ecuadoretxea.org. DavidBM.- La plaza frente al Ayuntamiento de Barakaldo ha vuelto a convertirse esta mañana en escenario de denuncia social. El colectivo Berri-Otxoak se ha concentrado en el día de reapertura del plazo para solicitar las ayudas de emergencia social, después de que durante casi cuatro meses las familias de la localidad no hayan podido acceder a estas prestaciones destinadas a cubrir necesidades básicas. La movilización se ha realizado bajo el nombre de “La Cruz de los recortes sociales”, una acción simbólica para visibilizar el impacto de los ajustes presupuestarios en los hogares más vulnerables.

La protesta se produce en un contexto que las organizaciones sociales califican de “asfixia administrativa y presupuestaria”. Según los datos aportados por el colectivo, durante el año 2025 cerca de 3.300 familias barakaldesas concentraron cita con los servicios sociales municipales, una cifra que evidencia la magnitud de la vulnerabilidad social en el municipio fabril.

Sin embargo, denuncian, el equipo de gobierno local mantiene una política de contención que se traduce en presupuesto insuficiente, endurecimiento de los requisitos de acceso y recorte en la cuantía de las prestaciones a las que tienen derecho las familias con mayores dificultades económicas. En palabras del colectivo convocante, “ni PNV-PSE tienen en cuenta, ni les preocupa la situación de emergencia económica de las familias barakaldesas en situación precaria o al borde del desahucio”, una acusación directa al actual gobierno municipal.

Seis meses de espera para cubrir necesidades básicas

El retraso en la reapertura del plazo no es el único problema. Berri-Otxoak advierte de que la demora acumulada en todo el procedimiento -desde la atención inicial hasta la apertura de expediente, tramitación y concesión- supone una espera mínima de seis meses para acceder a una cobertura básica que permita afrontar gastos de alimentación o vivienda.

En la práctica, sostienen, esto convierte una prestación concebida para situaciones de emergencia en una ayuda tardía, que llega cuando la deuda ya se ha acumulado o el desahucio está más cerca.

Además, denuncian que, con el objetivo de evitar aumentar la dotación presupuestaria en gasto social, el gobierno local ha recortado en un 20% la asignación a percibir por las familias con graves dificultades económicas y deniega de manera sistemática las subvenciones para “gastos relativos a necesidades primarias”, entre ellos la alimentación.

Posible vulneración legal y expediente del Ararteko

La crítica va más allá de lo presupuestario. El colectivo sostiene que el Ayuntamiento de Barakaldo estaría vulnerando la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que obliga a mantener abierto el plazo de solicitud de ayudas de emergencia durante los doce meses del año y a limitar la tramitación de los expedientes a un máximo de dos meses.

Según denuncian, el consistorio cerró el plazo durante casi cuatro meses y está demorando la resolución hasta seis meses, duplicando el tiempo máximo establecido legalmente.

Esta política de recortes y retrasos ha tenido consecuencias institucionales: el Ararteko ha abierto expediente a la corporación local por las múltiples vulneraciones de derechos detectadas en relación con la población precarizada y por las reiteradas irregularidades en materia social.

Falta de personal y colapso en el “Equipo de Ayudas Económicas”

A la reducción presupuestaria y a los retrasos administrativos se suma, según Berri-Otxoak, la falta de personal encargado de gestionar las solicitudes, tanto trabajadoras sociales como personal administrativo del denominado “Equipo de Ayudas Económicas”.

La insuficiencia de recursos humanos, señalan, provoca demoras injustificables en prestaciones que deberían responder a situaciones urgentes. En un contexto de encarecimiento de la vida y dificultades crecientes para llegar a fin de mes, las organizaciones sociales reclaman una revisión profunda de la política municipal en materia de ayudas.

Exigencia de mayor inversión y reversión de recortes

La concentración ha servido para exigir una mayor inversión en el presupuesto destinado a ayudas económicas municipales, la reversión de los recortes en el acceso a las ayudas de emergencia y la ampliación del personal de los servicios sociales.

Para el colectivo convocante, la cobertura de las necesidades básicas de las familias precarizadas y empobrecidas del municipio debe convertirse en una prioridad política real y no en una partida residual sujeta a ajustes.

En una localidad con tradición obrera y fuerte impacto histórico de la crisis industrial, la tensión entre necesidad social y gestión presupuestaria vuelve a situarse en el centro del debate público.