Recortes en las prestaciones sociales y manifestación en Bilbo contra el aumento de la pobreza

Solapas principales

imagenConcentración ante el Lanbide del barrio barakaldés de Beurko-Bagatza en denuncia de los continuos recortes de Lanbide a las prestaciones sociales. Ante la próxima conmemoración del “Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza” personas afectadas por la precariedad y la pobreza ataviadas “de presidiarias con grilletes”, denuncian los recortes contemplados en el último anteproyecto de reforma de la RGI, de 27 de julio.

Una treintena de organizaciones sociales, sindicales, vecinales y del tercer sector se manifiestan de forma conjunta en el contexto del “día internacional para la erradicación de la pobreza”.Iniciativa que se ha desarrollado bajo el lema “para acabar con la pobreza, voluntad política. murrizketarik ez!”.

Además de los estrictos requisitos, burocracia interminable y grandes demoras en la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que por parte de Lanbide está condenando a sus miles de familias solicitantes a la pobreza.

A día de hoy, están sin resolver 10.065 expedientes. Es decir, 10.000 familias vascas se encuentran desde hace más de un año condenadas a la pobreza producto de las trabas, dificultades en el acceso y desidia aplicada por Lanbide en su gestión del IMV.

Recortes aplicados a la RGI y el IMV cuando el Gobierno Vasco en su “Encuesta de pobreza y desigualdades” reseña que un tercio de la población de Euskadi se encuentra con serias dificultades para llegar a fin de mes: un 19’9% (432.219 personas) manifiesta una situación de pobreza; un 8% (174.176 personas) está en riesgo de pobreza; y el 5’6% (121.502 personas) se encuentra en situación de pobreza real.

Escenifican la “condena a la pobreza” que suponen los recortes aplicados por Lanbide al acceso de la RGI, el IMV y la PCV

Lanbide impide la solicitud telemática del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a través de su página web y se demora durante más de un año en resolver los expedientes de más de 10.000 familias sin ingresos.

El último anteproyecto de Ley de reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) elaborado por la Consejera de Empleo y Trabajo, Idoia Mendia y presentado el pasado 27 de julio ahonda aún más en los recortes que el PSE-EE introdujo en 2012

La «inmediata» Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) se sustituirá por la Prestación Económica de Vivienda (PEV), con una demora de cuatro años en ser percibida

El Gobierno vasco recorta en bienestar social pese a que los datos de su Encuesta de Pobreza y Desigualdad constatan el incremento de las situaciones de pobreza que sufre la ciudadanía vasca

Ante la próxima conmemoración del “Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza” la plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak se ha concentrado ante la oficina del Servicio Vasco de Empleo del barrio barakaldés de Beurko para protestar por los recortes aplicados por Lanbide a los derechos sociales que salvaguardan prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV); una prestación destinada a hacer frente al pago del alquiler de la vivienda habitual.

Para escenificar esta “condena a la pobreza» personas azotadas por la precariedad que conllevan las malas prácticas del Servicio Vasco de Empleo se han ataviado de «presidiarias con grilletes” frente a la oficina que Lanbide tiene en Beurko.

En lo que respecta al IMV, han relatado que «el Servicio Vasco de Empleo», encargado de su gestión y tramitación en la CAV, «ha eliminado de su página web la posibilidad de tramitar esta prestación» y «no ha resuelto los expedientes de más de 10.000 familias desde hace más de un año, que desde entonces carecen de cualquier tipo de ingreso».

«Lanbide solo ha tramitado las solicitudes del IMV de aquellas personas que estaban previamente percibiendo la RGI», supliendo parte de la cuantía de la RGI con la del IMV, lo que le ha supuesto al organismo un “ahorro” al utilizar fondos estatales para mantener las cuantías. «Quienes no percibíamos la RGI en ese intervalo y hemos solicitado previamente el IMV a Lanbide, llevamos más de un año viendo cómo la situación de nuestras familias no importa lo más mínimo» han denunciado.

Tal y como han expresado, en la CAV se han aprobado 16.817 expedientes del IMV, cifra que coincide con el número de unidades de convivencia que ya venían percibiendo la RGI. No parece que su tramitación se haya facilitado desde entonces:

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«Cuando Lanbide ya tenía competencias para tramitar el IMV, nos han estado derivando a las oficinas de la Seguridad Social y de allí de nuevo a las de Lanbide. Durante unos pocos meses, Lanbide habilitó la posibilidad de hacer la solicitud telemáticamente a través de su web, pero ya no es posible y la tramitación en sus oficinas continúa siendo una carrera de obstáculos».

El panorama que acecha a la RGI resulta de todo menos alentador tras observar los recortes contemplados en su último anteproyecto de Ley, elaborado por la Consejera de Empleo y Trabajo, Idoia Mendia y publicado el pasado 27 de julio.

Han declarado que «pese a que en 2012, la RGl ya sufrió un recorte en sus cuantías del 35%, el borrador de finales de julio pretende recortarlas más aún a personas adultas solas y a familias con un menor a cargo, además de seguir incidiendo en criminalizar a las cada vez más familias y personas económicamente vulnerables en sus diferentes apartados».

El Gobierno vasco también pretende eliminar la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) que gestiona Lanbide, «cuya percepción es inmediata» para sustituirla por la Prestación Económica de Vivienda (PEV) que concede el Departamento de Vivienda, «una prestación con unos requisitos de acceso por nivel de renta aún más exigentes y que tarda 4 años en ser percibida», han descrito.

La plataforma contra la pobreza manifiesta estar «cansada de la hipocresía del Gobierno vasco», pues mientras aplica continuos recortes a la Renta de Garantía de Ingresos y el Ingreso Mínimo Vital, en su Encuesta de Pobreza y Desigualdades admite que un tercio de la población de Euskadi se encuentra con serias dificultades para llegar a fin de mes, que el 19,9% (432.219 personas) indica una situación de pobreza, que el 8% de la población (174.176 personas) está en riesgo de pobreza, que el 5,6% (121.502 personas) se encuentra en situación de pobreza real.

Los recortes en el acceso a la RGI, el IMV y en la PCV se realizan cuando el Gobierno vasco también admite en la misma encuesta que Lanbide no atiende a cada una de tres (54.197) personas en situación de exclusión social grave y que la pobreza infantil ha crecido casi un punto y medio en los dos últimos años hasta alcanzar a un 11,7% de la población menor de 14 años.

Barakaldo, jueves 14 de octubre de 2021

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