Ley mordaza recauda más de 1.200.000 euros en la Comunidad Autónoma Vasca desde su entrada en vigor

Solapas principales

fotoHace más de tres años se aprobó la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, conocida junto con las reformas introducidas en el Código Penal como leyes mordaza. Desde antes de su entrada en vigor y a lo largo de estos años, multitud de colectivos sociales venimos denunciando que el objetivo de estas leyes es criminalizar la protesta social pacífica y amedrentar a la ciudadanía con la amenaza de duras sanciones económicas. Hace unos meses Amnistía Internacional hacía balance de la situación y constataba “cómo una legislación que ha ampliado la potestad sancionadora de la Administración y aumentado el margen de discrecionalidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado, sin introducir mecanismos de control adecuados, ataca a las formas legítimas de protesta y del derecho a la libertad de expresión e información”.

En el momento de la aprobación de la ley mordaza, el PSOE se comprometió a derogarla en caso de llegar al gobierno, pero alcanzado ese momento se ha echado atrás y ha acordado con Unidos Podemos negociar la propuesta del PNV que plantea simplemente modificar algunos artículos. Esta misma semana han comenzado las comparecencias ante la comisión de Interior que trabajará en esta reforma.

Por otro lado, el Parlamento Vasco aprobó en 2016 una resolución de rechazo a la ley por ser una norma que “vulnera derechos fundamentales” y “convierte en delito el trabajo periodístico y la libertad de expresión”, y se comprometía a denunciar “públicamente” su aplicación y a solidarizarse “con la persona afectada”, adoptando el compromiso de no aplicarla en el País Vasco.

Pero vistos los datos proporcionados por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, este mandato de la cámara no se está cumpliendo: en el año 2016 la Ertzaintza sancionó un total de 5.448 infracciones en la Comunidad Autónoma Vasca en aplicación de la ley mordaza, por expedientes iniciados tanto por Policías Locales (un 30% aproximadamente) como por la propia Ertzaintza (501 en Araba, 2.314 en Bizkaia y 2.633 en Gipuzkoa). En 2017 las sanciones impuestas llegaron a 5.695 (610 en Araba, 2.393 en Bizkaia y 2.692 en Gipuzkoa), de las cuales 638 fueron por desobediencia o resistencia a la autoridad y 1.103 por falta de respeto o consideración a las fuerzas de seguridad. Según informa Amnistía Internacional, en el estado se interponen cada día 80 multas por la aplicación de estos dos artículos, gracias a las cuales han recaudado a día de hoy más de 25 millones de euros (excluidas de estas cifras las relativas a las sanciones impuestas por las policías autonómicas de Cataluña, País Vasco y Navarra).

cartelEn la CAV la recaudación obtenida por la aplicación de la ley mordaza fue de 325.394,66 € en 2016 (24.204,62 en Araba, 145.431,99 en Bizkaia, y 155.758,05 en Gipuzkoa), llegando en 2017 hasta los 470.923,55 € (50.608,67 en Araba, 207.342,10 en Bizkaia, y 212.972,78 en Gipuzkoa). En lo que llevamos de 2018, del 1 de enero al 10 de octubre, ya se han recaudado 397.109,42 €. En el resto del estado español entre 2015 y 2017 se recaudaron 267 millones de euros. En definitiva, un buen negocio tanto para el gobierno español como para el gobierno vasco.

Desde la Plataforma Contra la Criminalización Social hemos denunciado en múltiples ocasiones la pérdida de derechos y libertades que implica la ley mordaza, y hemos realizado diversas movilizaciones y actos de protesta, en una de las cuales la persona que informó de la concentración a la Consejería de Interior fue denunciada por agentes de la Ertzaintza por no haber evitado que las personas concentradas coreasen algunos lemas que consideraban una falta de respeto, con la imposición de una multa de 100 € ante la que hemos interpuesto recurso contencioso-administrativo.

Consideramos que estas actuaciones de la Ertzaintza y del Gobierno Vasco constituyen un intento más de reprimir la libertad de expresión y de protesta social, que deja a la ciudadanía en una situación de desamparo ante la discrecionalidad que supone que los agentes sean juez y parte en el proceso sancionador, por lo que mostramos nuestro total rechazo a la ley mordaza y la exigencia de que sea derogada cuanto antes, y de que mientras tanto se acate la resolución del Parlamento Vasco de no aplicarla en la CAV.

Mozalik ez!!!!

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