Un ejemplo de política social idiota ⁽¹⁾

El pasado 27 de enero hemos vivido el último capítulo de una serie surrealista donde las administraciones muestran una vez más su incapacidad para atender las situaciones de vulnerabilidad. Esta situación es una de las más surrealistas que nos hemos encontrado en estos dieciocho años como colectivo de lucha contra la exclusión.

Asombrados leíamos y veíamos las declaraciones de la Consejera de Bienestar social donde anunciaba que la Seguridad social no aceptaba el procedimiento puesto en marcha por la administración asturiana para hacer el trasvase de beneficiarios del Salario Social Básico al Ingreso mínimo vital. Teniendo que realizar de nuevo, nueve mil personas perceptoras del derecho, todos los trámites para solicitarlo en el Instituto de la Seguridad Social en los próximos días.

Desde el pasado mes de junio, la consejería no había informado de que hubiese dificultades en ese procedimiento y el ministerio tampoco había informado de que no era correcto. Además de no haber comunicado en ningún momento esta situación, llevamos todos estos meses viendo como las personas han tenido que buscarse la vida para hacer los trámites del IMV, puesto que se encontraban con oficinas cerradas, falta de información, teléfonos que sonaban y a los que nadie respondía... se han esforzado por cumplir con los trámites según les informaron para actuar siempre de acuerdo a la legalidad del momento.

Y además de todo eso, y tras seis meses de trabas y obstáculos, resulta que ahora hay que volver a empezar porque las administraciones no han hecho bien su trabajo. Solo sabemos que el protocolo no sirve, eso sí, desde que salió en prensa hace unos días, nadie ha señalado las causas de por qué ocurre esta situación. Creemos que ya es hora de ir preguntándonos sobre algunas de ellas.

¿Por qué un procedimiento de trasvase de beneficiaros de un derecho a otro?

La Consejería habilita un procedimiento de manera improvisada para el trasvase de 9.000 beneficiarios que cobran la renta mínima asturiana, para cobrar el nuevo derecho puesto en marcha a nivel estatal. Lo habilita de forma improvisada por dos motivos , uno el facilitar los trámites administrativos a las personas que tienen que hacer ese proceso y más teniendo en cuenta la situación sanitaria y dos por que quiere adelgazar lo antes posible la nómina de beneficiarios del Salario Social y ahorrarse unos treinta y dos millones de euros de esa partida presupuestaria y dedicarla a otros fines.

¿Dónde surge el problema?

Aunque en un primer momento parece que el ministerio asume el procedimiento, introduce un cambio normativo que pone el peso de la comprobación de las solicitudes en la administración asturiana, además del pago si se produjesen cobros indebidos.

El principado declara que lo acepta, pero entonces el ministerio dice que no es el modelo de certificado que corresponde. Vamos, que el ministerio procede con la Consejería de Bienestar Social como esta ha procedido con las personas que han querido acceder al Salario Social durante estos años planteando una carrera de obstáculos para que no continúen con su solicitud.

¿Quiénes son los perjudicados?

Los perjudicados en este caso son las personas beneficiarias que van a tener que enfrentarse al laberinto del ingreso mínimo vital en un contexto de emergencia sanitaria y con las administraciones saturadas. Y que tienen que renunciar a la diferencia de ¡importes económicos que les corresponderían si cobrasen el IMV en vez del Salario Social

Esperemos que la Consejería en sus recomendaciones no caiga en su fórmula habitual de dar diez días a las personas para tramitar la solicitud del ingreso mínimo vital bajo amenaza de retirarles el salario social, porque entonces además de surrealista la situación va a ser dramática para muchas familias asturianas.

¿Quién se ve beneficiado?

De esta situación se va a beneficiar exclusivamente la trama burocrática de la Seguridad Social que va a conseguir ,gracias a hacer la vida imposible a muchas miles de personas, ahorrarse presupuesto y cuadrar unos números que no habían parado de menguar desde que se anuncio la nueva renta mínima en el mes de Mayo.

¿Hay responsables?

Creemos que es hora de que alguien se responsabilice de esta situación, nosotras sugerimos algunos:

1. El Ministerio de la Seguridad Social por cambiar el procedimiento sobre la marcha con el único objetivo de ahorrar presupuesto y trabajo de gestión en una renta mínima que se ha demostrado mal diseñada y escasa de presupuesto.
2. La Consejería de Bienestar Social, por ser incapaz de defender y no aclarar correctamente cual era el procedimiento para facilitar la tramitación de las solicitudes, abandonando a nueve mil familias en el proceso.
   
   

Toda esta situación surrealista sería cómica sino afectase a la vida de personas empobrecidas y precarias que lo único que han hecho ha sido seguir las directrices de la administración autonómica y que ahora ven como tienen que iniciar una nueva carrera de obstáculos para acceder a una “política social idiota” diseñada para que puedan acceder los menos posibles.

En otro momento hablaremos de las alternativas, que haberlas hailas.

Nota:

1- Y Llamamos política social idiota, a aquella que se propone para hacer algo que ya se está haciendo el ingreso mínimo vital nace para poner en marcha una renta mínima estatal y sustituir a las autonómicas, pero su único futuro es que sea gestionada por las comunidades autónomas. En definitiva dar una vuelta entera para quedarse en el mismo sitio.