Para comprender adecuadamente los fenómenos de exclusión social en Ceuta. Indicadores de desigualdad en Ceuta y Marruecos. Año 2024

VallaEN POCAS PALABRAS. Informe. Septiembre 2026 Nº1.- Durante décadas, la permeabilidad de la frontera con Marruecos sustentó buena parte de la actividad económica y laboral de Ceuta con la provincia vecina de Tetuán sustentando tanto el pequeño comercio local como una economía informal articulada en torno al llamado «comercio atípico» —una forma de contrabando tolerado— que proporcionaba sustento a cientos de porteadores de ambos lados de la frontera gracias a la exención del visado Schengen.

El cierre repentino, tras la COVID-19, provocó que parte de la población marroquí que antes transitaba a diario quedara residiendo de forma permanente en Ceuta, a menudo en situaciones de irregularidad administrativa, social y laboral. Todo ello ha contribuido a incrementar las dificultades de integración en el mercado de trabajo y a profundizar la vulnerabilidad económica de una parte significativa de la población ceutí.

Ceuta destaca por su profunda diversidad cultural y religiosa; aproximadamente el 45% de su población es de origen magrebí. Esta realidad configura una estructura social singular, dando lugar a dinámicas propias que definen de forma particular la relación integración-exclusión.

El proceso de regularización de 1985-1986 marcó un punto de inflexión al eliminar barreras administrativas y consolidar su igualdad legal como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.

Algo más de 1 de cada 3 habitantes se encuentra en situación de pobreza severa, casi el doble que en el conjunto de España.

La tasa de pobreza severa ha sufrido una regresión histórica, duplicán- dose del 7,4% al 15,6% desde el inicio de la crisis de 2008, superando el 18% de la media estatal.

Históricamente ha dependido del gasto público y de transferencias del Estado, según datos de la EPA, en el cuarto trimestre de 2023, el 46% de las personas trabajadoras ceutís están empleadas en el sector público, una proporción muy superior a la media nacional (23,6%).

El crecimiento macroeconómico convive con una exclusión social petrificada.

La tasa de desempleo ha escalado desde el 17,4% en 2008 hasta el 27,5% en 2024, tras haber alcanzado un techo del 30% en 2023.

La mitad de la población juvenil está en el paro, a pesar de haber crecido el empleo un 5,9%, entre 2018 y 2024

Esta erosión del empleo se manifiesta en la Baja Intensidad de Empleo en el Hogar (BITH), que afecta al 21,9% de la población en 2024.

Casi el 23% de los hogares dependen de trabajos precarios o intermitentes

El 51,3% de los menores de 18 años se encuentra en situación AROPE. Esta cronificación de la precariedad en las cohortes más jóvenes establece las bases de una pobreza hereditaria, donde la falta de recursos en el hogar hipoteca el desarrollo de capital humano futuro.

Ceuta ha perdido en 4 años el 62% de los ‘empleos jóvenes’ que tenía. Uno de cada dos jóvenes que busca trabajo no consigue encontrarlo

Según la Encuesta de Población Activa, entre 2018 y 2023 el salario medio bruto mensual aumentó un 5,9% en Ceuta, pero considerando la inflación de este periodo, los sueldos en Ceuta en términos reales han perdido un 8,1%, lo que implica que las personas asalariadas habrían sufrido una importante pérdida de su poder adquisitivo.

Así, la renta real por persona en 2024 era de 9.995 €/año; 833 €/mes; y 28 €/día.

Las tasas de exclusión entre quienes tienen nacionalidad extranjera (39%) duplican a las de quienes tienen nacionalidad española (18%). También presenta un marcado patrón religioso que refuerza estas desigualdades. En Ceuta, la incidencia de la exclusión social entre los hogares musulmanes alcanza el 44%, una proporción muy superior a la del conjunto de la sociedad ceutí.

La exclusión afecta al 34% de la población en hogares encabezados por una mujer, frente al 26% cuando los encabeza un hombre. La brecha es acusada y se amplifica si añadimos la carga de cuidados, la posición laboral y el acceso a la vivienda.

La monomarentalidad es preocupante, muestra un nivel de exclusión notablemente alto (37%).

La vivienda, junto con el empleo se ha convertido en el epicentro de la desigualdad, ya que el 38% de la población ceutí está afectada por algún rasgo de exclusión residencial.

El 59,1% de las personas que viven en régimen de alquiler están en riesgo de pobreza, lo que sitúa a la ciudad entre los cinco territorios con mayor proporción de hogares tensionados por el tema de la vivienda.

29,8% registra retrasos en pagos de vivienda (frente al 14,2% nacional). 26,6% sufre de pobreza energética (incapacidad de mantener temperatura adecuada).

Alrededor de 21.200 personas residen en viviendas inadecuadas, marcadas por problemas de hacina-miento, de habitabilidad o de insalubridad.

Los hogares afectados por problemas de conflicto —malos tratos, relaciones internas muy malas, problemas graves de alcohol o drogas, antecedentes penales, etc.— alcanzan en España el 6,1%, mientras que en Ceuta se sitúan en torno al 3%.

Las transferencias públicas actúan como el último recurso de protección social para evitar el colapso social. Sin las prestaciones sociales, la situación habitacional y alimentaria de casi la mitad de la población sería de una gravedad inmanejable. las políticas públicas de Ceuta han demostrado ser efectivas como mecanismos paliativos, pero insuficientes para corregir una exclusión estructural.

El informe de FOESSA sobre Ceuta describe un modelo social agotado, que produce desigualdad, precariedad y fractura. “Vivimos en una sociedad que desgasta tanto a las personas como al planeta, una estructura económica que consume recursos naturales y humanos más rápido de lo que puede regenerarlos”.

Seguir con las mismas políticas y valores conduce al colapso social y ecológico. El informe propone un cambio de paradigma, pasar de una sociedad centrada en el crecimiento y el rendimiento a otra basada en el cuidado, la interdependencia y la justicia social y ecológica.

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