Macarena García Lorca, theclinic.cl.- Alicia Alonso es directora de la ONG Leasur que trabaja en la promoción de los derechos de las personas privadas de libertad. La abogada experta en derecho penal critica la agenda corta antidelincuencia aprobada por el Parlamento. A su juicio, la clase política en vez de buscar soluciones de fondo y aplicar políticas preventivas para evitar los delitos, responde con populismo punitivo para encarcelar a los excluidos del sistema. Además denuncia los condiciones infrahumanas en que viven los presos y la tortura que se aplica en los penales, junto con abordar la polémica por las libertades condicionales.

Alicia Alonso es abogada de la Universidad de Salamanca, magister en derechos humanos y actualmente cursa un doctorado de derecho penal en la Universidad Buenos Aires. Hace unos meses asumió como directora de la ONG Leasur, una organización no gubernamental que se dedica a la denuncia, examen y promoción de los derechos de las personas privadas de la libertad.

Alonso lidera un equipo de más 60 profesionales, la mayoría de ellos abogados, que ad-honorem prestan asesoría jurídica y defensa a los reos. Además, dictan capacitación en derechos penitenciarios a los internos e internas. Han intervenido en la ex Penitenciaria, Santiago I, Puente Alto, Centro de Detención Femenina y la Cárcel de Alta Seguridad. Conversamos con ella sobre la recién aprobada agenda corta antidelicuencia y la polémica suscitada entre el Ejecutivo y el poder judicial por las libertades condicionales a más de 1500 presos.

A juicio de esta experta, las áreas más críticas de la realidad carcelaria en Chile son las condiciones infrahumanas de reclusión, la violencia e impunidad al interior de los recintos penitenciarios, la falta de una ley de ejecución penal que regule los mecanismos de cumplimiento de condenas y sobre todo, el populismo punitivo que rige en materia de seguridad.

¿Cómo ves la aprobación de la agenda corta antidelincuencia y el control preventivo de identidad?
-En el caso del control preventivo es un retroceso en materia de derechos y libertades, en vez de mejorar, vamos hacia atrás. Quedará a criterio de Carabineros a quién se va a controlar. Por supuesto, no van a detener a cualquiera, siempre existe un prejuicio relacionado con el aspecto de la persona y su condición de clase. El control preventivo criminaliza la pobreza. En Chile, se está aplicando lo que se conoce como derecho penal del enemigo, es decir, te persigo por quien eres, por lo que puedas hacer y no por lo que has hecho. En lugar de existir presunción de inocencia, pasamos a la presunción de culpabilidad de ciertos grupos sociales. Además, la agenda corta no se condice con un alza de los delitos, se está aprovechando un problema social como la delincuencia, para sacar rédito político. Eso es populismo punitivo y es transversal tanto en la izquierda como en la derecha.

¿A qué te refieres con populismo punitivo?
-Está comprobado que la cárcel no es la solución al problema de la delincuencia. El populismo punitivo lo que hace es trabajar con los sentimientos de las personas en torno al miedo y la inseguridad. Son emociones súper manipulables y en eso juegan un rol clave los medios de comunicación. Si todos los días en los noticiarios figuran noticias dramáticas, la gente termina viviendo en lo que se llama el síndrome del mundo malvado, o sea, tienen la sensación que vivimos en un mundo muy inseguro. Para sacar votos, los políticos proponen “soluciones rápidas y eficaces para terminar con la delincuencia”, que suelen traducirse en mano dura, es decir, más cárcel, condenas más largas, y un recorte general de derechos. Se intenta poner parches es un agujero social enorme.

Además, según las encuestas, bajan los índices de delitos, pero sube la sensación de inseguridad. ¿Cómo se explica eso?
-De nuevo, los medios contribuyen a generar esa realidad. Aquí sucede algo muy contradictorio, Chile es uno de los países más seguros de América Latina, sin embargo, tiene las tasas más altas de personas presas en la región y altos índices de inseguridad. Hay 243 personas presas cada 100 mil habitantes. Con la agenda corta, tendremos aún más gente privada de libertad y se multiplicarán los problemas en los penales.

¿Cómo está enfrentado el Estado el problema de la delincuencia?
-El Estado destina los recursos públicos a la represión, pero eso no soluciona nada. El tema es qué podemos hacer para evitar el delito. La clave está en las políticas sociales de prevención de la delincuencia, en eso hay una deuda enorme del Estado chileno. Por ejemplo, la intervención en La Legua, consiste, principalmente, en militarizar la zona. Una persona que nace en una población tiene más posibilidades de ir a la cárcel que a la universidad, si no invertimos esa lógica, no va a cambiar el tema de la delincuencia.

¿Consideras que es discriminatoria la ley penal en Chile?
-Es claro que hay una intencionalidad en la aprobación y aplicación de las leyes, están encaminadas a un sector de la población muy determinada. El Estado persigue con mucho más fuerzas los delitos de la clase popular, que son quienes finalmente van presos a diferencia de las clases acomodadas. El modelo capitalista genera excluidos y marginales, “desechos sociales”. Dentro de esta cultura del control social, las cárceles se convierten en basureros humanos. A quienes delinquen, los encerramos en condiciones infrahumanas que violan derechos básicos como la dignidad humana y miramos para otro lado. La política de la reinserción ya no importa, lo que importa es controlar a la población que no nos sirve y hemos apartado de la sociedad de forma provisional o permanente. Pero incluso en las cárceles hay discriminación social, ejemplo de eso es Punto Peuco o Capitán Yáber.

¿Cuáles son las falencias más graves del sistema penitenciario chileno?
-La cultura carcelaria de hacinamiento genera una espiral de violencia. Los niveles dependen de cada penal porque tienen realidades distintas, una de las más críticas es la expenitenciaria. Tiene unas condiciones de habitabilidad que son vergonzosas, es increíble ver la deshumanización de la gente. Además de la violencia y las pésimas condiciones sanitarias, está el tema de la desatención de salud, hay enfermedades que se supone están desaparecidas, pero están presentes en las cárceles, como la tuberculosis o las hepatitis. Es cierto que faltan recursos, pero en una sociedad democrática, no podemos permitir esas condiciones de indignidad, porque es una lógica de justicia retributiva. Volvemos a la ley de Talión, volvemos al que la hace, la paga.

¿Crees que se están violando los derechos humanos en las cárceles?
-Sin duda. El Estado está violando los derechos humanos, se está tratando a los presos como infrahumanos. El que está en la cárcel es un delincuente, por lo tanto, no vale nada. Este es un tema pendiente en toda América Latina. En Argentina tienen una legislación un poco más avanzada, por ejemplo, existen clases universitarias para fomentar la reinserción. Luego están los temas de violencia y tortura al interior de los penales. Vemos diariamente videos que se filtran con golpizas tremendas. Incluso existe la sanción extrarreglamentaria, que en jerga carcelaria se conoce como el pago al contado: cuando un preso comete una infracción, lo someten a una golpiza a cambio de que no quede registrada la falta.

¿Existen estadísticas sobre tortura al interior de los penales?
-No, hemos tratado de conseguirlas vía ley de transparencia, pero los presos no hacen las denuncias por temor a las represalias. Hay muchísima impunidad, si los presos denuncian, son peloteados, es decir, trasladados a otros centros. A su vez, los gendarmes sancionados también son trasladados a otros centros. Son trabajadores que no tienen la formación necesaria, ni tampoco un reconocimiento salarial por su labor. Sufren índices de depresión y suicidios muy altos.

¿Cómo se trata ese tema en otros países?
-En el caso de los gendarmes, los estándares internacionales están recomendando que sea un cuerpo desmilitarizado el que se encargue de la custodia y reinserción. Solo el 3% del presupuesto de Gendarmería se destina a reinserción o tratamientos, es bajísimo. Si la función de la cárcel es la reinserción, por qué le dedicamos tan pocos recursos. Luego nos llevábamos las manos a la cabeza cuando vemos las tasas de reincidencia.

¿Cuáles consideras que son otros retrocesos de la agenda corta?
-Según Paz Ciudadana implementar la agenda corta va a costar 13 mil millones, esos recursos se podrían invertir en educación, salud y vivienda en las poblaciones, como una política preventiva. También habrá cambios en los procedimientos abreviados, se aumenta la opción en penas que van de 5 a 10 años, podría haber gente que vaya a la cárcel sin pasar por un juicio. Como habrá más población penal, se facilita la construcción de cárceles, saltándose la normativa de impacto medio ambiental y sin mediar licitaciones, vía designación directa. La privación de libertad se convierte en un negocio para el mundo privado.

¿Cómo evalúas las cárceles concesionadas del país?
-La seguridad y privación de derechos no se puede medir solo por la rentabilidad. El Estado es el que tiene la potestad de privar de libertad, no se puede tercerizar para que otros hagan negocios. Las empresas no se dedican a esto por altruismo, sino para ganar dinero. A la larga esas cárceles son más caras, en Santiago I, que es para prisión preventiva, si se sobrepasa el nivel de plaza, el Estado tiene que pagar una multa, si se rompe algo por la infraestructura, también lo paga el Estado. Los empresarios lucran con los presos. Esto se hace en Estados Unidos, pero no en otros países, y ese es el modelo que estamos siguiendo.

¿Qué te pareció la polémica por la cantidad de libertades condicionales que otorgó el poder judicial?
-Las declaraciones de la ministra Blanco son de una irresponsabilidad tremenda, pero va en la misma línea del populismo punitivo. Cuando dijo que es como si una cárcel hubiera quedado en libertad, generó una alarma social inmediata. Lo que estaban haciendo es crear temor social para justificar sin ningún problema la aprobación de la agenda corta, usando un tema coyuntural como las libertades condicionales, que por lo demás, es uno de los pocos mecanismos de reinserción. Las personas que acceden el beneficio de libertad condicional reinciden menos que los que cumplen la condena completa antes de salir.

Se dijo que era por un tema de hacinamiento.
-Los medios tergiversaron los dichos del Presidente de la Corte Suprema, pero sí existen informes judiciales lapidarios sobre las condiciones de los presos, y en eso hay coincidencia con el mundo académico y las organizaciones sociales. Hay una crítica generalizada, pero los políticos miran para otro lado, porque responden a criterios electorales.

Cárcel y mujer

¿Cuál es la situación de las mujeres presas?
-Más del 50 por cierto de las mujeres están condenadas por microtráfico, un delito no violento. Son mujeres de escasos recursos, con pocas posibilidades, madres cabezas de familia que se dedican a eso como una forma de subsistencia. La ley 20 mil de drogas las sobrecastiga, por ejemplo, la libertad condicional solo se puede obtener al cumplir dos tercios de la condena, no a la mitad como en otros delitos.

¿Cómo impacta socialmente esa realidad?
-Las consecuencias en las familias del encarcelamiento de las mujeres son brutales. Si desaparece la madre, se desintegra la familia. Los costos sociales son enormes, los hijos acaban yendo al Sename. Ingresan al círculo de la violencia y la delincuencia que es imparable. Queremos que se modifique esa ley, porque además el artículo 61 hace que los abogados que defiendan a mujeres procesadas por la ley 20 mil quedan en una lista negra. No pueden ser funcionarios públicos, así se limita el derecho a la defensa de esas mujeres.

¿Y qué otra consecuencia les acarrea la ley 20 mil?
-Según datos de Gendarmería de 2014, la población penal es de 42.551 hombres versus 3.483 mujeres. Sin embargo, hay más mujeres en prisión preventiva que hombres, porque, como decía, la mayoría de ellas están por delitos de la ley 20 mil, por lo tanto, los jueces inmediatamente decretan la prisión preventiva a diferencia de otros delitos. Es urgente una reforma profunda de la legislación y la gestión de las cárceles. Para eso es clave avanzar en una ley de ejecución penal que esté en sintoníac on los estándares internacionales y los países vecinos.