En pocas palabras. 15-M RONDA.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se había convertido en una especie de último bastión en la defensa de los Derechos Humanos, especialmente de aquellas personas con un mayor grado de vulnerabilidad. Pero, tras el aval de este Tribunal de Estrasburgo a las devoluciones en caliente, el pasado 13 de febrero, ¿las mantendrá el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos? Los antecedentes socialistas no son muy halagüeños.

Con ello, se ha dado un paso más hacia ese abismo en el que todo vale contra las personas migrantes y refugiadas. Con este fallo –que llevaban tiempo esperando muchos gobiernos comunitarios, incluido el español– no solo se refuerza esa marcha hacia el precipicio, sino que se empiezan a derrumbarse los baluartes de los derechos humanos.

El 13 de agosto de 2014, dos jóvenes procedentes de Mali y Costa de Marfil saltaron la valla que separa Marruecos de Melilla. No dieron un paso más. Agentes españoles los esposaron y se los entregaron a la policía marroquí. No les preguntaron ni sus nombres ni su edad. Mucho menos, su historia. No los identificaron, no le ofrecieron acceso a un abogado o a un intérprete. Y, por tanto, tampoco una posible protección internacional.

España vulneraba así diferentes acuerdos internacionales que ha ratificado, como la Convención de Ginebra. También hacía caso omiso a su legislación nacional. La Ley de Extranjería marcaba entonces la obligación de garantizar ese procedimiento básico. Meses más tarde, llegaría la Ley de Seguridad Ciudadana, del Partido Popular, y su disposición adicional número 10 para cubrir de ‘legalidad’ las expulsiones colectivas con la figura jurídica del “rechazo en frontera”.

En la devolución en caliente de estas dos personas hubo grabaciones en vídeo y testigos que declararon lo que vieron. Y en estas y otras pruebas se basó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para condenar en 2017 al Estado español por un retorno colectivo, una práctica prohibida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Sin embargo ahora el tribunal viene a plantear alarmantes argumentaciones como que “si una persona entra conscientemente de forma irregular al territorio de una país miembro del Consejo de Europa, puede ser devuelto sin ningún tipo de garantía porque ella se lo ha buscado”.

Estrasburgo puntualiza que los intentos de acceder a territorio español responden a una conducta inadecuada al no seguir los procedimientos establecidos para entrar y uno se pregunta ¿quién les empujó a entrar? ¿No fueron acaso las guerras o el empobrecimiento causado por la depredación sin límites de los recursos de sus países por compañías extranjeras, buena parte de ellas europeas?

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la Coordinadora Andaluza de ONGD, integrada por 72 entidades, en un comunicado expresan: “Criticamos la sentencia pues la consideramos contraria a los principios básicos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Desde nuestras organizaciones mostramos una profunda sorpresa por la sentencia, la rechazamos de manera absoluta y la calificamos de “inaceptable”, ya que deja vacías de contenido cuestiones tan básicas en materia de derechos humanos como el derecho de asilo, el principio de no devolución o el acceso a un recurso efectivo frente a la expulsión, entre otras.

La calidad de la democracia y del Estado de Derecho de un país se mide en el trato que se da a las personas vulnerables. El Gobierno español tiene la oportunidad de rechazar el “atajo” que representa esta sentencia, apostando por una defensa explícita de la dignidad humana.

En 2018 fueron devueltas en caliente 658 personas en las fronteras de Ceuta y Melilla. Intentando ver esto con una mirada sensata, parece como si la Europa del euro disparase a los pies de la Europa social, preguntándonos ¿Hasta cuándo?