ecuadoretxea.org.- Berri Otxoak se ha concentrado en denuncia contra los presupuestos de 2022, que no garantizan el derecho a una vivienda digna y que empobrecen aún más a aquellas personas que requieren de prestaciones para poder cubrir sus necesidades más básicas.
Berri Otxoak se ha concentrado esta mañana ante el Gobierno Vasco para denunciar los recortes contemplados en los presupuestos del próximo año. “Drásticos recortes a prestaciones sociales como la RGI, el Complemento de Pensiones, los Incentivos al Empleo, las Ayudas de Emergencia Social o las Ayudas al Alquiler”, han explicado.
En estos momentos, la Encuesta de pobreza y desigualdades del Gobierno Vasco señala que un tercio de la población en Euskadi tiene serias dificultades para llegar a fin de mes: “El 19,9% (432.219 personas) indican no poder cubrir sus necesidades básicas; el 8% de la población (174.176 personas) está en riesgo de pobreza; y el 5,6% (121.502 personas) se encuentran en una situación de exclusión social”. Además, los datos recogen que una de tres personas en situación de marginación grave no está recibiendo atención; y que la pobreza infantil ya alcanza un 11,7% de la población menor de 14 años.
Aun así, el próximo 23 de diciembre se aprobarán unos presupuestos que esconden múltiples recortes. Por ejemplo, se recortará en la cuantía de las prestaciones que reciben las familias pensionistas o con personas dependientes; se reducirán en dos millones de euros, un 5%, las Ayudas de Emergencia Social, una cuantía que ya de por sí era escasa; las ayudas al alquiler se recortarán hasta los 275 euros; y también disminuirán un 30% las prestaciones gestionadas por Lanbide. Este año, el RGI era de 991 euros, el próximo año será de 727 euros.
Se trata de unos recortes que afectarán principalmente a: familias monomarentales, mujeres víctimas de violencia machista, personas afectadas por un desahucio, trabajadoras en precario, viudas, y mujeres con menores a cargo, desempleadas o sin recursos suficientes para poder llegar a fin de mes.
«Estos presupuestos no tienen en cuenta ni la realidad de empleos precarios de las familias, ni los actuales precios de alquileres, totalmente desbocados. Sólo ahondan en la senda de recortes que se vienen aplicando desde hace ya una década”, ha denunciado la plataforma. En definitiva, se trata de unos presupuestos que no garantizan el derecho a una vivienda digna y que empobrecen aún más a aquellas personas que requieren de algunas prestaciones para poder cubrir sus necesidades más básicas. Por eso, la plataforma ha exigido que se revierta la actual política de recortes: “ser consecuentes con la actual situación de crisis socio-sanitaria y económica; garantizar los derechos y necesidades de todas las personas y familias; cumplir la actual normativa, que ampara a la población más vulnerable en materia de vivienda, salud y cobertura de sus necesidades más básicas”.
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