de la Universidad de Valencia y Extremadura, demostraron que si se hubieran computado los excedentes y limitado las cargas indebidas que soportó la Seguridad Social, el superávit disponible en 2017 sería 108.866 millones de € (9,4% del PIB Nacional). ¿Dónde está la crisis?

El Pacto de Toledo propone ahora que la Seguridad Social pierda la propiedad de su Patrimonio inscrito a nombre de la Tesorería General. Es sin duda una medida de enorme alcance puesto que abre camino a la pérdida de activos muy duramente conseguidos tras décadas de lucha, de esfuerzo y de ahorro nacional.

Rajoy, al vaciar la hucha mató el Fondo de Reserva y Pedro Sánchez lo remató. El informe del Tribunal de Cuentas reconoce que ese Fondo de Reserva y las pensiones públicas que se derivan han sido puestos como garantía en caso de que no podamos pagar las deudas derivadas del primer rescate financiero. La acción de los ejecutivos alcanza un nivel de irresponsabilidad enorme. Nuestras pensiones peligran en caso de un impago a la banca Internacional por efecto de la crisis financiera del 2008, están puestas como garantía de cobro.

La merma del fondo es uno de los principales argumentos de bancos y “expertos“ entre otros el ultra neoliberal Gobernador del Banco de España.

El factor de sostenibilidad

Fue otra de las líneas rojas que planteó el gobierno “progresista” como irrenunciables. Las anteriores contrarreformas habían impuesto el denominado factor de sostenibilidad que proponía rebajar desde el principio la cuantía de las pensiones; el documento dice: “El Factor de Sostenibilidad pretende ajustar la cuantía de las pensiones a la evolución de la esperanza de vida, en la medida en que los pensionistas percibirán su prestación durante un período más prolongado. Su aplicación, inicialmente prevista para 2019, ha sido retrasada. No obstante, y en todo caso, su entrada en vigor se producirá en una fecha no posterior al 1 de enero de 2023».

El movimiento de los pensionistas ha bloqueado en estos tres años el factor de sostenibilidad, pero ni el actual gobierno, ni la Comisión del Pacto de Toledo muestran ningún interés en abolir ese mecanismo. ¿Qué coherencia tiene aceptar la revalorización y a la vez no derogar definitivamente ese factor de sostenibilidad? ¡Es evidente que el Factor de Sostenibilidad desvaloriza las pensiones de las personas trabajadoras desde el primer día de su jubilación! Es fácil sospechar que simplemente se está retrasando su aplicación. Se busca un momento donde la resistencia sea menor. Por cierto, eliminar el factor de sostenibilidad era otro de los puntos del programa de gobierno actual, que al parecer también ha quedado olvidado.

Pacto de Toledo, el sistema público de pensiones en venta 3ª Parte

Dónde el Gobierno dice “recomendaciones”, las personas jubiladas decimos “recortes de las pensiones”

Los recientes acuerdos en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, representan un verdadero ‘CABALLO DE TROYA” en el Sistema Público de Pensiones que conducirá a su debilitamiento, si no a su marginalidad en el largo plazo. Las recomendaciones del Pacto de Toledo se aprobaron el 10/11/20.

En el documento que ha elaborado la Comisión del Pacto de Toledo solo se contemplan una serie de variables que son muy cuestionadas, otras ni se mencionan o no interesan, se habla de demografía, de costos, de relación entre lo percibido y lo aportado y olvidan intencionadamente el beneficio producido, el enorme incremento de la productividad por trabajador, la riqueza generada a lo largo de muchas décadas (el PIB per cápita pasó de los 4.227€ en 1980 a 26.430€ en 2019 (https://datosmacro.expansion.com/pib/espana)

Las diferentes recomendaciones han tenido como objetivo en la mayoría de los casos reducir o contener el crecimiento de las pensiones. En muchas ocasiones, los gobiernos han ignorado a su conveniencia las recomendaciones utilizándolas como escudo y como espada; cuando protestábamos se nos decía que la coyuntura no era favorable y que no se podía; cuando callábamos se nos recortaban y perdíamos derechos.

El primer intento de recorte lo hizo Felipe González, la respuesta popular en forma de Huelga General (14 de diciembre de 1989) la derrotó.

Posteriormente el gobierno Aznar firmó con la participación de los grandes sindicatos la ley 24/1997 por la que se incrementó de 8 a 15 el número de años utilizados para el cálculo de la pensión o la norma 35/2002 de 12 de julio que incentivaba la jubilación más allá de los 65 años.

De la “mochila austriaca” al “modelo inglés”

Aunque “Las pensiones son una competencia nacional de los Estados miembros”, sin embargo la UE hace “recomendaciones”; en el borrador de presupuestos del gobierno, Pedro Sánchez ya ha introducido algunas propuestas de la Comisión (no ha esperado a tener las recomendaciones finales). Entre otros puntos ya figura la creación de Planes privados de empresa. En 2019 se envió a la Comisión Europea la propuesta de: “mochila austriaca”; la resistencia por parte de los partidos de izquierda en la oposición en ese momento y la presión popular obligó al actual presidente a realizar un engaño político proponiendo ahora el denominado “modelo inglés”.

El ministro Escrivá ha confesado su preferencia por el modelo inglés. Al final, de lo que se trata es de gestionar privadamente (con beneficios o, más frecuentemente, pérdidas), fondos que serán detraídos del sistema público de pensiones. Con el tiempo asistiremos a una disminución porcentual de las cotizaciones de trabajadores y empresas al sistema público y un aumento de las aportaciones a este tipo de entidades. Esta recomendación significa el principio del fin del sistema público de reparto que conocemos. Es deber de los pensionistas y sobre todo de los futuros pensionistas oponerse a estas pretensiones.

Recomendaciones o retención de las subidas de las pensiones

Han pasado 25 años desde que en 1995 se establecieran las primeras 15 recomendaciones. Desde entonces se han actualizado en dos ocasiones en 2003 y 2011, esta será la tercera. Se pretende que estas propuestas sean vistas por la ciudadanía como una mera cuestión técnica. Se nos quiere hacer creer que es fruto de una reunión de “sabios” que velan por el bien público. Nada de eso, las recomendaciones son el resultado del posicionamiento político de cada partido y de la correlación de fuerzas existente. La pandemia ha sido el momento perfecto para lanzar la propuesta. El confinamiento ha impedido una respuesta popular contundente.

RECOMENDACIÓN 1

“Consolidación de la separación de fuentes y restablecimiento del equilibrio financiero”, la Comisión “constata que las cotizaciones sociales continúan sufragando gastos de naturaleza no contributiva que, en sentido estricto, deberían ser asumidos por el Estado a través de aportaciones a los presupuestos de la Seguridad Social” (el ministro Escrivá las ha valorado en 22.300 millones de € anuales) y este hecho ha contribuido a difundir la idea del mal llamado “déficit” de la Seguridad Social, que en realidad no existe.

Además, una vez la Comisión reconoce la existencia de estos llamados gastos impropios y que nunca debía haberse producido ningún déficit ni consecuentemente el vaciamiento de la hucha de las pensiones, no recomienda la reposición de este fondo arrebatado a las trabajadoras y a los trabajadores a lo largo de más de cuarenta años y que el Tribunal de Cuentas ha cifrado al menos en 103.000 millones de €.

RECOMENDACIÓN 5

Pretende incentivar las carreras profesionales más allá de los 65 años, mientras se habla en la recomendación 17 (bis) de la precariedad y el subempleo juvenil, reconociendo que “Los jóvenes se ven especialmente perjudicados por la precariedad y el subempleo, lo que dificulta generar amplias carreras continuas de cotizaciones”. ¿No sería más lógico dejar paso a los trabajadores jóvenes?

RECOMENDACIÓN 8

Mientras en una parte se habla de la necesidad de reforzar con medios las plantillas de la Seguridad Social garantizando el “carácter público de la gestión del sistema...” en otra se propone “la creación de una agencia de Seguridad Social que garantice, no solo la oportuna simplificación, racionalización, economía de costes y eficacia…”. La recomendación apunta hacia la ruptura de la Caja Única utilizando para ello el fraccionamiento de la gestión. La debilidad parlamentaria del PSOE ha permitido al PNV conseguir ya esas competencias, a partir de las cuales va a poder aplicar procesos de privatización de manera más discreta. Nada que no hayamos visto en el campo de la sanidad o la educación en el mismo País Vasco o en Cataluña con CiU.

RECOMENDACIÓN 13

No se arbitran propuestas reales para paliar la brecha en las pensiones en el colectivo de las viudas, aunque en la recomendación 17 se menciona el problema específico de la brecha de género, pero no se arbitra ninguna medida concreta, más allá de un redactado confuso. En la primera y segunda versión sí que hubo alguna propuesta concreta, pero ha desaparecido en la tercera y última. En una propuesta antigua, se hablaba de una formulación integral en 2003 que no se llevó a término ni posteriormente con la reforma del 2011 y es paradójicamente unos de los sectores más golpeados por la pobreza.

RECOMENDACIÓN 16

Es una de las claves de todo el documento. Se propone que en las empresas (comenzarán por Pymes y personal empleado público) una parte de las cotizaciones vayan a fondos privados de empresa, que todos sabemos acabarán en manos de las financieras.

Fracasados los planes de pensiones privados voluntarios en España, se quiere imponer de esta manera los Planes de Pensiones de Empresa, que obligue al personal trabajador a suscribir Planes de Pensiones basados en un sistema de capitalización. Ello llevará a corto plazo a deteriorar gravemente la financiación del Sistema Público de Pensiones y a largo plazo a entregar el ahorro social de nuestro país al sector bancario privado.

El núcleo de la recomendación 16, es tratar de deteriorar la caja común, romper la solidaridad entre las personas trabajadoras y poner en manos de la banca una parte de los ingresos futuros. Es la recomendación estrella que hace la comisión del Pacto de Toledo. A instancias del Ministro José Luis Escrivá, se propone que una parte de las cotizaciones vayan a fondos privados de empresa, lo denominan (la verborrea es la de siempre) “macrofondo de empleo de promoción pública”.

¿Quién cubrirá las pensiones privadas en caso de quiebra de las entidades gestoras? ¿Por qué el Estado tiene que hacerse cargo de la mala praxis bancaria en que puedan incurrir las entidades financieras? Es curioso que la propia Comisión reconozca el insuficiente e insatisfactorio recorrido de la propuesta, pero persista en su error cuando afirma: “Consciente del insuficiente e insatisfactorio recorrido que estas fórmulas han tenido hasta la fecha, la Comisión reafirma su apuesta por impulsar su implantación efectiva”.

Es una gran victoria para los fondos internacionales que a través de sus accionistas controlan a los grandes grupos financieros españoles. La recomen-dación 16 abre la puerta a la privatización forzosa de las pensiones.

RECOMENDACIÓN 19

Se echa en falta en todo el documento propuestas para aumentar la tributación de las grandes transnacionales en nuestro país y sobre el cumplimiento estricto de la legislación en el caso del uso fraudulento de la figura del “falso autónomo”. En este sentido la UE a finales de octubre amenazó al gobierno con llevarlo a los tribunales de la Unión si no trasladaba a la legislación española las nuevas directrices tributarias impuestas por Bruselas a las empresas multinacionales que evaden, a través de triquiñuelas contables, impuestos que han de ser cobrados en el espacio de la Unión. Nuevamente al ejecutivo progresista le tiemblan las piernas.