El Estado español está en guerra en la frontera Sur

Solapas principales

Playa Tarajalantimilitaristas.org.- Cuando escuchamos la palabra «guerra» lo primero que nos viene a la mente son soldados de uniforme en un escenario bélico, carros de combate, bombardeos y explosiones. Más allá de que la llamada «guerra convencional» en la actualidad no deja de evolucionar (misiles teledirigidos, bombardeos desde gran altura, satélites, drones, ataques cibernéticos...) y cada vez se corresponde menos con esa imagen, hay muchas otras formas de ejercer violencia sistemática contra las poblaciones que se desea poner bajo control o directamente eliminar.

Un claro ejemplo de ello es lo que viene sucediendo de unos años a esta parte en la frontera Sur del estado español. Frontera que incluye tanto a las costas de Andalucía y el Sureste Peninsular, como a sus archipiélagos (especialmente Canarias) y las ciudades de Ceuta y Melilla.

Tradicionalmente se nos decía que una de las principales razones que justificaban la existencia de las fuerzas armadas españolas era la de contar con un ejército capaz de «defender» el territorio nacional de la posible invasión militar de un tercer país. En el imaginario colectivo y en algún que otro discurso oficial se sobreentedía que ese país agresor sería Marruecos; «los moros», dicho con connotación racista. Hoy, a ninguna persona mínimamente informada de cómo funcionan desde hace décadas la política internacional y las cuestiones bélicas, se le escapa lo ridículo de dicha afirmación. Quién nos fuera a decir, ironías de la vida, que el estado español y la monarquía alauí llegarían a ser estrechos aliados en una guerra: la que se libra contra las personas inmigrantes que, desde distintos puntos de África, se esfuerzan por alcanzar el continente europeo. Guerra en la que, no por desempeñarse contra seres humanos desamparados y desarmados, dejan de participar los patrióticos ejércitos.

Como decíamos, la propia guerra convencional no deja de evolucionar. Ello se traslada también a otro tipo de guerras, entre ellas las llamadas «asimétricas» (en las que los distintos contendientes parten de una gran desigualdad de medios), y las que podríamos etiquetar como «sociales», «económicas», «de frontera», etc. Así, en esta contienda que el estado español libra contra las personas migrantes que tratan de alcanzar su territorio nacional para poder emprender una vida mejor, no solo participan las Fuerzas Armadas propiamente dichas. También encontramos a sus cuerpos policiales y a diferentes dispositivos logísticos e institucionales de presunto carácter civil: burocracias, cárceles, infraestructuras, centros de control y mando, medios de transmisión y vigilancia… Incluso legislaciones específicas como la Ley de Extranjería. Todo ello sustentado en fuertes inversiones tecnológicas de las que se benefician no pocas empresas (1). De hecho, la guerra en la frontera Sur, como cualquier otra guerra, supone un formidable negocio para todo tipo de comisionistas y mercantiles. Más allá del propio coste de los efectivos y medios militares y policiales desplegados en esta frontera, el presupuesto directo en inversiones y mantenimiento (embarcaciones, helicópteros, radares, sistemas informáticos y de comunicaciones, vallados...) no deja de crecer. Resulta obsceno comparar los miles de millones que cada año se destinan a estos usos con, por ejemplo, el presupuesto total para políticas de asilo que, en 2016, fue de 75 millones (2). Las beneficiadas son las principales empresas armamentísticas internacionales. Entre ellas, Indra y GMV, de matriz española, o las divisiones también españolas de EADS-CASA y ATOS. Sin olvidar a las empresas, en principio, no bélicas, como Dragados-ACS, Ferrovial, Eulen y otras que hacen buenos negocios con los vallados de Ceuta y Melilla.

Este gran despliegue da cuenta del volumen del escenario del que hablamos. Una gran cantidad de personas, cada año, tratan de cruzar el Mediterráneo y el Atlántico. Solo contando a quienes perecen ahogadas en sus aguas en dicho intento, hablamos de varios miles (3). La cantidad de personas migrantes y la dimensión del dispositivo implementado para cerrarles el paso, así como su carácter militar, hacen que, en propiedad, podamos utilizar el término «guerra» para definir lo que está sucediendo. Guerra en la que el estado español participa en connivencia y estrecha alianza con el resto de sus socios europeos. Más allá de aquello de lo que los medios de comunicación no informan y no llega nunca a saberse (o a saberse mal) hemos podido ser testigos de gran cantidad de acontecimientos plagados de violencia e inhumanidad contra las personas migrantes. Embarcaciones atestadas que naufragan al ser obligadas a navegar en condiciones de dificultad, campamentos infrahumanos a pie de frontera en los que sus moradores malviven sometidos a gran presión policial, personas duramente reprimidas y golpeadas al tratar de rebasar la frontera (no olvidamos a las quince personas que en febrero de 2014 fallecieron ahogadas bajo las balas de goma de la Guardia Civil en la playa del Tarajal en Ceuta), detenciones, encarcelamientos, prácticas de dudosa legalidad —vulneradoras de los derechos humanos— como las llamadas «devoluciones en caliente», y un largo etcétera.

Sin dejar de mencionar que son menores y mujeres —amenazadas por la violencia sexual y el fantasma de la trata— quienes suelen llevar la peor parte. Y no únicamente porque el trayecto es mucho más duro y difícil para ellas, sino porque cuando llegan a territorio español deben seguir afrontando situaciones de discriminación muy graves. El discurso oficial victimiza a las mujeres al negarles la capacidad de migrar por decisión propia y tender a considerarlas exclusivamente como víctima de las redes de prostitución. Colocar la supuesta lucha contra la trata por encima de los derechos de las migrantes deja a las mujeres en situación de grave desprotección, especialmente a las madres que viajan acompañadas de sus criaturas (4). Esta guerra en las fronteras que impide el libre tránsito de personas pero favorece el de mercancías, afecta particularmente a las porteadoras de las fronteras de Ceuta y Melilla, mujeres para quienes el maltrato y los abusos policiales son parte de su realidad cotidiana. Además de no contar con protección legal ni social en ninguno de los estados que separa la frontera.

Por otra parte, cabe nombrar la detestable estrategia consistente en comprar los servicios de los gobiernos de los estados fronterizos para que sean éstos los que impidan el flujo de migrantes. Tal como en la guerra convencional se contratan mercenarios, sicarios y ejércitos locales interpuestos para que hagan el trabajo más sucio, se delega en las policías y ejércitos regulares de dichos países para que, pudiendo emplear impunemente cualquier tipo de método, disminuyan las cifras de las personas que llegan al mar o a la sombra de las verjas fronterizas europeas. Así podemos conocer cómo regularmente el Reino de Marruecos, a instancias de España y otros países de la UE, acosa a las personas migrantes, haciendo batidas y detenciones masivas o quemando sus campamentos (5); cómo Argelia, yendo aún más lejos, los abandona por miles en el desierto, sin agua ni comida (6), o cómo el fragmentado, violento e ingobernable ente político que es hoy Libia tras la intervención militar «humanitaria» de los ejércitos occidentales los convierte en objeto de tráfico de esclavos (7).

También es importante delatar las implicaciones ideológicas de esta guerra. La realidad de la inmigración a Europa (y a España) desde los países al sur del Mediterráneo, convenientemente exagerada y distorsionada, y «vendida» a la opinión pública como una especie de invasión capaz de causar efectos catastróficos en la economía y sociedad de los estados receptores, se convierte, más allá de ser la coartada que legitima estos dispositivos policiales y militares, en causa para la proliferación del racismo, la xenofobia, la islamofobia y, en general, todo tipo de pensamiento autoritario e incluso fascista. La propia Directiva de Defensa del gobierno español (8) señala como «amenaza» la inmigración, a la que tilda —con una clara intención criminalizadora— de «tráfico de personas». Ante ello es importante desmentir la falacia. Lo cierto es que la inmigración denominada «irregular» en la que, junto con otros, se inscribirían los grupos humanos a los que se intenta cerrar el paso en la frontera Sur, constituye una pequeñísima proporción; concretamente un 4’5% de toda la inmigración recibida por el estado español en 2017 (9). Por otra parte hay acuerdo entre las personas expertas en economía, incluyendo a las de orientación neoliberal, acerca de los beneficios que se derivan de la inmigración para los países receptores y del peligro que supondría una hipotética reducción de la misma. La propia OCDE llega a afirmarlo en un informe (10) recordando, entre otras cosas, que las personas inmigrantes siempre aportan a las arcas públicas más de lo que reciben de ellas o que son causa de estímulo económico al sumar población en edad de trabajar. Datos que, además, pueden contrastarse analizando cómo en el pasado fue la población emigrante procedente de diversos puntos del estado español y otros lugares del sur de Europa, la que contribuyó decisivamente al despegue económico de sus países de acogida. Hecho que, por otra parte, habría de despertar también algún tipo de reflexión ética a quienes hoy apuestan por la represión militar de inmigrantes en la frontera. En cualquier caso, y a pesar de lo dicho, cabe desvincular el fenómeno migratorio de cualquier especulación sobre sus posibles impactos de tipo económico: migrar es un derecho humano básico, y esta razón ha de prevalecer sobre cualquier otra consideración.

Conviene recordar, también, a la opinión pública, que no es común que nadie deje su hogar, a sus seres queridos, e inicie una peligrosa e incierta travesía hacia lo desconocido por mero capricho. La inmensa mayoría de personas migrantes se ven obligadas a abandonar su lugar de origen por causas de pobreza extrema, desplazamiento forzado, destrucción medioambiental o guerra «convencional». Detrás de, prácticamente, todas estas situaciones se encuentra la acción de los estados y grandes corporaciones primermundistas asegurando los «oportunos» procesos extractivos y de expolio, y garantizando el flujo incesante de riqueza que genera fortunas y financia el «bienestar» occidental. En este sentido resulta obsceno contemplar cómo se permite y favorece la «libertad» del dinero de moverse por doquier (véase la proliferación de los llamados «tratados de libre comercio»), al tiempo que se limita y proscribe el tránsito de los seres humanos expoliados.

Teniendo en cuenta lo dicho —especialmente el dato estadístico— cabe interpretar que la verdadera razón del dispositivo militar en la frontera Sur ha de relacionarse con el interés de las grandes corporaciones económicas en controlar el flujo (una suerte de grifo que puede abrirse y cerrarse a conveniencia) de la entrada de mano de obra, el de los estados en dotarse de barreras físicas solventes en previsión de migraciones masivas futuras (véanse los muros fronterizos que se construyen, también, en otros continentes para separar a países enriquecidos y empobrecidos) y el de todos ellos en disponer de una plataforma de injerencia —política, económica y militar— para intervenir colonialmente en el continente africano. En este sentido destaca la fuerte militarización que está experimentando en los últimos años el archipiélago canario (11), lugar que, además de ser espacio recurrente en el que la agencia europea Frontex (12) implementa sus dispositivos, también ve cómo sus aguas e islas se convierten progresivamente en ámbito de entrenamiento, concentración de fuerzas y centro logístico para la proyección militar de la OTAN en África noroccidental y central.

Por todo lo dicho, como personas amantes de la justicia y la paz que somos, expresamos nuestra solidaridad con todas las víctimas de esta ignominiosa y cruenta guerra que el estado español, junto con sus socios europeos y de la OTAN, perpetra en su frontera Sur.

Pedimos el cese de todo acoso y represión violenta contra las personas migrantes que solo buscan tener una vida mejor. Dado que ninguna persona debería ser ilegal por su lugar de origen, solicitamos el cierre de todos los centros de internamiento para inmigrantes (CIE), el fin de las devoluciones en caliente y las repratriaciones forzadas, y el desmantelamiento de los muros fronterizos. Exigimos el fin de todo contrato o acuerdo con terceros países para externalizar este tipo de prácticas represivas y antihumanas, así como del hostigamiento a las personas y organizaciones que trabajan contra esta injusticia.

Pedimos, asimismo, el fin de las operaciones militares españolas y de la OTAN que, con sede en Canarias y otros lugares, amenazan a diversos estados y comunidades africanas.

También que se destinen medios suficientes para garantizar la acogida en nuestra sociedad de personas refugiadas y migrantes sin recursos, fin para el que estarán mejor empleados que en el mantenimiento de la guerra.

Por último, exigimos que se extinga por completo la venta de armamento bélico, especialmente a países empobrecidos o en conflicto. Que el estado español se abstenga de cualquier acción de intervencionismo militar en otros países, incluyendo el despliegue de tropas, asesores e instructores, la puesta a disposición de otros ejércitos de las instalaciones militares en el propio territorio (y de su espacio naval y aéreo) o la participación en bloqueos logísticos y económicos de carácter militar. También que las multinacionales de matriz española que operan en países empobrecidos y/o emisores de emigración, sean debidamente fiscalizadas para —al menos— garantizar plenamente el respeto a las economías locales y su medio ambiente así como los derechos de las personas que trabajan para ellas.

Alternativa Antimilitarista-Moc

Marzo 2019.

Notas

  1. «El gran negocio de la seguridad froteriza». El Salmón Contracorriente, 1-8-2016: http://www.elsalmoncontracorriente....
  2. Datos tomados del «Informe: Guerras de frontera. Los fabricantes y vendedores de armas que se benefician de la tragedia de los refugiados en Europa». Transnational Institute, Stop Wapenhandel y Centre Delàs de Estudis per la Pau: http://www.centredelas.org/images/I...
  3. «Por cuarto año consecutivo, 3.000 migrantes se ahogaron en el Mediterráneo». Cambio 16, 1-12-2017: https://www.cambio16.com/mundo/migr...
  4. Mujeres migrantes en la frontera sur española». 20 Minutos, 20-6-2018: https://blogs.20minutos.es/mas-de-l...
  5. «La inmigración desde la frontera marroquí: Hacemos el trabajo sucio mientras España hace de buena». El Mundo, 29-7-2018: https://www.elmundo.es/espana/2018/...
    «Marruecos continúa con su guerra a los inmigrantes: suma ya más de 500 detenciones». El Faro de Ceuta, 9-8-2018: https://elfarodeceuta.es/marruecos-...
  6. «Argelia abandona a 13.000 migrantes en el Sáhara». La Vanguardia, 26-6-2018: https://www.lavanguardia.com/intern... inmigracion.html
  7. «Así se subastan inmigrantes y refugiados convertidos en esclavos en Libia». Público, 15-11-2017: https://www.publico.es/sociedad/sub...
  8. «Directiva de Defensa Nacional 2012»: http://www.defensa.gob.es/Galerias/...
  9. «Las cifras de la inmigración irregular en España, lejos de los millones que menciona Casado». El País, 30-7-2018: https://verne.elpais.com/verne/2018...
  10. «Is migration good for the economy?» OCDE, mayo 2014: https://www.oecd.org/migration/OECD...
  11. «En Canarias hay un soldado por cada 233 y una trabajadora social por cada 24.075 habitantes». Koldobi Velasco en «Roscas y Cotufas». Canarias Radio, 5-11-2018: http://www.rtvc.es/canariasradio/mu...
  12. La Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión o Frontex (del francés «Frontières extérieures», fronteras exteriores) es el organismo que dirige y coordina la llamada «lucha contra la inmigración ilegal» en la UE.

Etiquetas: