Abandonadas a su suerte las residencias de mayores

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Abandonadas a su suerte las residencias de mayores15-M RONDA.- "Las residencias se han convertido en aparcamientos para la gente mayor, un auténtico agujero negro donde se han cometido flagrantes vulneraciones de derechos humanos y de las que las autoridades no les han protegido". Así de contundente es Eduard Martínez, jefe de relaciones institucionales de Amnistía Internacional, a la hora de resumir el último informe de la entidad.

Se titula “Abandonadas a su suerte: la desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID-19 en España”, y constata que se socavaron cinco derechos humanos de los abuelos en estos centros: el derecho a la vida, a la salud, a la muerte digna, a la no discriminación y a la vida privada y familiar. Amnistía Internacional vincula esta situación con “las medidas de austeridad y la infrafinanciación de la sanidad en España. La década de los recortes sanitarios y sociales ha debilitado el sistema de salud público, deteriorando el acceso, la asequibilidad y la calidad de la atención sanitaria”.

A fecha 15 de noviembre de este año 2020, según datos del Ministerio de Sanidad, 40.749 personas han fallecido por COVID-19 en España. En un primer momento, diversos estudios estimaron que alrededor del 70% falleció en residencias de personas mayores, o dicho de otra manera, dos de cada tres personas fallecidas en España por la COVID-19 lo han hecho en geriátricos.

Amnistía Internacional ha querido indagar el porqué, encuestando a un centenar de personas relacionadas con la gestión geriátrica en Catalunya y Madrid. Entre ellos, personal sanitario, cuidadores, familias, directores de centro y altos cargos de las autonomías. La conclusión es que las medidas tomadas, en ambas comunidades, fueron "ineficaces e ineficientes".

Amnistía Internacional explica parte de esta vulneración de derechos porque los trabajadores de los geriátricos no tuvieron acceso a material de protección del virus hasta pasado un mes de la declaración del estado de alarma. El virus entró y luego no tuvieron escapatoria. "Tanto en Catalunya como en Madrid se hicieron protocolos para evitar que los trasladaran a los hospitales solo por el simple hecho de vivir en un geriátrico y tener dependencia, sin apenas revisar el historial clínico". "No iban a los hospitales, y en muchos casos, las enfermedades no pudieron ser atendidas porque no había médicos en los centros".

Parte de las carencias denunciadas por Amnistía Internacional es que no hay ni ha habido suficiente personal en los centros de mayores. La dignidad de las personas cuidadas y la dignidad de las personas que cuidan son dos caras de la misma moneda. "Estas son las consecuencias de haber recortado en sanidad y en dependencia tantos años" Es inconcebible que el cuidado y la salud de nuestros mayores constituyan un negocio con beneficios privados.

Su presidente Esteban Beltrán recuerda que “una emergencia sanitaria no es excusa para no atender adecuadamente a las personas mayores. Las residencias no son aparcamientos de gente mayor. Los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, no puede depender del grado de dependencia. Las autoridades deben protegerlos”.

La combinación de falta de personal, de recursos y el obligado aislamiento por sospecha de COVID-19 de residentes produjeron un evidente deterioro en las personas residentes no sólo físico, sino también emocional. Hay documentado casos de personas residentes que llegaron al hospital en situación de deshidratación y desnutrición; en muy mal estado

Amnistía Internacional pide eliminar los protocolos de derivación que siguen existiendo, pero también tramitar una ley estatal que asegure los derechos de los residentes. "No podemos permitir que esto se pueda repetir, todo este dolor tiene que servir para algo". Por ello, pide a la fiscalía que siga cerca la situación a las residencias e impulse investigaciones. "Sean centros públicos o privados, las autoridades deben proteger y auxiliar".

Para evitar que se vuelva a repetir, entre otras medidas, Amnistía Internacional señala que es necesaria “una apuesta decidida por el sistema público de salud que garantice la igualdad, lo que significa una mayor inversión de recursos”. Para conseguirlo, invita a la ciudadanía a unirse a la ciberacción www.actuaconamnistia.org, dirigida a las Consejerías de Sanidad y Asuntos Sociales de las Comunidades Autónomas. El objetivo, que pongan en marcha medidas concretas que protejan los derechos humanos de las personas mayores que viven en residencias.

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